La comisión de Derechos Humanos del Senado votó la tarde de este martes -en general y en particular- el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas que mayores y que padecen enfermedades graves.
La iniciativa, iniciada en moción de los senadores de RN Francisco Chahuán, Carlos Kuschel y Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Enrique Van Rysselberghe (UDI), está dirigido para que puedan cumplir penas en su domicilio personas condenadas que padezcan enfermedades terminales o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad, en el caso de los hombres 70 años y de las mujeres 65.
El proyecto fue aprobado por mayoría en esta jornada en la instancia legislativa, con tres votos a favor de los senadores Chahuán, Kuschel y Van Rysselberghe, y uno en contra del senador Daniel Núñez (PC), que reemplazó en la comisión a la senadora Fabiola Campillai (Independiente). Posteriormente, consignó su voto en contra el senador socialista Gastón Saavedra.
En la votación, el senador Núñez argumentó su voto señalando que con este proyecto “se están incumpliendo una serie de normas internacionales, de tratados que ha suscrito el Estado de Chile”, y agregó que “desde el punto de vista ético y político de la imagen internacional de Chile, pero sobre todo de lo que significaron las brutales violaciones de los derechos humanos, y delitos que todos los días se cometen de abusos sexuales, es realmente un certificado de impunidad”.
Es que de acuerdo al planteamiento del legislador, la iniciativa permitiría que presos por causas de derechos humanos -como también condenados por violación- puedan cumplir los últimos años de sus penas en arresto domiciliario. El congresista puso como ejemplo el caso de Pedro Barrientos, acusado por el homicidio de Víctor Jara y que fue deportado a Chile desde Estados Unidos a principios de diciembre pasado. “Él tiene 76 años, volvería a Chile, postularía este beneficio y sería con detención domiciliaria. Eso es un mecanismo de impunidad brutal, terrible”, dijo.
Por el contrario, el senador Chahuán apuntó que “en ningún caso se pretende establecer impunidad para las personas mayores que se encuentran cumpliendo condena, sino que se trata de una alternativa distinta al cumplimiento de las respectivas sentencias privadas de libertad en una cárcel”.
En ese sentido, sostuvo que se elaboró un proyecto de ley “bien estructurado que contempla la sustitución de penas por el arresto domiciliario para personas condenadas que padecen alguna enfermedad terminal, entendiéndose por tal aquella enfermedad o condición patológica grave y progresiva, que no tiene tratamiento específico curativo y con capacidad de retrasar su evolución. Y por lo tanto, tiene un pronóstico fatal en un tiempo variable, la que deberá acreditarse mediante la certificación unánime e inequívoca de al menos tres médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica”.
Y explicó que la sustitución de cumplimiento de penas “debe ser detectado por un juez que, en el caso de incumplimiento de penas, en el caso de incumplimiento de los arrestos domiciliarios, podrá revocar la sustitución de penas y los recursos pertinentes respecto de dichas resoluciones judiciales”.
De acuerdo a lo acordado en la comisión, se estableció un plazo de diez días para presentar indicaciones al proyecto de ley. Posteriormente debe pasar a votación en sala.
