El año estuvo marcado por diversos hitos, crisis y polémicas que dejaron varios debates en curso y otros, a los que se les cerró la puerta durante esta administración.
Finalizó el 2023 y aún es tiempo de los balances para un periodo marcado por diversas crisis, polémicas, pero también algunos aciertos. No parecen haber dudas: fue un año complejo y convulsionado, en materia política, económica, social y también deportiva.
Este último aspecto fue, a juicio de varios, un “respiro” del segundo semestre. Los Panamericanos y Parapanamericanos permitieron que Chile se convirtiera en esa anhelada vitrina para el mundo y lograra llegar “a tiempo” para dar el vamos al evento del año, pese a los traspié que se presentaron al inicio de la organización.
El estancamiento económico, por su parte, tampoco dejó un 2023 que se precie como próspero, aunque las proyecciones para este nuevo año sean algo más optimistas.
De todas formas, la tarea de enfrentar los grandes temas país no finalizan con el cambio de calendario y los debates que se reactivaron con fuerza post Plebiscito constitucional avanzan a contarreloj. Esto, sumado a que el periodo legislativo termina en enero, y en menos de un año el país se enfrentará a una nueva elección, para elegir a alcaldes y gobernadores regionales, lo que podría trabar algunas discusiones en el Parlamento.
A continuación, revisa los grandes temas que marcaron el año que acaba de terminar, las controversias asociadas y el “pie” con el que partirán este nuevo ciclo.
- Un tema que sin duda marcó la tónica del año fue la crisis de seguridad en el país. El año partió agitado con la crisis provocada por los indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric en diciembre del año pasado. La molestia en la oposición llegó a tal punto, que se bajaron de la mesa de seguridad que impulsaba la ministra del Interior, Carolina Tohá, convocada precisamente para buscar acuerdos que atendieran un tema que ya por esos días surgía como prioridad para la ciudadanía.
A lo largo del año, las encuestas no hicieron más que reforzar la idea de que el país enfrenta un problema en esta materia. La encuesta Cadem del 2 de abril mostraba que el 71% de los chilenos pensaba que el combate a la delincuencia debía ser la prioridad del Gobierno; la CEP de julio situó la preocupación en esta materia en un 54%; y la Enusc de fines de noviembre -aunque cuestionada en su metodología-, mostró un registro histórico en la sensación de seguridad ciudadana, que llegó al 90,6%.El Gobierno buscó una vía al reunirse con los presidentes del Senado y la Cámara, donde acordaron un fast track legislativo que impulsaría 31 proyectos de ley en materia de seguridad. De ellos, el 70% se cumplió, según el último balance realizado por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).La penúltima semana del año no alivió el escenario. Los nueve homicidios registrados en Navidad llevaron a que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reconociera que “estamos en una crisis de seguridad” y afirmara que “yo no sé cuál es el límite, pero deberíamos ser capaces de poner el límite ahora, y la verdad es que en materia de homicidios, nosotros nos pusimos una tarea: que no siguieran creciendo, porque tenemos una tasa que es preocupante”.Si bien la autoridad -al igual que otras voces como la del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve- destacó que las cifras de estos delitos se han estancado, la preocupación en los territorios continúa siendo el nivel de violencia con que se cometen los delitos, impulsados por el avance del crimen organizado y la imitación de los modelos importados por parte de las bandas locales. Por ello, los “secuestros extorsivos”, y “ajustes de cuentas”, comenzaron a replicarse en varias partes el país. - La trama que llevó a este año a las isapres a declararse en “crisis”, se arrastra desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las tablas de factores, mecanismo que determina la relación de precios entre los planes de las isapres y la potencial salud de un grupo de personas. Nueve años después, la Superintendencia de Salud definió la mencionada tabla de factores.
En un fallo inédito divulgado el 1 de diciembre de 2022, la Tercera Sala de la Corte Suprema determinó que las entidades de salud privada debían recalcular todos los contratos de sus planes de salud sobre la base de la tabla única, definida por la Superintendencia de Salud en 2019, con efecto retroactivo, lo que implica que éstas deberán devolver todo lo cobrado en exceso a sus cotizantes, y a su vez, no subir los planes.En junio de este año, y a siete meses de ese dictamen que puso “en jaque” a las aseguradoras, la entonces vocera del TC, Ángela Vivanco, crispó el escenario al señalar en entrevista con La Tercera que las isapres tendrían que devolver los excedentes sólo a quienes demandaron, descartando el carácter universal que se había interpretado de forma transversal respecto a la resolución. Ese mismo mes, la vocera renunció a su cargo.Ya en noviembre, el Gobierno presentó las indicaciones a la ley corta de isapres, que apuntaban a darle viabilidad al fallo. Entre esas medidas, está el adelantamiento del Índice de Costos de Salud (ICSA), lo que fue interpretado en el oficialismo como un “salvataje” hacia las aseguradoras por parte del Ejecutivo, que además pretendía que se votara junto al reajuste del sector público.El pasado 21 de diciembre, el Congreso despachó a ley el reajuste salarial de los trabajadores del sector público que se fijó en un 4,3%, y en el apartado “misceláneo”, el Ejecutivo logró que se aprobara adelantar el ICSA, que busca compensar -en parte- el efecto que tendría la caída de ingresos mensuales en las isapres, estimado cerca del 12% a partir de 2024. - El pasado 17 de diciembre el país volvió a reunirse ante las urnas tras su segundo proceso constitucional, luego de la fallida ex Convención de 2022 y el triunfo del Rechazo, que llevó a que el propio presidente Gabriel Boric instara a las fuerzas políticas a buscar una acuerdo para una nueva instancia.
Esta vez, la opción En Contra se impuso al A Favor, en línea con la mayoría de las encuestas que ya daban por vencedora a esa opción. El país optó entonces por mantener la actual Constitución, la del ’80, reformada en 2005 por el ex Presidente Ricardo Lagos; y el Gobierno, atendido el mensaje ciudadano, y reconociendo el hastío del proceso, cerró la puerta a otro intento, al menos en esta Administración. “Ni celebración, ni arrogancia“, reflexionó Boric.Por cierto, hubo aprendizajes y reflexiones. El Gobierno, a diferencia del primer periodo, trató de hacer valer al máximo la prescindencia y evitó inmiscuirse todo lo que pudo en el debate constitucional. En tanto, las campañas, agotadas, no consiguieron impacto en la ciudadanía, y sus estrategias apuntaron a frases provocadoras, como el “y que se jodan” del A Favor, mientras que el En Contra apostó por incorporar a la ex Presidenta Michelle Bachelet en la recta final de la franja.De todas formas, algunas voces el En Contra ya habían desdramatizado la idea de que quedara vigente la actual Carta Magna. “Desde el punto de vista de los contenidos y su reforma, esta ya es la Constitución de Lagos, de Pinochet no queda nada. ¿Qué es lo que le queda a Pinochet? Nada”, dijo el ex vocero del comando de dicha opción y ahora nuevo presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal. - “Estancado” y en un “escenario adverso”. Ese es parte del balance que han realizado expertos y personeros políticos sobre la temperatura económica del país. Y es que desde inicios de año, las cifras venían dando cuenta de la contracción económica.En marzo, la economía chilena se hundió en un 2,1% de acuerdo al Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), registrando la mayor baja desde noviembre de 2022, cuando se desplomó 3,3%. En mayo, el escenario fue similar; la caída fue del 2%, y de hecho, el dato que más llamó la atención de las cifras intersectoriales de mayo fue la contracción de la minería, que retrocedió 9,2% en la comparación interanual.En tanto, el tímido crecimiento del 0,3% de permitió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalar que aquello “nos deja muy cerca de evitar las cifras rojas en el crecimiento de la actividad este año“.Sin embargo, y al comparar los primeros 20 meses del gobierno actual, el crecimiento económico es de 0,7% de promedio de Imacec mensual, siendo el peor desempeño desde el retorno a la democracia, muy por debajo de los resultados de gestiones anteriores.El 30 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric anunció un “gabinete del crecimiento”, constituido por ocho ministerios que deberán trabajar para zanjar medidas que impulsen la inversión y el empleo, y así sacar a Chile del estancamiento económico el próximo año. La idea, dijo el jefe de Estado, es que se acelere y monitoree “la inversión privada y pública y la generación de nuevos empleos en nuestro país, destrabando de esta manera los problemas y dinamizar la economía”.El ministro Marcel detalló que esta instancia incluirá, además de su cartera, a los ministerios de Economía, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda, Minería, Energía y Agricultura y que funcionará con “cierta periodicidad”.
Hacienda estima que la economía se expandirá 2,5% en 2024, mientras que el consenso del mercado apuesta por un crecimiento de 2%. El Banco Central, por su parte, cree que la actividad mostrará un alza de entre 1,25% y 2,25% el próximo año. - Los Juegos Paramericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 se convirtieron en uno de los paréntesis o “respiros” para la ciudadanía dentro de un año agitado y marcado por diversas crisis. Por dos semanas, el deporte se tomó la agenda, y hasta el Presidente Gabriel Boric no se resistió a disfrutar de algunas competencias de forma presencial.
En total, Chile consiguió 79 medallas en los Panamericanos, la mayor cosecha de su historia, y se situó en el octavo lugar del medallero. En tanto, en los Parapanamericanos, el país consigió 51 preseas, y quedó en el sexto lugar de la tabla.Quienes también se llevaron aplausos fueron el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y especialmente el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls. Ambos asumieron en medio de contextos previos complejos y casi a contrarreloj en la organización -e incluso en la habilitación de los recintos-, pero finalmente el evento logró desarrollarse de acuerdo a las expectativas.Tal fue el entusiasmo que quedó en el ambiente, que el Presidente Boric, tras recibir al Team Chile en La Moneda, no contuvo la idea de “soñar más alto, por ejemplo, con el 2036 y los Juegos Olímpicos“.Mención a parte para Fiu, la mascota de los Panamericanos, inspirado en el ave siete colores, que alcanzó gran protagonismo y simpatía por parte de la ciudadanía. Tal fue el furor, que se llegaron a vender cerca de 3 mil peluches diarios, mientras que los resultados de la encuesta Black & White lo situaron como el “personaje del año”. - Al Gobierno del Presidente Gabriel Boric le correspondió este año organizar la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, proceso que no estuvo ajeno a polarizaciones y polémicas, pese a los constantes llamados al diálogo y a los acuerdos por parte del Mandatario.
El periodista y ex convencional constituyente, Patricio Fernández, había sido designado como el coordinador de las actividades, pese a que el evento estaba a cargo del Ministerio de las Culturas. Pero los dichos que emitió en junio en una entrevista, convirtieron en una olla a presión su renuncia al cargo a fines de julio, en medio de acusaciones del PC por “relativizar” el Golpe de Estado.En agosto, el Presidente Boric buscaba avanzar en un acuerdo de “no repetición” que convocara a todas las fuerzas políticas, pero las reticencias de la oposición se agudizaron tras la desafortunada frase del Mandatario durante el velorio del histórico líder comunista, Guillermo Teillier. “Murió como un hombre digno (…) Hay algunos que mueren de manera cobarde, para no enfrentar la justicia”, dijo Boric.Los dichos enardecieron los ánimos de la derecha al interpretarse como una directa alusión al militar en retiro, Hernán Chacón, quien se autoinfligió un disparo provocándose la muerte tras ser condenado a 25 años de cárcel por el crimen contra Víctor Jara.A inicios de septiembre, Chile Vamos optó por firmar su propia declaración por los 50 años y tampoco asistieron a la conmemoración en La Moneda, mientras que el Presidente Gabriel Boric, tras una ronda de reuniones con los cuatro ex Presidentes vivos desde el retorno a la democracia, logró que firmaran el documento “Compromiso: Por la democracia, siempre“. - La saga de los indultos presidenciales comenzó en diciembre de 2022, cuando se conoció que el Mandatario había otorgado este perdón a 13 personas, de las cuales 12 correspondían a condenados por delitos asociados al estallido social, además del ex frentista Jorge Mateluna.
Entre ellos, estaba Luis Castillo Opazo, el mismo sujeto cuyo nombre volvió a ocupar un espacio en la opinión pública a mediados de diciembre, tras ser detenido y luego imputado por secuestro extorsivo en Copiapó. El autodenominado “Insurrecto”, hoy permanece en la cárcel de La Serena.Cuando se conocieron los indultos, el nombre de Castillo llamó la atención, puesto que había sido condenado a siete años y cuatro meses por una serie de delitos cometidos en el marco de las manifestaciones ocurridas entre octubre y noviembre de 2019. Su amplio prontuario policial de Castillo no tardó en resultar un problema que enfrentó al Gobierno con la oposición. De hecho, las bancadas de Chile Vamos anunciaron que no participarían en las conversaciones para obtener un acuerdo en materia de seguridad.”Yo sabía que esto evidentemente va a generar reacciones”, dijo el Presidente en diciembre, pero también insistió en que su decisión había sido un compromiso, y enfatizó que “tenemos que sanar estas heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y en donde estos son jóvenes que no son delincuentes“.A casi un año de la liberación de Castillo, el Gobierno revivió el fantasma de la trama de los indultos, en medio de un escenario complejo, donde la crisis de seguridad vuelve a convertirse en un punto de partida y en una de las tantas “urgencias ciudadanas” que volvieron al debate tras el segundo fracaso de un proceso constitucional.
