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Alcalde suspendido por injurias y concejala en prisión: la crisis política en municipio de Antofagasta

Por un lado, se encuentra el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velázquez Ramírez, suspendido de sus labores públicas, y, por otro lado, está la concejala, Paz Fuica, en prisión preventiva por su posible participación en el caso Democracia Viva.

El municipio de Antofagasta está pasando por una compleja crisis política, donde dos de sus figuras públicas enfrentan graves acusaciones legales que los mantienen alejados de sus funciones.

Por un lado, se encuentra el alcalde de la comuna, Jonathan Velázquez Ramírez, suspendido de sus labores públicas, y, por otro lado, está la concejala, Paz Fuica, en prisión preventiva por su posible participación en el caso Democracia Viva.

Recordemos que, el ex Evopoli fue condenado recientemente por la justicia a la pena de 540 días de prisión (que conmutó por libertad con firma mensual), multa y además la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Mientras que, la concejala Paz Fuica quien recientemente fue expulsada de Revolución Democrática, permanece en prisión preventiva por su posible participación en el caso Democracia Viva, imputada por tres delitos de fraude al fisco.

Si bien, esta reafirmó no estar vinculada con los hechos, el Ministerio Público sostuvo evidencias en su contra y solicitó la prisión preventiva durante el periodo de investigación por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad.

Crisis política que afecta a la administración

Hasta el día de hoy, ambas autoridades permanecen en sus respectivos cargos. Por una parte, en el caso de Velásquez, su suspensión no se ha aplicado debido a que su defensa apeló al fallo condenatorio en su contra, mientras que, por otro lado, Fuica, se encuentra en prisión preventiva en calidad de imputada.

Al respecto, el analista político, Cristian Zamorano, señaló que la situación actual en el municipio de Antofagasta es la de una verdadera crisis política.

Considera que la mantención de Paz Fuica en su cargo es complicado durante los 5 meses de prisión preventiva, mientras que por el lado de Velásquez, lo que correspondería es la inmediata inhabilitación del alcalde en sus funciones tras la condena en su contra.

“La política es la gestión de la polis. Actualmente, tenemos dos autoridades municipales encargadas de gestionar la ciudad, que están procesadas por la justicia. Claramente, estamos ante una crisis de carácter político que afecta a la administración”, indicó.

“Lo que correspondería es que el propio alcalde se autoinhabilite del cargo. Hay un deber de actuar, que debería ser en coincidencia a lo que él mismo planteaba cuando se autodenominaba superconcejal. El concejal Jonathan Velásquez le hubiera pedido la inhabilitación al alcalde, como lo hizo durante el periodo de la exalcaldesa Rojo, pero ahora que él es alcalde no lo hace”, indicó el doctor en ciencias políticas.

Posible suspensión del alcalde

Respecto a la posible suspensión en el cargo del alcalde, el concejal Waldo Valderrama, señaló que veía un escenario posible el que Velásquez no finalizara su periodo.

“Si es ratificada la condena y la apelación no es favorable, corresponderá al concejo municipal durante el periodo que queda. Varios de los últimos alcaldes de Antofagasta no han terminado su periodo, no es una buena noticia, pero considerando las faltas graves que ha cometido este alcalde, era un escenario muy posible”, indicó.

En tanto, el concejal Luis Aguilera, indicó que el alcalde Velásquez debería pedir disculpas por sus dichos y que, además, correspondería que “se debería suspender del cargo u oficio público a cualquiera persona que sea condenado mientras cumpla dicha sentencia”.

A esto se le suma que durante los últimos días empezó a circular en redes sociales un supuesto documento que mejoraría la situación de Velázquez, sin embargo, el Diario Antofagasta verificó su invalidez señalando que este no correspondería a un dictamen de la Contraloría, sino más bien a una minuta con una interpretación errónea sobre el cambio de criterio juridisprencial de la Contraloría.

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