Restando solo dos semanas para que la administración del Presidente Gabriel Boric entere la mitad de su mandato -y se dé inicio a lo que simbólicamente se denomina “el segundo tiempo”-, el panorama se presenta especialmente complejo para el gobierno. Esto porque además de tener una serie de flancos abiertos de enorme impacto ciudadano -tal es el caso de la crisis de inseguridad, que por estos días se ha visto agudizada a raíz del violento secuestro de un exmilitar venezolano que se encontraba en calidad de refugiado, o por la tarea de reconstrucción luego de los devastadores incendios en la Región de Valparaíso-, sus principales reformas estructurales -fundamentalmente tributaria y previsional- siguen estancadas en el Congreso, ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con la oposición.
Para el próximo viernes está convocado un consejo de gabinete encabezado por el Mandatario, donde se esperan definiciones en las prioridades del gobierno para esta segunda etapa. Es muy posible que los ejes estén puestos precisamente en seguridad y en cómo sacar adelante el llamado pacto fiscal por el desarrollo -que además del tema tributario también debería hacerse cargo del exiguo crecimiento que muestra el país-, así como la reforma de pensiones, una focalización que parece razonable, atendido el complejo contexto político en que habrá que negociar dichas propuestas, el cual estará muy tensionado por la coyuntura electoral. Esto deja en la práctica un margen de solo algunos meses antes de que los partidos comiencen a ser absorbidos por la elección de candidaturas, la realización de posibles primarias y luego las campañas.
El Ejecutivo corre por lo tanto contra el tiempo para avanzar en sus reformas, donde parece evidente que si en marzo no se logra dibujar un principio de acuerdo con la oposición, en los meses venideros la tarea se hará cada vez más compleja. De no registrarse pronto avances concretos, es previsible que ello profundizará el desgaste del gobierno, porque además de seguir con los mismos flancos abiertos, aparecerá como una administración que todavía no es capaz de mostrar algún logro concreto. Pero también se alejará la posibilidad de despejar pronto materias que llevan muchos años debatiéndose y que para el país resulta fundamental cerrar de una vez, como una forma de dar claridad a la inversión y cumplir con el compromiso de mejorar el monto de las pensiones.
Aunque oficialismo y oposición deben dar muestras de flexibilidad y buena disposición para alcanzar acuerdos, es el Ejecutivo el que tiene la principal responsabilidad de asegurar que se alcancen acuerdos no solo políticamente sustentables, sino que además se promuevan reformas técnicamente solventes. Hasta aquí, al oficialismo le ha costado asumir que, al carecer de mayorías en el Congreso, se debe allanar a discutir mucho más sus propuestas y evitar las cargas ideológicas con que ha buscado aproximarse, algo que le ha traído problemas en distintos planos. Eso ha sido evidente en el caso de la reforma previsional, donde la propuesta del Ejecutivo ha persistido en fórmulas que la oposición rechaza respecto de cómo distribuir la cotización adicional de seis puntos, lo que llevó a que en enero dicha propuesta se aprobara en la Cámara de Diputados, pero solo en sus aspectos generales, dejando fuera el “corazón” de la mayor parte de los cambios que proponía el gobierno. La tramitación en el Senado a partir de marzo debería ser la oportunidad para retomar el espíritu de una auténtica reforma previsional, que es mejorar las pensiones actuales y futuras, atendiendo a la mejor evidencia disponible, sin pretender una refundación del sistema.
En materia tributaria se advierte hasta aquí una actitud algo diferente. Luego de que la propuesta del gobierno fuera rechazada en marzo del año pasado en la Cámara, el Ministerio de Hacienda se apronta a presentar un nuevo proyecto, donde por una parte se abordará lo relativo a normas para combatir la elusión y evasión, en tanto que también se propondrán cambios a los impuestos personales, donde se espera un alza, sobre todo en aquellos contribuyentes de mayores ingresos. A su vez, esto se complementaría con una reducción del impuesto corporativo. En lo primero parece haber amplia disposición para cerrar todas aquellas brechas que permiten eludir el pago de impuestos, pero los cambios en la tributación personal despiertan más controversia. El Ejecutivo trabaja en estos momentos en una estrategia para abordar legislativamente su propuesta tributaria, donde cabe esperar que se hayan internalizado los aprendizajes que ya llevaron a un primer fracaso. Sería una manera efectiva de empezar a cerrar tantos flancos abiertos y concentrar los esfuerzos en otros aspectos acuciantes, como la agenda de seguridad, así como salud, donde resulta fundamental evitar sumar una nueva crisis, como sería el colapso de las Isapres.
