Por 25 votos a favor y 5 abstenciones, el Senado respaldó solo en general –pese a ser de artículo único- la moción que aumenta de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia contemplado en el artículo 130 del Código Procesal Penal, de manera de fortalecer la persecución penal por parte de las policías.
La Sala acordó recibir indicaciones hasta el lunes 18 del presente.
Cabe recordar que la moción fue analizada por la Comisión de Seguridad Pública y patrocinada por los senadores Manuel José Ossandón, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.
El senador Felipe Kast, encargado de informar el proyecto, precisó que su objetivo es “extender el plazo que determina el concepto de “tiempo inmediato” transcurrido entre la comisión de un delito y la captura del imputado para efectos de la situación de flagrancia, en ciertas hipótesis, de doce a veinticuatro horas, en caso de que la detención sea realizada por agentes policiales”
Además, durante el debate intervinieron los senadores Iván Flores, Francisco Chahuán, José García, Kenneth Pugh, Carlos Kuschel, Luciano Cruz-Coke y Luz Ebensperger.
Todos ellos valoraron la medida, para hacer, de alguna manera, frente a “la dificultad que eso (las 12 horas), muchas veces genera para las policías y para el procedimiento penal” y se destacó que la moción está “en línea de darle mayores herramientas a las policías para la eficacia de la persecución penal”.
En este sentido, se dio fe que en zonas rurales del sur “la flagrancia dentro de 12 horas ha sido imposible” de aplicar.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, indicó que “complica las expectativas que genera. ¿Es razonable sostener la eficacia de la persecución criminal sobre la base estricta de mantener una ficción de flagrancia de la base 24 horas? La respuesta es que no, porque en opinión del Ejecutivo lo que debiéramos hacer es reforzar las facultades autónomas de la policía para llevar a cabo parte de la investigación inicial”, dijo.
Al respecto, los senadores Alfonso De Urresti, Isabel Allende, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda y José Miguel Insulza, hicieron presentes sus dudas, tales como, la ausencia de la opinión de penalistas expertos durante la tramitación del proyecto y se solicitó que la votación sea solo en general, con el fin de perfeccionar y “despejar dudas”. Adicionalmente, se pidió que el texto legal sea analizado en particular por la Comisión de Constitución, lo que fue respaldado por 12 votos a favor y 10 en contra.
