El triple asesinato de los carabineros en Cañete hizo que los poderes del Estado reaccionaran y se desplegaran para tratar de contener la crisis de seguridad por la que atraviesa Chile. El Gobierno ha mencionado en reiteradas ocasiones que esta ha sido la administración que más leyes de seguridad ha aprobado y que los números respecto a los crímenes en la llamada macrozona sur han disminuido. La crisis, sin embargo, sigue y parlamentarios de la Región del Biobío se refieren a qué es lo que hace falta legislar.
En el ex Congreso de Santiago los diputados buscar legislar con celeridad el proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para los uniformados, y los senadores buscarán despachar una nueva Ley Antiterrorista, que no goza de buena evaluación. La Cámara ya acordó que el jueves en comisión se sesionará hasta total despacho el proyecto de ley RUF y el viernes el Ministerio de Seguridad.
Los parlamentarios representantes del Biobío le entregan su respaldo a esta agenda, sin embargo, los de oposición llaman al Gobierno a actuar con más decisión. Pero el diagnóstico transversal es que se necesita fortalecer el sistema de inteligencia para combatir el crimen organizado.
El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), comenta que el punto de partida es semántico: “Esto se llama terrorismo y crimen organizado y mientras el Gobierno no llame a las cosas por su nombre, simplemente van a estar equivocados en la estrategia para enfrentar esto”. Aedo llama al Ejecutivo a reconocer una realidad que no ha querido ver: “La proliferación del robo de madera financia a los grupos criminales que controlan el territorio sureño en donde el Estado no llega”.
Sobre eso, agrega que hay que “ocupar todas las fuerzas del Estado, todo lo que te da el Estado de derecho, y eso incluye el uso de la fuerza letal”. El democratacristiano sostiene que “para eso está el Ejército, para eso están nuestras fuerzas de seguridad”. Por otra parte, dice que es necesario “un sistema nacional de inteligencia” y “ocupar toda la tecnología que hoy día está disponible, no solo chilena, sino que también del mundo privado y de países extranjeros, como el sistema satelital israelí”.
También le pide a la derecha que se allane al proyecto que busca levantar el secreto bancario: “La derecha, que de una vez por todas dé los votos para alzar el secreto bancario. El secreto bancario hoy día ampara al crimen organizado y de eso hay que tomar conciencia”.
La UDI es un partido con mucha representación en la Región del Biobío y sobre materia de seguridad también sus parlamentarios llaman al Gobierno a reconocer los crímenes como terrorismo. El diputado Sergio Bobadilla cree que “hay que que terminar con los gestos simbólicos que no aportan nada”, haciendo referencia a la visita a Cañete que realizó el Presidente Gabriel Boric junto a los otros representantes de los poderes del Estado. A juicio del parlamentario, “el Ejecutivo está en deuda”.
Para el diputado gremialista la solución está en “un acuerdo nacional contra la violencia, el crimen organizado, el terrorismo y los crímenes del chavismo en Chile, que permite operar a nuestras Fuerzas Armadas contra los terroristas”. Bobadilla sostiene que, al igual que en Ecuador, hay que “darles garantías de que no serán perseguidos después por hacer la pega que el país demanda”. En esa línea señala que hay que impulsar una agenda que fortalezca a Carabineros.
Su correligionaria, Flor Weisse, reconoce que la violencia en su región es un tema que viene desde hace tiempo y afirma que lo más importante es la “voluntad política, se necesita colocar el tema como prioridad y tomar decisiones al respecto. Este hecho no se soluciona con la presencia de las autoridades y después nada más. Es necesario seguir dotando a las Fuerzas Armadas de recursos y de facultades”, enfatiza.
La parlamentaria, además, cree que el narcotráfico y el crimen organizado “se deben enfrentar con una Ley de Inteligencia, con tecnología, con recursos, con leyes, pero con convicción”.
Marlene Pérez, también UDI, admite que este desafío “no es una tarea fácil”. Al Gobierno lo llama a ver que lo que ocurre en el sur “no se trata solo de reivindicación de tierras”. Eso, asegura, “es darle una sola dimensión al conflicto”. A juicio de Pérez tiene que decretarse Estado de Sitio. Sobre la agenda de seguridad que se está tramitando, afirma que “es un paso importante para lograr disminuir la violencia en nuestra región”.
Sebastián Keitel (Evópoli), senador por la región, tiene confianza en la agenda de seguridad, pero indica que “no es la única medida necesaria para erradicar la violencia”. Para el parlamentario los altos índices de pobreza, la baja escolaridad, mal acceso a la salud primaria, alto desempleo y escasa inversión son factores que contribuyen malamente a la agenda de seguridad.
Keitel puntualiza que “junto a una agenda de seguridad, debemos también avanzar en una agenda que se haga cargo de estas temáticas, de lo contrario, estaremos solo atacando el síntoma, pero no la enfermedad”.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) coincide con que el crimen organizado ha penetrado en distintos lugares del país y “se ha hecho particularmente presente en la Provincia de Arauco con el narcotráfico, el robo de autos y por supuesto con el robo de madera, esta última situación, que analizamos en profundidad en una comisión especial investigadora de la cual fui parte”.
Para la diputada comunista, una de las grandes debilidades en el tratamiento de la violencia en la Región del Biobío –que ha sido abordada por distintos gobiernos–, “ha sido en parte la manera en la que se ha querido detener la violencia, abordando el problema solo desde un punto de vista penal y no como un problema social”.
Acevedo coincide con la falta de presencia del Estado en Arauco e insiste en que “no debemos olvidarnos de sus reivindicaciones, las que poco y nada tienen que ver con los hechos delictuales que hemos presenciado en el último tiempo, los que están ligados al crimen organizado”.
La parlamentaria valora que con el Plan Buen Vivir se “ha pretendido darle esta mirada más social, pero para lograr este objetivo también es necesario que se acompañen con medidas más ligadas a la seguridad, permitiendo así al Estado llegar a zonas en las que históricamente no se ha podido llegar”
Para la diputada comunista, la agenda de seguridad no es la solución de fondo, pero “puede entregar herramientas importantes, principalmente en materia de inteligencia, y con esto llevar al desarme de las bandas que operan en el territorio”. Ahora bien, la parlamentaria coincide con la línea del senador Keitel, en el sentido de que estas medidas “si no van acompañadas de la generación de políticas públicas que otorguen avances en materia social, como mejor acceso a la educación, acceso a servicios públicos y en definitiva a mejores condiciones de vida, seguiremos siendo testigos de problemas de violencia en el territorio”.
La diputada Acevedo entiende que esa solución no es la “más fácil ni la que espera la derecha chilena, que solo busca soluciones punitivas, pero ya hemos visto que a punta de pistola no se ha logrado resolver el problema de fondo en las zonas más vulnerables, no solo de esta zona, sino que de todo el país”, sostiene.
