En enero Ángel Valencia (Santiago, 55 años) cumplió un año como fiscal nacional de Chile. Abogado de la Universidad de Chile y máster en litigación oral, asumió en medio de una crisis de seguridad sin precedentes en Chile, reconocida por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, quien ante la emergencia convocó el lunes 5 al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). En abril de 2023, cuando llevaba tres meses en el puesto, un crimen, el del carabinero Daniel Palma, en Santiago, a su juicio marcó un punto de inflexión. “Sinceramos en el Ministerio Público que estábamos investigando fantasmas, en muchos casos”, lo que lo llevó a tomar decisiones tanto drásticas como polémicas.
La irrupción de una nueva delincuencia mucho más armada y el crimen organizado en avanzada han ocupado principalmente la agenda de Valencia. También los homicidios, pues la tasa por cada 100.000 habitantes, entre 2018 y 2022, subió de 4,5 a 6,7. El abogado dice que le ha sorprendido que hoy los disparos de los delincuentes sean a matar, incluso, después de que una víctima, durante un asalto, haya entregado sus pertenencias.
En noviembre, ante el alza de homicidios sin resolver, con autores “fantasmas” como los llama Valencia, en coordinación con el Ministerio del Interior debutó en varias fiscalías chilenas el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), una iniciativa para enfrentar la nueva escena del crimen, donde las balas se han multiplicado, y encontrar a los autores se ha hecho cuesta arriba.
Valencia recibe a EL PAÍS en su oficina en el Ministerio Público, un moderno edificio en el corazón del centro de Santiago. Lo hizo en la víspera de sus vacaciones, que interrumpió luego que la Fiscalía debió abrir, repentinamente, hace pocos días, dos investigaciones: una por los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile, que han cobrado 131 víctimas, y para establecer la causa y origen del accidente aéreo en el que murió el expresidente Sebastián Piñera.
Pregunta. ¿Cómo ha cambiado Chile desde que asumió?
Respuesta. Ha cambiado más la discusión de las circunstancias que del hecho. Nosotros teníamos el problema del crimen organizado, pero no estábamos discutiendo sobre su amenaza. En 2022 ya teníamos bandas transnacionales operando, como el Tren de Aragua, pero no hablábamos del Tren de Aragua.
P. Pero en 2022 dos fiscales, de Tarapacá y Arica, del extremo norte de Chile, alertaron ante el tipo de homicidios inéditos que ocurrían en sus zonas.
R. Cuando postulé a este cargo fijé dentro de las prioridades la persecución en corrupción, particularmente en los municipios, y el crimen organizado. Empezamos a hablar del crimen organizado, levantar números y relevar la importancia de abordar ese desafío del Estado y con sentido de urgencia. Eso ha cambiado en el debate público y la conciencia que se tiene del desafío que se enfrenta.
P. ¿Por qué no se hablaba de las bandas transnacionales?
R. Como usted dijo, los fiscales de Arica y Tarapacá ya estaban hablando. Tampoco era un tema clandestino. No quisiera especular, pero quizás siempre que hay un fenómeno nuevo la conciencia de éste tarda.
P. En 2022 Raúl Arancibia, fiscal de Tarapacá, proyectó que el nuevo tipo de homicidios también ocurriría en el resto del país ¿no fue una señal clara?
R. Fueron señales muy poderosas y claras. Cuando me nombraron fiscal fui el mismo día a la macrozona sur [donde hay violencia rural] y luego a las cuentas públicas de los fiscales de Arica y Tarapacá. Sabía que de esa forma íbamos a relevar la importancia de empezar a discutir e implementar medidas con sentido de urgencia para combatir el crimen organizado transnacional.
P. Ha dicho que al llegar, hace un año, se encontró con un Ministerio Público estancado ¿por qué?
R. Estaba estancado en múltiples áreas. Por ejemplo, las cifras con las que generalmente se había medido el desempeño de los fiscales, se habían venido deteriorando desde el 2015 en adelante y de manera muy sustantiva.
P. ¿Empeorando solo en los homicidios con imputados desconocidos o en más áreas?
R. En imputados desconocidos, en sentencias condenatorias y en archivos provisionales [de causas] y en un conjunto de indicadores que ocupamos para medir nuestro desempeño. Y, probablemente, se habían profundizado algunos rasgos históricos de la Fiscalía que hoy no son virtuosos, pero que en su momento fueron relevantes. Para fortalecer su autonomía, la Fiscalía se había mantenido distante de otros órganos del Estado para fortalecer la capacidad de investigarlos con independencia y objetividad. Pero hoy entendemos que para combatir amenazas como el crimen organizado transnacional, la cooperación de inteligencia es vital entre distintas agencias del Estado, como el Poder Ejecutivo, siempre respetando las autonomías internas. El Ministerio Público estaba encastillado y nuestras metas internas desconectadas de la actividad criminal y de la persecución penal.
“Estamos investigando fantasmas”
P. ¿Qué le ha impactado de este nuevo tipo de delitos?
R. Los niveles de violencia innecesarios para asegurar el resultado del delito. Es decir, la violencia ejercida de manera cruel para mantener la imagen de la marca, para infundir temor en el resto de la población respecto de las actividades de esa banda. Por ejemplo, nosotros estábamos familiarizados con que si alguien en el contexto de un robo agredía o mataba a otra persona, lo hacía para asegurar que se iba a quedar con lo que estaba tratando de robar: ‘Te mato o te amenazo para robarte’ y no ‘te robo, y después de que te robo, te mato’. Eso es para infundir temor en la población y ‘para que veas lo feroces que somos en esta banda’. Antes la violencia era para asegurar el resultado del delito y no para infundir temor a la comunidad.
P. ¿Qué casos ejemplifican lo que describe?
R. Cuando se produjo el homicidio del cabo Daniel Palma [el 6 de abril de 2023], que fue ascendido a suboficial en forma póstuma, se habían modificado recientemente las leyes que flexibilizan el uso en mayor número de casos de carabineros de armas de fuego, y si había hecho difusión de que se iban a portar armamento con mayor capacidad, y los homicidas de los otros policías estaban presos. Todo esto recientemente. Sin embargo, el cabo Palma se acerca a un vehículo para fiscalizar, que se estaba resistiendo a eso, y cuando se va a la ventana le dan un tiro en la cabeza. Eso da cuenta de que son sujetos para quienes todas estas medidas pueden resultar ineficaces para disuadirlos de cometer delitos de esa gravedad. Y eso es lo que implica mucho mayor desafío.
R. En este caso eran imputados extranjeros ¿Qué ha ocurrido con la delincuencia chilena en el intertanto? ¿Ha aumentado también su violencia?
P. Lo que indican nuestros números es que los niveles de violencia que enfrentamos asociados a imputados chilenos se ha mantenido más o menos estable, lo que no habla bien de nosotros, porque tampoco hemos sido capaces de reducir los niveles de violencia. Se han superpuesto a estos incidentes los delitos cometidos por extranjeros o por imputados desconocidos, que son casos que no hemos podido resolver.
P. ¿El caso del cabo Palma para usted marca un antes y un después?
R. El que se haya atentado contra la vida de tres funcionarios [policiales] en tan corto tiempo [23 días] fue una señal de alerta muy grave, porque no estábamos acostumbrados a esos niveles de violencia. Fue un punto de inflexión, el momento en que dijimos en la Fiscalía Nacional que teníamos que tomar medidas adicionales. Entre ellas, decidimos que iba a haber un equipo conjunto de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas para abordar la investigación de los homicidios en la ciudad, porque hasta esa fecha cada una tenía sus propias estrategias. Ese esfuerzo fue el que derivó a los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Lo segundo que pasó con el caso del cabo Palma, es que sinceramos en el Ministerio Público de que estábamos investigando fantasmas en muchos casos.
P. ¿Imputados desconocidos, que no saben quienes son?
R. Imputados desconocidos, pero que tenían ciertas particularidades: sujetos de los que no teníamos fotografías, que no estaban enrolados en el Registro Civil; tampoco sus huellas dactilares ni sus registros de ADN. Cuando los detenía la policía, los identificamos con los nombres que nos proporcionaban sin tener un mecanismo de verificación para chequear si son verdaderos. Entonces, dijimos que había que adoptar medidas para que todas estas personas que han sido detenidas no recuperen su libertad hasta que las hayamos enrolado. Es lo que se llamó en la prensa el critero Valencia.
P. Un criterio fue muy criticado cuando lo anunció.
R. Dijimos: vamos a pedir la ampliación de la detención hasta por tres días, y si no es posible de identificar, vamos a pedir la prisión preventiva por peligro de fuga basado en que no sabemos quién es. En su momento se levantaron críticas, pero la Corte Suprema dictó sentencias de manera reiterada en orden a que resoluciones basadas en ese razonamiento se ajustaban plenamente a derecho. Hoy es sentido común. Fue una buena decisión. Era necesaria. Estamos investigando fantasmas.
P. Pero los índices de homicidios con imputados desconocidos siguen altos.
R. Hoy uno de nuestros principales desafíos es reducir la tasa de imputados desconocidos en los homicidios. Pero, tal como dije al principio, la gravedad del problema del crimen organizado en esta gestión no nos pilló desprevenidos. Cuando asumimos, sabíamos que enfretábamos un problema grave. También teníamos conciencia que uno de los principales desafíos era transmitir esa convicción de urgencia a otros órganos del Estado, porque no era compartida por toda la sociedad cuando asumimos.
P. ¿Le costó presentar este discurso más duro al Gobierno?
R. No. Hemos tenido un muy buen vínculo y colaboración con el Gobierno desde que asumí. En algún momento al ministro de Justicia no le parecía una buena idea esto de que pidiéramos la prisión preventiva respecto de las personas que estaban en esta situación por la congestión de las cárceles, pero yo le respondí que ese era un problema para el día siguiente. Y que nuestra responsabilidad era hacer lo posible para que no quedaran en libertad personas que no sabíamos siquiera si tenían orden de detención pendiente. No sabíamos ni quiénes eran.
“Tuvimos un mal final de año en homicidios”
P. ¿Cómo ha variado la cantidad de imputados desconocidos?
R. Asumimos una Fiscalía en la que la tasa de homicidios sin esclarecer, y la de imputados desconocidos, venía deteriorándose desde 2015 y 2016 en adelante. En 2022 era de 41,6% [en 2018 era un 23,7%]. El número de 2023 todavía no lo tenemos, porque estamos muy encima. Pero este año tomamos un conjunto de medidas para tratar de mejorar esa cifra, como los equipos ECOH. Hemos tratado de hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorar esos números. Vamos a ver cómo nos va.
P. Los ECOH están dirigidos por fiscales muy experimentados ¿cómo se conformó el resto del equipo?
R. Son fiscales con experiencia en crimen organizado y con muchos años de recorrido. Los equipos ECOH son nuevos, con experiencia en el trabajo de la fiscalía o gente que venía de otras instituciones relacionadas, como la Defensoría Penal. Son gente joven y eso revitaliza las instituciones. También dispusimos de un programa de capacitación que fuera compatible con el sentido de urgencia.
P. ¿Cómo grafica ese sentido de urgencia?
R. Que siguen matando gente en las calles en Santiago, en la Región Metropolitana, en Valparaíso y en El Maule en cantidades a las que no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, la sociedad chilena espera que no solo tomemos medidas de mediano y largo plazo, sino que impacten hoy día en su realidad cotidiana. Es gente que tiene ganas y está motivada, que es joven y tiene conciencia del problema. Y que llena de energía a los más experimentados.
P. Hace dos semanas el Gobierno entregó cifras de homicidios del primer semestre de 2023, y dijo que bajaron un 3% respecto de 2022 ¿Qué panorama puede adelantar del segundo semestre de 2023 si a diario hay homicidios?
R. Todos coincidimos en que no es posible extrapolar el resultado del primer semestre de 2023. Vamos a saber en marzo o abril el número final del año. Pero tuvimos un mal final de año,con homicidios en los que murieron diez niños en muy pocas semanas. Uno de ellos, investigado por ECOH, fue consecuencia de que buscaban a ese adolescente para matarlo. Todos los demás han sido casos circunstanciales, en el contexto de una balacera, en que disparando indiscriminadamente han dado muerte a niños. Por eso es que hablo de que hay un aumento de la violencia de una forma en la que no estábamos familiarizados: una ráfaga de balazos disparados de manera indiscriminada en que han muerto niños. Eso es muy brutal. Hoy es una instrucción que se le dé prioridad a estos homicidios. ¿Y qué es lo que llama la atención? La violencia que no está dirigida a asegurar el resultado del delito, sino que, simplemente, para infundir temor. Control territorial.
