La creación de un capítulo especial para las “Fuerzas Armadas” y otro para la “Seguridad Pública” implicó una de las pugnas políticas más relevantes entre las fuerzas de izquierda y derecha al interior del Consejo. Mientras el oficialismo argumentaba que el órgano redactor no tenía potestad reglamentaria para crear nuevos capítulos y, por lo tanto, solo podía respetar el índice creado por la Comisión Experta para el anteproyecto, la oposición defendía la autonomía del órgano electo para tener nuevos acápites.
La disputa fue tan grande que el tema incluso llegó hasta la Corte Suprema. Por primera vez en un proceso constitucional un sector del órgano redactor activó la reclamación procedimental que contempla el mecanismo regulado en la Constitución para alegar ante el máximo tribunal una vulneración a las reglas del procedimiento.
La audaz jugada terminó en un fracaso rotundo para la izquierda. La sala especial de cinco ministros de la Suprema analizó el requerimiento y le dio un portazo al oficialismo. Por cinco votos, es decir, de manera unánime, rechazó el requerimiento y acogió la postura de la derecha, el 14 de agosto recién pasado.
Ese fue el trasfondo que acompañó esta jornada al pleno del Consejo. En esta sesión los 50 consejeros tuvieron que visar las normas que vienen contenidas en los dos nuevos capítulos que creó la derecha. Una que lleva de título “Defensa Nacional”, para alojar las normas sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y otro sobre “Seguridad Pública”, para albergar los artículos sobre Carabineros y la PDI.
Entre los asuntos aprobados, está la ratificación -a nivel constitucional- de la justicia militar. “Las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”, se lee en la norma.
También se visó que las FF.AA. puedan ayudar en otras tareas: “Colaboran en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales, en tareas de seguridad e intereses territoriales, en situaciones de protección civil, en contribución al desarrollo nacional, en la cooperación internacional en operaciones de paz según el derecho internacional y en apoyo a la política exterior del Estado, en conformidad con la Constitución y la ley”.
Junto con eso, el pleno aprobó que las FF.AA. estarán “sujetas a los controles de probidad y transparencia que la Constitución y las leyes dispongan. Del mismo modo, están sujetas al control y supervisión de la Contraloría General de la República en conformidad a la ley”.
Respecto del capítulo de Seguridad Pública, el Consejo dio luz verde a las normas que abordarán las policías -Carabineros y la PDI- y también Gendarmería.
En este acápite resalta la aprobación de una eximente penal -parecida a la regulada en la Ley Nain-Retamal. “Corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”, se lee en la norma que tuvo dos abstenciones de Chile Vamos: Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN).
Además, el plenario aprobó la norma que hace mención a las municipalidades: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sin perjuicio de sus propias funciones y atribuciones, deberán colaborar con las municipalidades, cuando estas desarrollen, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal, en conformidad a la ley”.
En tanto, el órgano redactor no tocó la regulación de Gendarmería. Pese a que en un inicio se intentó incluirla en el listado de fuerzas de orden, la presión de los gremios fue mayor y los consejeros desistieron. De haber avanzado en esa línea, entonces Gendarmería habría tenido que terminar con sus asociaciones gremiales de funcionarios.
Dentro de las normas transitorias de este capítulo, el Consejo dio luz verde a la idea republicana de crear una policía fronteriza: “Dentro del término de cinco años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República, deberá ingresar un proyecto de ley que creará una Policía Fronteriza que será́ encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determine la ley institucional. Dicha policía se coordinará con los organismos públicos relacionados al control fronterizo para sus objetivos, sin perjuicio de las facultades de la Fuerza Aérea de Chile y de la Autoridad Marítima, respecto de la frontera aérea y marítima”.
El órgano redactor a su vez visó el resto del capítulo V que habla sobre “Gobierno y Administración del Estado”. Aquí destaca la aprobación de las normas que hablan sobre infraestructura crítica y el reconocimiento constitucional para bomberos. En las votaciones de los asuntos vinculados a las FF.AA. y las policías, la derecha en la mayoría de las veces votó en bloque, en cambio la izquierda tuvo votos cruzados y dispares.
