El año pasado hubo una polémica respecto a cuántas personas emplea el Estado. Esto, porque el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) planteó que el empleo público asalariado habría crecido en un 8,6% anual, es decir, que más de 94 mil personas fueron contratadas en 12 meses por el Estado; mientras que la Dirección de Presupuestos (Dipres) rectificó la cifra a la baja, básicamente porque no comparten del todo los parámetros que componen el concepto de “asalariados del sector público”.
Mientras los organismos se aprontan a volver a enfrentar sus cifras y metodologías (ver abajo), El Líbero revisó las dotaciones a contrata, honorarios, plantas y que se rigen bajo el Código del Trabajo, de todos los ministerios -más Presidencia- que están disponibles en el portal de Transparencia Activa, con el fin de comparar cómo están las dotaciones en relación a hace dos años, cuando asumió la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
Según lo publicado por las propias carteras, 12 de los 24 ministerios subieron levemente su dotación, escapándose de ello la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que la aumentó en 32%, pasando de 331 personas a 436 funcionarios. 105 trabajadores más.
Los otros que suben entre 1% y 10% son Hacienda, Trabajo, Mujer y Equidad de Género; Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia, Educación, Transportes y Telecomunicaciones; Energía, Medioambiente y Deportes.
Nuevos desafíos de Segpres
De acuerdo a la información de Transparencia, la cartera que se encarga de las relaciones con el Congreso y que es liderada por el ministro Álvaro Elizalde, subió el número de sus funcionarios a contrata (contratos a un año), de 140 a 217 (77 personas) entre febrero de 2022 y enero de 2024; los honorarios (boleta), pasaron de 163 a 188 (25 cupos más) y los planta, de 28 a 31.
Parte del alza se explicaría por la creación del Plan Buen Vivir y la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, los que no existían en 2022. En cada uno se registran 22 trabajadores a honorarios.
El Plan Buen Vivir lo lanzó la exministra del Interior Izkia Siches en mayo de 2022 y busca “mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”. En enero pasado, Segpres informó que entre 2022 y 2023, Subdere invirtió $177.977 millones para financiar 1.886 proyectos del plan. Pese a ser multisectorial, presupuestariamente su dotación depende de Segpres.
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, en tanto, también se creó en 2022 para asesorar al Presidente para buscar “una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos” y sesiona tres veces al mes con personas contratadas en Santiago y en el sur. Su secretario ejecutivo es el psicólogo Víctor Ramos (CS), exjefe de gabinete del diputado Diego Ibáñez.
En honorarios también subió el número total de asesores de la División de Estudios y Coordinación Interministerial (de 10 a 15).
En contrata, Segpres se recibió en 2022 con seis “jefes”, a los que se agregó el cargo de “jefa de Políticas de la División de Gobierno Digital” y la “jefa de la Unidad de Fiscalía Interna”. Los “encargados” de áreas también subieron de dos a 11 en el periodo consultado.
Entre los funcionarios de planta, también se registra un aumento entre el número de las jefaturas de unidad, de división y de departamento, que pasaron de seis en febrero de 2022, a 10 este año, según el portal de Transparencia.
Segpres: desde marzo, menos dotación
Consultada la Segpres, el ministerio asegura que «hoy tenemos menos funcionarios que en febrero de 2024», esto porque desde el 5 de marzo se modifica el presupuesto para traspasar la «División de Gobierno Digital al Ministerio de Hacienda, eliminándose el programa 04 del presupuesto de esta secretaría de Estado, reduciéndose, en consecuencia, los 109 cupos asociados a dicha división».
No obstante, afirman que previo a marzo, «en algunos meses tuvimos un aumento de funcionarios» por los programas nuevos (Buen Vivir y la Comisión para la Paz y en Entendimiento) y por el fortalecimiento de Gobierno Digital para la implementación de la ley de Transformación Digital, destacando que todo aumento de cupos es aprobado «por la ley de Presupuestos y están acordes al instructivo de austeridad».
«Además debemos agregar como contexto: la fecha de comparación produce una distorsión de los números, ya que para febrero de 2022 existían menos funcionarios debido a que el cambio de gobierno genera, para esa fecha, renuncias. De hecho, en diciembre de 2021 existían 375 funcionarios Segpres, 44 más que en febrero de 2022», señalan.
Minsal registra drástica caída en su dotación
El escenario es el opuesto en el Ministerio de Salud. Según los datos de Transparencia, las contrataciones en la cartera liderada por Ximena Aguilera disminuyeron un 26% en sus dos subsecretarías.
Tomando en cuenta al personal de contrata, planta, Código del Trabajo y honorarios del nivel central -sin tomar en cuenta los servicios y secretarías regionales- en febrero de 2022 la Subsecretaría de Salud Pública contaba con 1.250 empleados, cifra que disminuyó a 897 en enero de 2024. El mismo patrón se repite en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde en febrero de 2022 tenían 898 funcionarios, y en enero de 2024 cuentan con 694.
Según explica el Minsal a El Líbero, la baja en su dotación se debe a que, superada la pandemia del Covid-19, se prescindió de trabajadores que se contrataron sujetos al Código del Trabajo y a honorarios. Los primeros bajaron de 464 a 22 en la Subsecretaría de Salud Pública y de 65 a 0 en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En el caso de los honorarios, en Salud Pública pasaron de ser 132 a 25 y de 476 a 218 en Redes Asistenciales.
Al recoger la dotación de todos los ministerios a nivel central -sin contabilizar varios de sus servicios ni las delegaciones presidenciales- resulta, preliminarmente, que la cantidad de personal baja 6% entre febrero de 2022 y enero de 2024.
Incongruencias entre datos de la Dipres y el INE
A raíz de las discrepancias acerca de las cifras del empleo público del año pasado, el director del Centro de Encuestas y Estudios de la Pontificia Universidad Católica, David Bravo, explica a El Líbero que, “esta polémica no fue abordada correctamente por las autoridades, fundamentalmente porque la respuesta no era decir ‘nosotros registramos la dotación del empleo público, mientras que los datos del INE corresponden a una muestra que tiene margen de error’, sino que (debían) explicar que las cifras se refieren a universos distintos”.
Bravo asegura que el promedio de personas asalariadas públicas reportadas en el informe del INE fue de 1,2 millones en todo el último año, mientras que en el reporte de la Dipres se habla de 460 mil personas.
“Ahí pareciera estar la razón principal: las cifras de Dipres se refieren al gobierno central, es decir, al personal asociado a los distintos ministerios, a los servicios de salud y a los servicios locales de educación pública. Habría ayudado a aclarar los datos de esta polémica —y así lo señalamos hace un año— el que el Gobierno hubiera relevado que hay empleo público que no se contabiliza en los informes de Dipres, tales como los asociados a la administración municipal y también a las empresas del Estado que posiblemente se recogen en el dato del INE. Basta con comparar los 460 mil empleos públicos de la administración central con los 1,2 millones para dejar claro que la magnitud del empleo público que no se reporta periódicamente por Dipres es la parte mayoritaria”, explicó el experto.
Con respecto a lo anterior, David Bravo afirma que es de suma importancia que la Dipres, entidad que tiene acceso a toda la información del Estado, pueda ampliar sus informes para al menos, incorporar al empleo público que está sujeto a la tuición de la Contraloría.
“De hecho, cada municipio hoy debe poner públicamente esta información de manera individual a través del sistema de Transparencia. De existir esta información, habría permitido evaluar si el incremento registrado por el INE se produjo en 2023 y establecer específicamente en qué municipios y áreas ocurrió”, opina.
El director del Centro de Encuestas y Estudios UC, asegura que es un deber avanzar en esta materia, pero que no se ha escuchado voluntad al respecto. Además, agrega que “la modernización del Estado y del empleo público requiere partir de información estadística sólida. Esto ayuda a la transparencia y constituye la base para una modernización de la labor pública. Sigue pendiente, sin embargo, aprovechar la oportunidad que representa esta discusión”.
