32 son los proyectos acordados sobre seguridad pública entre el Ejecutivo y el Parlamento en un nuevo fast track de seguridad, de los cuales siete corresponden al fast track anterior que aún no logra el total despacho de su contenido.
En cuanto a los proyectos que incluye la iniciativa, entre estos destaca la inclusión de la protección de infraestructura crítica, un nuevo régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado y la Ley Antiterrorista, norma que aún es discutida en el Parlamento.
Sobre este último punto fue consultada la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que en el Gobierno existe un total respaldo hacia la iniciativa y la forma en la que se está plasmando la definición de terrorismo y la figura del denominado “lobo solitario”.
Aun así, la secretaria de Estado señaló que el único punto que consideran necesita de una mayor precisión es el vinculado a las nuevas tecnologías a implementar, que tienen relación con la interceptación de las comunicaciones de las personas.
El senador democratacristiano y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores, aseguró que la fiscalía supraterritorial, el rol diferenciado de las policías y avances en la ley antiterrorista, son los puntos que requieren de mayor prioridad dentro de la discusión de la agenda de seguridad.
Este nuevo fast track en seguridad está planificado para implementarse en tres etapas, donde se prevé que la primera finalice en 2024, la segunda está pactada para marzo de 2025, y se espera que la tercera se materialice para mayo del próximo año.
Fast track en seguridad
El acuerdo alcanzado establece el despacho de dos proyectos en el mes de junio: 1) el que crea el Ministerio de Seguridad y 2) el proyecto de Reincidencia.
En un segundo grupo – cuyo compromiso es despacharlos en septiembre de 2024- están considerados los proyectos de ley: 3) que crea el Sistema de Inteligencia del Estado; 4) Inteligencia Económica; 5) Reglas de Uso de la Fuerza (RUF); 6) que Refuerza la Seguridad Municipal; 7) que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas; 8) Fortalecimiento del Ministerio Público; 9) sobre Derechos y Deberes en espectáculos de fútbol profesional (violencia en los estadios) y 10) el que aumenta el plazo máximo para considerar una situación entre hipótesis de flagrancia.
A estas 10 iniciativas se suman 22 proyectos de ley priorizados para una tercera etapa del fast track.
Construcción de acuerdos
El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), señaló que “la seguridad es la principal prioridad de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos y creemos que los órganos colegisladores, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tenemos que tener la capacidad de responder a esa necesidad de la ciudadanía”.
También recalcó que “la agenda es muy exigente. Podríamos incluso decir que es muy ambiciosa y es muy apretada respecto de los plazos”, aclarando que “asumimos junto con el Ejecutivo nuestra voluntad y nuestra decisión de poner celeridad a esta agenda”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), valoró el trabajo colaborativo en la construcción de la agenda priorizada de proyectos de ley.
“Desde la Cámara de Diputados y Diputadas convocamos a todos los comités a presentar sus propuestas. Y queremos agradecer y valorar que el Gobierno se ha allanado a recoger muchas de estas mociones parlamentarias que han sido iniciativa de las y los parlamentarios”, afirmó Cariola.
Recalcando que “por eso es que hemos hablado no solo de la seguridad pública, sino que también de poder construir acuerdos de avance legislativo en seguridad social, en seguridad económica”.
