Acompañado del fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, llegó el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, a la audiencia de cautela de garantía que solicitaron las defensas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; su antecesor, Mario Rozas, y el exsubdirector de la institución Diego Olate. Los generales -uno activo y los otros dos en retiro- solicitaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago saber cuáles eran los casos por los cuales serían formalizados el próximo 7 de mayo.
La intención de los generales es aplazar la formalización, interés que toma más fuerza en el círculo del general Yáñez. El mandamás policial termina legalmente su mandato en noviembre de este año; sin embargo, la audiencia en que le enfrentarán cargos por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio lo deja en una posición política compleja.
El gobierno ya definió que en caso de que los tiempos procesales sigan su curso, ese 7 de mayo en la mañana el general ya no será el número uno de Carabineros. Si logra jugarse todas sus cartas en su estrategia de derecho a defensa, y logra aplazar la audiencia, otra podría ser la historia. Pero, por el momento, en La Moneda su suerte parece resuelta.
Estallido social: general Yáñez recurre al TC para suspender formalización en su contra
La audiencia de cautela de garantía aparecía así como uno de los intentos de Yáñez por aplazar la audiencia. Ante el tribunal, su abogado, Jorge Martínez, expuso que la norma establece que “el imputado debe tener acceso en forma a los hechos por los cuales se está investigando. Saber qué es lo que se está imputando, porque acá hay más de 1.100 terabytes en una carpeta investigativa y para hacer una defensa seria tenemos que conocer en cuáles de las 986 causas nuevas que ahora están en el expediente se nos imputa el delito omisivo”.
En esa misma línea, los abogados de Rozas y Olate, Felipe Barruel y Sergio Contreras, respectivamente, consignaron que era importante para ellos saber el día, hora, lugar y tipo de lesión, que le imputarían la omisión a sus representados. “Si me dicen que son los 986, más los otros 400 casos que ya había, se termina la audiencia y me voy, de lo contrario, me pido que se detalle cuáles son”, indicó Contreras.
La resolución
Según las defensas, en marzo se agregaron a la carpeta investigativa 986 nuevas causas vinculadas a casos de derechos humanos (DD.HH.) a nivel nacional. Esto se suma a las cerca de 400 que ya estaban en el expediente; por lo tanto, actualmente la Fiscalía investiga una presunta omisión de mando de 1.386 causas.
Armendáriz replicó los argumentos de la defensa y señaló que los hechos por los cuales se investiga a los imputados serán comunicados en la audiencia de formalización. “Los antecedentes de quiénes son las personas, dónde fueron lesionadas, en qué calle, las regiones de su cuerpo afectadas, el mecanismo lesionador y en definitiva cualquier información relativa a estas personas, la defensa cuenta con exactamente los mismos antecedentes del Ministerio Público”.
En esa misma línea, el fiscal regional acusó un intento para obtener un “privilegio procesal. Desde el punto de vista jurídico, la posición de revisar uno, 30, 40 o 900 casos no debiera afectar. No es labor del Ministerio Público decir cuáles son los antecedentes que la defensa -o un querellante, quien sea- tenga 1 caso, 30, 40 o 900. No es labor del Ministerio Público señalar cuáles son los antecedes que la defensa -o quien sea- tenga que centrar su análisis. En la carpeta investigativa está todo”.
Finalmente, la jueza Isabel Correa no accedió a la solicitud de la defensa y le dio la razón a la Fiscalía. “Todo ciudadano que ha sido objeto de una formalización, es en el momento en que sabe de forma precisa y determinada qué hechos van a enmarcar esta investigación y este proceso (…). Antes de esa audiencia hay una cantidad de antecedentes que están en la carpeta, por lo tanto, si las defensas tienen que revisar 400 miles de NUE, bueno, ese ese su trabajo, si tiene que revisar todas las causas asociadas, bueno… Cualquier conducta que se le imputa a los imputados tiene que estar ahí”.
Ahora la defensa del general Yáñez se volcará a su contienda en el Tribunal Constitucional (TC), donde buscará anular la investigación en curso y así lograr algo que el jefe policial ve cada vez más lejos: ser el primer general director en terminar completamente su cargo, a diferencia de sus tres antecesores.
