La muerte del conscripto Franco Vargas, mientras cumplía su Servicio Militar en Putre, en la Región de Arica, abrió una crisis inesperada al interior del Ejército y que hoy tiene al comandante en jefe de la institución, Javier Iturriaga, en la mira de La Moneda y una parte del oficialismo.
El caso tiene su origen el 27 de abril, día del deceso del joven soldado; sin embargo, no fue hasta esta semana que la situación escaló, haciendo que la ministra de Defensa, Maya Fernández, cuestionara en privado el manejo de la crisis por parte del Ejército y que, además, el propio Presidente Gabriel Boric lo citara a una reunión para el 10 de mayo en Palacio.
“Los jóvenes que sirven a la patria están bajo el cuidado del Ejército de Chile y tienen que ser tratados con dignidad”, dijo Boric, lo que encendió más de una alarma entre el mundo militar. Esas mismas fuentes consultadas advierten, además, que la señal de Iturriaga, proponiendo el retiro del jefe de División VI, el general Rubén Castillo, da cuenta de que el problema podría escalar, siendo aún inciertas las consecuencias.
Al interior del Ejército, explican, el clima es de incertidumbre. No todos saben qué pasó, qué es real y qué es falso, si se mintió con dolo o fue solo una -mala- manera de comunicar hechos. Como nada de eso aún tiene respuestas, y el gobierno ha cuestionado la conducción de la crisis, surgen aun más preguntas y resquemores sobre lo que pueda pasar con el mando.
La presión desde el Congreso ha sido otro de los factores. “El Ejército no ha actuado con el honor que corresponde. (…) (Han actuado) con prácticas propias de regímenes autoritarios, de la dictadura, en el servicio militar que hoy están realizando jóvenes de nuestro país. (…) Esperaría que el Presidente destituya al general Iturriaga. Si no es así, voy a juntar las firmas para una acusación constitucional”, planteó el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde, que no forma parte de la alianza de gobierno.
Entre los posibles aliados con los que podría contar González, desde el Congreso han transcendido nombres como Mónica Arce, Ana María Gazmuri, Pamela Jiles, René Alinco o Hernán Palma.
En tanto, desde el Frente Amplio, coalición base del Presidente Boric, descartaron de lleno la idea de un libelo acusatorio contra Iturriaga. Pese a ello, la presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, Lorena Fríes (CS), planteó que “obviamente una de las posibilidades es exigir que dé un paso al costado”.
Al mismo tiempo, el diputado Gonzalo Winter (CS) solicitó la creación de una comisión investigadora que aborde el caso de Franco Vargas.
Otra de las voces que se sumaron a la petición de renuncia de Iturriaga fue la senadora y presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, Fabiola Campillai, quien, tras reunirse con la familia de Vargas, esbozó: “Pido la baja del comandante en jefe del Ejército. Es él el que tiene que salir porque no ha sabido llevar su Ejército”.
Carabineros y la PDI
Si bien son casos distintos, tanto en su origen como en su estado procesal actual, hay quienes plantean que no es el mejor escenario para el Ejército, pues toman como referencia que Carabineros ya sucumbió a las presiones públicas y su general director, Ricardo Yáñez, estuvo con un pie fuera de la institución y ahora tiene fecha de salida, antes de su formalización en octubre.
Tanto el Ejército como Carabineros han tenido un rol fundamental en el control de la crisis de seguridad. Los militares están desplegados, tanto en el norte como en el sur: en el primer punto para el control del tráfico migratorio ilegal y en La Araucanía, para cumplir con un prolongado estado de excepción. Además, Interior llegó a evaluar su despliegue en zonas críticas para la Región Metropolitana.
El rol de las fuerzas militares en la zona ha traído buenos resultados para contener una crisis siempre latente: entre enero y abril, los delitos vinculados a violencia rural disminuyeron en un 35%, en comparación al mismo periodo del 2023.
Sin embargo, eso no apacigua la crisis, pues los últimos hechos relacionados al homicidio de tres carabineros en Cañete echó al tacho de la basura todo buen pronóstico.
En Carabineros pasa algo similar. El caso del general Yáñez –investigado por el delito omisivo de apremios ilegítimos en el estallido social- se dio en medio de la contención del aumento de homicidios, el despliegue para enfrentar la violencia en los estadios y robos violentos.
Un escenario igual de complejo atravesó la PDI. En marzo, la institución enfrentó la salida del director, Sergio Muñoz, por entregar información reservada de causas al abogado Luis Hermosilla.
El detective fue formalizado e, incluso, estuvo más de un mes y medio en prisión preventiva por el delito de violación de secreto. Su escenario judicial obligó al gobierno a pedirle su renuncia y a designar a otro director general, en este caso, Eduardo Cerna.
Cerna hoy intenta sentar las bases de su gestión y por lo mismo hizo importantes cambios en el mando, también en medio de una contingencia exigente: la PDI indaga casos de extrema complejidad, como, por ejemplo, el secuestro y homicidio del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda.
Inestabilidad permanente
Para el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe “es altamente inconveniente que tengamos una inestabilidad permanente en estas instituciones de la República. Es clave para la correcta aplicación de las medidas de seguridad y defensa que los mandos tengan tranquilidad para ejercer, porque eso permite que puedan cumplirse los objetivos y misiones que les entrega la autoridad civil”.
En esa misma línea, agregó que en nada ayudan las “desmedidas” presiones parlamentarias que piden la salida del general Iturriaga. “Se ha perdido la razón y estética del lenguaje de los parlamentarios al querer generar crisis permanentes. Eso no es aceptable, menos aun intentando manosear el cargo de comandante en jefe. Las instituciones se tienen que fortalecer y no debilitar”, indicó.
Para el abogado Juan Carlos Manríquez, en tanto, “son situaciones que alteran la normal marcha de los procesos administrativos, así como también de orden interno; sin embargo, son tres situaciones diferentes. Debe fallarse cada una en su mérito, por separado”.
Pero advierte “que el caso del conscripto sea visto por la presidenta de la Corte Marcial es una buena señal, que avance con tranquilidad en las primeras diligencias para conocer los hechos y su encuadre jurídico, para luego de eso tomar decisiones de otro tipo; de lo contrario, de intercalarse cada una de estas situaciones se hace compleja la marcha de las instituciones y del país”.
