El Consejo Constitucional comenzó este lunes su última semana de votaciones en el pleno, para posteriormente entregarle el texto a los comisionados el 7 de octubre. En la jornada el órgano visó los acápites del Ministerio Público y la justicia electoral.
En lo que tiene que ver con la Fiscalía, el texto de los consejeros trae algunas innovaciones respecto de lo regulado en la Constitución vigente. Fue el consejero Antonio Barchiesi (republicano) quien dio cuenta del informe de la comisión que ha presidido durante estos meses en el Consejo. Como siempre, posterior a sus palabras, comenzaron las intervenciones de sus pares y luego las votaciones. La instancia contó con dos novedades: la creación de una fiscalía supraterritorial y un Consejo de Coordinación Interinstitucional que colaborará con el Ministerio Público. Ambas normas fueron visadas casi con la unanimidad.
La primera disposición establece en su primer inciso que “existirá una Fiscalía Supraterritorial, con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. La organización de la Fiscalía Supraterritorial y los delitos que ésta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, de acuerdo a la ley institucional, habiendo oído previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional”.
La indicación fue aprobada con 48 votos, los dos restantes fueron con la negativa de los dos representantes del Partido Comunista en el Consejo, Karen Araya y Fernando Viveros.
La segunda norma referente al Consejo asesor establece lo siguiente: “Existirá un Consejo de Coordinación Interinstitucional presidido por el Fiscal Nacional, cuya función será colaborar con el Ministerio Público en la coordinación de las actuaciones de los órganos que intervienen en la investigación de los hechos constitutivos de delito”.
La indicación además señala una serie de actores que integrarían dicha instancia: “el ministro a cargo de la seguridad pública o quien éste designe, el ministro a cargo de las relaciones con el Poder Judicial o quien éste designe, el ministro encargado de promover las políticas públicas relacionadas con la mujer o quien éste designe, el general director de Carabineros, el director general de la PDI, el director nacional de Gendarmería, el director del SII, un representante del organismo a cargo de la función de la policía marítima y un representante del organismo a cargo de la prevención del lavado de activos provenientes del crimen organizado”.
La norma presenta un cambio a lo planteado por la Comisión Experta. En el anteproyecto quedó como “Consejo Consultivo del Ministerio Público” que sería “presidido por el Fiscal Nacional, cuya función será asesorarlo”. Actualmente, el Ministerio Público solo cuenta con el consejo general de fiscales, que es integrado por los persecutores regionales.
La indicación visada por el Consejo tuvo también los dos votos disidentes de los consejeros del PC, que esta vez fueron abstenciones de Araya y Viveros. El resto del oficialismo votó a favor, al igual que Chile Vamos y republicanos, sumando 48 votos positivos. El órgano redactor continuará sus votaciones el martes, para terminar este miércoles con su última sesión plenaria.
