A eso de las 13:30 del viernes 1 de marzo se comenzaron a llevar a cabo las diligencias en busca del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, quien llevaba casi 10 días desaparecido luego de ser secuestrado desde su departamento. ¿Los resultados? Un detenido, dos sospechosos y el cuerpo del exmilitar a más de un metro de profundidad fueron la revelación del equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que destapó uno de lo múltiples delitos que los vecinos del sector denuncian que ocurren en el campamento Vicente Reyes -como lo llaman los mismos habitantes-, ubicado en Camino a Melipilla con Avenida Pajaritos, en Maipú.
El lugar, según quienes la conocen y pasan a diario por ahí, se ha vuelto cada vez más hostil. Y es que hace más de cinco años el sector se ha volcado en dirección a la violencia, la prostitución y los delitos de alta connotación social, todo lo cual provoca el temor de los locatarios vecinos a la toma, quienes claman por mayor seguridad.
“Ahí hay prostitución, droga y muerte. Imagínate lo que encontraron ahora, pero quién hace algo”, decía uno de los vecinos del sector mientras la PDI daba con el cuerpo de Ojeda.
Tras esas diligencias, el primero en exigir medidas fue el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (RD), quien señaló que el desalojo de la toma estaría fuera de la capacidad legal del municipio. “Desde que asumimos hemos estado alertando a las distintas instituciones del Estado tanto por la afectación al espacio público y la seguridad de nuestros vecinos, pero también a las condiciones de vida de quienes allí viven. Hoy, poder desalojar y reubicar a esas familias es una tarea que excede con creces la capacidad legal y logística del municipio”, aseguró tajante.
Según los datos que entrega la propia Municipalidad de Maipú, son al menos 600 las familias que residen en el sector y que han ido en afincándose -y en aumento- desde 2018 en adelante, donde se detalla que viven principalmente ciudadanos extranjeros de nacionalidades haitiana y venezolana. Y fue en particular en 2020 que, según conocedores del lugar, la instalación irregular de casas de material ligero comenzó a dar paso al hacinamiento, creando estrechos pasadizos entre uno asentamiento y otro.
La también conocida como ‘Villa Pallet’ por la estructura de los asentamientos, le ha valido más de un problema a la administración de Vodanovic, quien ha denunciado en más de una ocasión la serie de “incivilidades” que se producen. Además, las estructuras de plástico y madera colindan con la línea del tren y la Ruta 76, a la altura de Avenida Pajaritos, y en más de una ocasión se han identificado discotecas ilegales y prostitución a vista y paciencia de los maipucinos.
Desde la casa edilicia señalan que los terrenos son de tres múltiples entidades, específicamente del Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana y terrenos irregulares. Hasta el cierre de esta edición, desde el ministerio no habrían contestado a este medio por el detalle de su injerencia en el sector.
Mientras tanto, desde el Serviu aseguran que “efectivamente existen algunos saldos de terrenos de Serviu RM, así como también, EFE y Bienes Nacionales. Actualmente, esta toma está siendo intervenida por el equipo de asentamientos precarios de Serviu RM, organizaciones no gubernamentales y el municipio con el fin de catastrar a las familias, incluirlas en procesos regulares, si es que las familias cuentan con documentación o la calificación y así, poder dar solución a la situación que se vive en esta zona”.
Como sea, lo cierto es que el asentamiento ha estado en más de una ocasión en la mira del Serviu debido a la complejidad de reubicar a las familias que viven de forma irregular. De hecho, fuentes conocedoras del tema aseguran que hace más de un año que se está buscando el cambio en el uso de suelo en un terreno cercano al asentamiento.
Pero los problemas solo se han ido complejizando. En redes sociales se identificó que personas que viven en la toma han incurrido en la práctica del arriendo y venta –cerca de $3 millones de pesos- de los asentamientos irregulares, pese a no tener posesión de los terrenos.
Por eso la aparición en ese lugar del teniente (R) Ojeda colmó la paciencia del alcalde Vodanovic y provocó que la máxima autoridad edilicia solicitara una reunión de emergencia con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para acelerar la erradicación del asentamiento precario.
“Sabemos que en esa zona ocurren frecuentemente hechos violentos, prostitución, situaciones asociadas a drogas y múltiples incivilidades que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos, además de la toma y arriendo o venta ilegal de terrenos”, indicaba el edil hace algunos días.
Frente a esto, la delegada presidencial, Constanza Martínez, afirmó que están trabajando para “erradicar” la toma y agregó que están “trabajando para erradicar ese espacio, pero que sea sostenible y que también permita recuperar ese lugar”.
Eso sí, puntualizó que “es complejo hacerse cargo de 600 familias para que eso tampoco tenga un impacto en otras comunas. Muchas veces también se nos dice cuando se hacen erradicaciones que no tienen un acompañamiento o un plan. Uno puede sacar a esas personas y luego toman otro lugar de otra comuna de Santiago y a mí me toca responder por toda la región”.
Y agregó: “Muchas veces es en estos lugares donde hay mayor nivel de desorden, donde un grupo pequeño de personas se aprovecha de esa condición, y por lo tanto, es importante que la investigación acompañe cualquier tipo de actividad, pero también es necesario tener tolerancia cero con los lugares donde no llegaría el Estado”.
