Desde la noche del viernes 8 de septiembre, las bancadas de republicanos y Chile Vamos han usado intensamente las “Enmiendas de Unidad de Propósito”. El mecanismo se pensó inicialmente para situaciones excepcionales, como solucionar problemas de redacción y estilo, o reescribir un artículo si surgía un acuerdo más amplio. Sin embargo, los consejeros de derecha lo han usado para asegurar una propuesta constitucional a la medida de sus convicciones, lo mismo que se criticó a la fallida Convención. Así, han aprobado normas que podrían hacer caer el aborto en tres causales, que obligan al Estado a financiar la educación privada y que desdibujan el concepto de Estado social, entre otras materias. El rumbo del debate motivó reuniones entre líderes de la UDI, RN y PS, para explorar acuerdos más transversales.
El 79% de las personas que respondieron la encuesta difundida en julio pasado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de los sondeos más reputados del país, manifestó que está de acuerdo con la legalización del aborto (49% limitándolo a algunas causales y 30% a favor de que sea libre). Apenas dos meses después, las bancadas de derecha del Consejo Constitucional aprobaron una enmienda de última hora -lo que prácticamente impidió la intervención de los consejeros de izquierda- que puede dejar en la ilegalidad el pensamiento de millones de chilenos y chilenas que aprueban el aborto. Hasta el 8 de septiembre último, 3.609 mujeres habían optado por interrumpir su embarazo, recurriendo a la Ley de Aborto en Tres Causales, vigente desde 2017.
El pasado miércoles 20 de septiembre, cuando la mayoría del país retornaba del feriado dieciochero, los consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos aprobaron un cambio de redacción aparentemente mínimo: reemplazar un “que” por un “quien”. De esta forma, el numeral 1 del Artículo 16 del texto que se someterá a votación popular el 17 de diciembre próximo ahora dice que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esa redacción apunta a que desde el momento mismo de la concepción -como lo profesan, por ejemplo, los creyentes cristianos- lo que se está gestando es alguien, una persona, un “quien” y no un “que”. La diferencia fue explicada en la columna “El aborto, ¿hay alguien ahí?”, escrita para El Mercurio por Carlos Peña (miembro del directorio de la Fundación CIPER).
Como el propio Carlos Peña lo señala, de aprobarse esta redacción no significa que, de manera automática, el aborto será prohibido. Pero se debe tener en cuenta que el propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anunció a fines de julio pasado una ofensiva en esa dirección: “Cuando seamos mayoría en el Congreso, vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida”. Y, con la incorporación de la palabra “quien”, el Partido Republicano y otras entidades tendrán un argumento para intentar derogar el aborto en tres causales.
La forma sorpresiva en que se presentó y aprobó la norma sobre protección de la vida no fue una casualidad.
Desde el viernes 8 de septiembre, cuando comenzaron a votarse las enmiendas en las comisiones formadas por los consejeros, las bancadas de derecha han utilizado una estrategia que puso al descubierto sus intenciones de ofrecer al país una propuesta constitucional que deja fuera del debate democrático gran parte de las ideas de las personas de izquierda. La exclusión de esas ideas ha sido una de las principales críticas que se ha hecho, durante sus 43 años de vigencia, a la Constitución escrita en el gobierno de Augusto Pinochet y reformada durante el mandato de Ricardo Lagos, porque muchas propuestas de los partidos de izquierda y centroizquierda son inconstitucionales y no pueden ser implementadas. De hecho, esa crítica fue uno de los principales factores que originó el actual proceso constituyente después del estallido social de 2019.
El texto original que ahora está siendo sometido a la revisión del Consejo Constitucional, fue redactado por una Comisión de Expertos constitucionalistas nombrados por los partidos. Esa comisión evitó definiciones que dejaran en la ilegalidad las ideas de derecha o de izquierda. Su propuesta era lo que los especialistas llaman una “Constitución habilitante”, es decir, que permite que las ideas de todos los sectores compitan democráticamente y que las mayorías definan cuál se convierte en ley. En el fondo, que un gobierno -de derecha, de centro o de izquierda- pueda implementar el programa por el que fue elegido.
La opción de la “Constitución habilitante” tomó cuerpo entre los expertos después de la fallida propuesta de la Convención Constitucional, ampliamente rechazada el año pasado, que pretendía imponer normas que dejaban fuera de competencia muchas ideas que tradicionalmente se identifican con la derecha o los grupos conservadores. Por ejemplo, daba rango constitucional al aborto, lo que habría dejado en la ilegalidad (fuera del marco constitucional) cualquier proyecto de ley de quienes se oponen a la interrupción del embarazo.
Grupos que tradicionalmente se identificaron con la centroizquierda de la Concertación -como Amarillos y Demócratas-, además del expresidente Ricardo Lagos, calificaron la propuesta de la Convención como “partisana”, y promovieron la idea de que la nueva Constitución no puede dejar fuera de la ley al pensamiento político, legítimo y democrático, del sector de los chilenos que se identifica con la derecha.
LA OLEADA DE ENMIENDAS UDP
Una norma no aceptada por la centroizquierda, pero que las bancadas de derecha impusieron a través de una enmienda de última hora, es el artículo que consagra el derecho de los condenados por algún delito a sustituir su pena por “reclusión domiciliaria total”, siempre que se acredite que padecen “una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Inicialmente, los republicanos habían propuesto un mínimo de 75 años de edad para optar a este beneficio, lo que fue interpretado como un “perdonazo” para los presos de Punta Peuco. Por lo mismo, el Partido Republicano anunció que retiraría esa propuesta, como una demostración de sus intenciones de construir un texto transversal.
Sin embargo, el miércoles 20 la derecha presentó una nueva enmienda que tiene el mismo efecto. La propuesta se aprobó con 31 votos de la oposición. Fue rechazada por 17 consejeros oficialistas y por la consejera de RN Lorena Gallardo. Se abstuvo Gloria Hutt, de Evópoli. Esto significa que, por ejemplo, Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de prisión por más de 80 causas de delitos de lesa humanidad -como asesinatos, torturas y secuestros-, podría irse a su casa si se acredita como terminal una dolencia crónica que sufre hace años y por la cual su defensa pide que pase a arresto domiciliario (vea una nota de CNN al respecto).
Las normas del Consejo Constitucional estipularon que las enmiendas al texto propuesto por los expertos podían presentarse hasta el 17 de julio pasado. Después de ese día solo se pueden ingresar “Enmiendas de Unidad de Propósito” (UDP), las que deben ser avaladas por tres quintos de los consejeros. Las UDP son un mecanismo excepcional, pensado para solucionar problemas de redacción y estilo, o bien para resolver temas en los cuales surge un nuevo acuerdo más amplio. Sin embargo, los consejeros republicanos y de Chile Vamos no las han usado como una herramienta para situaciones extraordinarias, sino como un instrumento para asegurar una propuesta constitucional a la medida de sus convicciones.
Republicanos y Chile Vamos extremaron la aplicación de las UDP desde la noche del viernes 8 y madrugada del sábado 9 de septiembre, cuando las comisiones finalizaban su trabajo y debían votar las enmiendas que se habían discutido durante semanas. Esa noche, la izquierda fue sorprendida por múltiples UDP, las que ni siquiera tuvo tiempo de revisar y que se vio obligada a votar porque el plazo se terminaba: “Nos llegaban enmiendas de UDP de la derecha para ser votadas en el mismo instante, ni siquiera con cinco minutos de antelación”, relata Yerko Ljubetic (CS), integrante de la Comisión de Derechos Sociales.
El oficialismo lo calificó como una “pasada de máquina”, ya que las UDP le permitieron a la derecha imponerse en las votaciones sin necesidad de negociar, gracias a la mayoría que tenían en todas las comisiones. Una arremetida similar a la realizada por la izquierda en el fallido proceso de la Convención Constitucional. El libreto de excluir a los adversarios y asegurarse de que sus ideas no puedan competir en la cancha que es definida por la Constitución, se repitió.
CIPER conversó con consejeros de todas las bancadas y expertos nombrados por todos los partidos, y dimensionó la magnitud del abismo que hoy separa a ambos bloques. Desde el oficialismo acusan “engaños” y la falta de instancias reales de negociación, las que habrían aparecido muy tardíamente y de manera paralela al inicio de las votaciones, dejando poco margen para alcanzar acuerdos. Mientras que desde la oposición argumentan que todo se tuvo que hacer rápido por el tiempo que habrían destinado a tratar de conseguir acuerdos, los que finalmente no prosperaron por “intransigencia” de la izquierda.
El punto es que algunas de las normas ya aprobadas por el Consejo dejarían en la ilegalidad, fuera del marco constitucional, el pensamiento de millones de personas que adscriben a ideas progresistas, como el apoyo al aborto, el rechazo a permitir beneficios carcelarios para condenados por delitos de lesa humanidad, el respaldo a un sistema solidario de pensiones y a un “Estado social” que no deje sujetas al mercado algunas necesidades básicas, como la salud o la educación. Un mundo que, por ejemplo, convocó a casi 1,8 millones de personas para las primarias de la izquierda que en julio de 2021 enfrentaron a Daniel Jadue y Gabriel Boric, o que sumó 4,6 millones de votos en la segunda vuelta entre Boric y José Antonio Kast. De hecho, en la citada encuesta CEP de julio pasado, los chilenos que se declararon de izquierda representaron el 19% de la muestra, que es exactamente el mismo porcentaje de aquellos que se identificaron con la derecha.
Respecto a los temas medulares que el progresismo buscaba defender en el consejo, como los derechos sociales y la definición de Estado Social, la derecha ha logrado modificar el anteproyecto de la Comisión Experta y, según el oficialismo, solo ha cedido en temas muy menores. Una estrategia que desde la izquierda han descrito como “dar un dulce para llevarse la torta”.
“Nosotros llegamos acá por el Estado Social y los derechos sociales, no para cambiar el Congreso o para hacer una reorganización del Poder Judicial. Por eso, lo que ocurrió ha sido tan dramático para nosotros”, explica Karen Araya, consejera comunista. “Yo llegué a este espacio entendiendo que teníamos una minoría, pensaba que ellos (los republicanos) iban a tratar de mostrar gobernabilidad. En el camino me he dado cuenta de que en realidad no tienen ninguna intención de lograr acuerdos, porque los dos caminos les sirven: uno, que se apruebe esta Constitución que es de extrema derecha, o dos, que se rechace y nos quedemos con la Constitución actual”.
NEGOCIACIONES INTERRUMPIDAS
Según el acuerdo del Consejo Constitucional, el viernes 8 de septiembre debía finalizar el trabajo de votaciones de enmiendas en sus cuatro comisiones (Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; Principios, Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). El ritmo fue lento, con acusaciones de la izquierda de que la derecha (que presidía todas las instancias) demoraba las definiciones.
El miércoles y jueves de esa semana trabajó una mesa negociadora que buscó acuerdos transversales. Una mesa que los republicanos presentaron como una demostración de su intención de llegar a acuerdos, porque la integraban cinco oficialistas: Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS), Domingo Lovera (RD), Alexis Cortés (PC) y María Pardo (CS). Les acompañaba el mismo número de opositores: Luis Silva y Antonio Barchiesi (republicanos), Jorge Barrera (jefe de asesores de los republicanos), Sebastián Soto (ind. Evópoli) y Arturo Phillips (UDI). Pero, las cosas terminaron peor.
Las conversaciones se interrumpieron definitivamente, a juicio de la derecha, porque la izquierda presentó una lista de 15 temas ya votados que pedían revisar, reescribir en algunos casos o derechamente eliminar. Entre estos estaban la objeción de conciencia institucional, la eliminación de las contribuciones, la definición del rodeo como deporte nacional, el cambio climático y la justicia ambiental, entre otros.
La derecha respondió que revisaría los derechos de Educación y Salud, y los tratados internacionales, pero la reacción de la izquierda fue presentar otros 26 temas en los que quería algún acuerdo y que aún no habían sido aprobados en comisión. Ante la negativa de la derecha de revisarlos, el oficialismo anunció que se retiraba de la instancia.
La comisionada experta Katherine Martorell (RN) comenta que “me llamó mucho la atención que se bajaran, porque se presentaron 15 temas primero que querían revisar, y que se habían votado. Y luego 26 o 27 temas que se iban a votar. Y las derechas, me carga decir las derechas, pero ya es un término instalado, estaban disponibles a tratar todos los temas. Entonces fue muy extraña la bajada, que dijeran ‘no seguimos’, porque sí se hizo el listado de temas; sí se dijo ‘conversemos los temas’”.
“Esa mesa fue el último y el único intento serio de negociación”, sostiene el consejero Yerko Ljubetic (CS). “El problema es que esto se dio al mismo tiempo que las votaciones en comisión, lo que es súper contraindicado, porque al mismo tiempo que estás tratando de conversar sobre los temas importantes, ves cómo en las comisiones te pasan máquina sobre un conjunto de otros aspectos súper relevantes. Y eso provocó que la conversación se diera en el peor de los ambientes”, agrega.
A esa tensión se sumaron las palabras del consejero republicano Luis Silva, durante la conferencia de prensa que antecedió a esa mesa: “Lo votado, votado está”. Esto habría perjudicado las posibilidades de la mesa negociadora, según señalan desde el oficialismo.
Katherine Martorell (RN)
El quiebre de la mesa hizo que ese viernes 8 se intentara volver a las votaciones en cada comisión, pero el avance fue extremadamente lento y, en algunos casos, nulo. Hasta que en la tarde/noche comenzó la oleada de enmiendas UDP que instaló la derecha en cada comisión.
Lo que quedó claro es que la derecha no utilizó las UDP como una herramienta excepcional. Ingresó una marejada de ellas, como bloque, aprovechando que cuenta con los tres quintos en todas las instancias. Vale decir, las ingresaba con la certeza de que iban a ser aprobadas independientemente de los votos de los consejeros de izquierda. Así fue que los consejeros oficialistas comenzaron a reaccionar airadamente durante esa madrugada por la aparición de normas que, o habían sido rechazadas en las comisiones, o contradecían el trabajo de los expertos.
Jaime Arancibia, experto nombrado por RN, dice que “el problema no es tanto la UDP”, pues destaca que es un mecanismo aceptado en el reglamento, “sino el momento en que alcanzaron a ser presentadas”, reconociendo la premura con la que se ingresaron. Por lo mismo, sostiene que “las pretensiones plasmadas en las UDP han estado sobre la mesa desde el inicio del trabajo de las comisiones. Sin embargo, efectivamente, varias de las propuestas finales de norma no contaron con el espacio de tiempo suficiente para poder ser discutidas por todos los comisionados. Pienso que se perdió tiempo valioso de acuerdos y discusión en las semanas previas”.
Ese es el principal argumento de la derecha para haber usado la estrategia de las UDP: que la izquierda no quiso llegar a acuerdos y que por eso tuvieron que presentar las unidades de propósito. Niegan, en todo caso, que esto sea una “pasada de máquina”. Katherine Martorell agrega que no usaría esa expresión, “porque la verdad es que hubo intención de negociar muchas veces, se suspendió la votación, muchas veces se hicieron mesas de negociación, no solamente las propias de las comisiones, se hicieron mesas para ver los temas más complejos y, además de eso, se hizo una gran negociación un día en la noche que se cayó. Entonces, finalmente no hubo acuerdo. Pero es distinto decir que pasamos la máquina, porque desde mi perspectiva la expresión tiene relación con el no haber permitido las instancias de acuerdo”.
Lo que explica Katherine Martorell -en una posición ampliamente replicada por los consejeros de derecha-, es que, como no hubo acuerdos, era legítimo avanzar sin consensos en la dirección que impulsaba su sector. Pero, la forma en que trabajó la Comisión Experta que escribió el anteproyecto muestra que había una alternativa: que las ideas compitan en un marco constitucional amplio y que las mayorías democráticas resuelvan cuál posición se debe implementar.
Si la mayoría hubiera tenido disposición de conversar desde el inicio, señala el consejero Ljubetic, “es probable que hubiéramos tenido resultados distintos, pero eso se negó persistentemente”. Y añade: “Tengo la convicción de que, por una mezcla de incompetencia y falta de voluntad, esa mayoría nunca estructuró un proceso organizado de conversaciones. Aquí estamos hablando de una negociación esencialmente política, sobre un tema de la mayor importancia, como lo es buscar un acuerdo sobre un texto constitucional”.
El anteproyecto escrito por la Comisión Experta “tenía un equilibrio político súper cuidado. Incluía tu parte y mi parte, de modo tal que cualquiera que abra la Constitución en el futuro se sienta representado, como parte de este Estado, de esta comunidad política. Pero eso se perdió con las reformas republicanas”, argumenta Domingo Lovera, experto de RD.
LA NOCHE DEL CAMINO PROPIO
Durante la mañana del viernes 8 de septiembre, en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, comenzó el debate sobre el derecho a la educación, que marcaría el pulso para el resto de la jornada. En la izquierda reinaba la confusión. La derecha en bloque presentó una serie de enmiendas de último momento que obligó a los comisionados expertos del oficialismo a analizar con rapidez. La primera queja apuntó a la forma en que se habían redactado algunas de esas normas. “Se trabajó con una desprolijidad técnica vergonzosa e irresponsable”, acusa el comisionado Flavio Quezada (PS), presente en esa comisión.
Quezada ejemplifica su crítica con una de las UDP presentadas por la derecha esa mañana. “Las redacciones eran tan malas que una de ellas, en educación, dejaba inconstitucional la provisión pública de educación parvularia y superior. Es decir, dejaba a instituciones como la Junji y las universidades estatales en la inconstitucionalidad. Y lo dije. Nadie en su sano juicio podía querer eso, tenía que estar mal redactado”, asegura.
Los reclamos por la redacción y las consecuencias que podía acarrear forzaron a la suspensión momentánea de la sesión. Quezada explica que en ese espacio de negociación varias de sus observaciones fueron acogidas, porque apuntaban a la forma, pero las diferencias de fondo no estuvieron en discusión. “Para mí fue bien ingrata la conversación”, resume el experto.
El abogado explica que el bloque de centroizquierda buscaba garantizar el derecho a la educación como derecho humano, además de resguardar y fortalecer la educación pública, pero la oposición redujo el debate a aspectos de política pública. Según Quezada, las derechas aspiraban a que el financiamiento por estudiante, conocido como el sistema de “voucher”, fuera intocable para la educación privada y se abrían a que en la educación pública hubiese más formas de financiamiento. “Esas cosas no pueden resolverse a tontas y a locas, en una hora frenética, y menos en una Constitución (…). Las constituciones que conozco lo que hacen es resguardar la provisión mixta (pública y privada) y que tenga que haber financiamiento. Pero la forma, a qué niveles y cómo, son definiciones de política pública”, asegura el comisionado PS.
Karen Araya (PC)
Cerca de las 15:00 de ese viernes, la comisión retomó las votaciones con mejor ánimo, ya que el espacio de conversación había servido para acordar una norma que recogía una de las banderas del oficialismo: la provisión estatal de “educación pública, pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles”, asegurando el financiamiento de la educación parvularia, básica y media.
Karen Araya, consejera PC, fue una de las que estuvo en esa negociación, que ahora califica como una “trampa”. “Nosotros estábamos muy contentos, porque habíamos llegado a ese acuerdo, muy menor, por supuesto, pero habíamos logrado levantar una norma que constitucionaliza el respeto a los profesores y a los asistentes de la educación”, recuerda la consejera, quien también es docente. Sin embargo, a último minuto, la derecha ingresó una UDP que obliga al Estado a financiar la educación privada, algo que, según el bloque oficialista, no se había transparentado en la negociación.
“Para nosotros fue un engaño. Después de eso se acercó Arturo Phillips (consejero UDI) a pedirle disculpas a Alejandra Krauss (comisionada DC), pero para nosotros era terrible, porque habíamos confiado en ellos. Confiamos en que dejábamos una norma que iba a fortalecer la educación pública y un minuto antes de que se terminara la votación, ellos levantan una UDP donde el Estado tiene el deber de financiar la educación privada. Y con eso nos mataron”, asegura Araya.
El giro que dio la votación en torno al derecho a la educación fue especialmente duro para el oficialismo, que ya daba por perdidas las posibilidades de asegurar alguno de los otros derechos sociales, como salud, pensiones y derecho al agua. El resto de la jornada de votaciones, que se extendió hasta las 08:00 del día sábado, siguió la misma tónica.
“Vimos que la derecha hacía unidades de propósito en los pasillos. Yo vi republicanas diciendo ‘yo no quiero firmar nada más, esto me va a comprometer para toda la vida’. La verdad es que fue bien dramático. Son muy pocos los republicanos que negocian. Quienes están negociando son (Antonio) Barchiesi, Luis Silva y Sebastián Figueroa, y en algunas ocasiones Jorge Ossandón. Y sus asesores, principalmente Jorge Barrera. Nada se hace sin Barrera. El resto, nada. Hay gente a la que ni siquiera le he escuchado la voz”, resume Karen Araya.
LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
El Consejo Constitucional tiene programadas 26 sesiones de votación para cada uno de los capítulos del texto. El 7 de octubre debe entregar el documento a la Comisión Experta, para que los comisionados analicen las modificaciones a su anteproyecto. Los expertos podrán hacer propuestas de cambio que deben ser votadas por el pleno de los consejeros. Para ser aprobadas y que pasen al texto definitivo deberán tener al menos tres quintos de los votos. Para rechazarlas, se requieren dos tercios. Las que sean rechazadas, serán revisadas por una comisión mixta formada por consejeros y comisionados en partes iguales. Y si esta última instancia no llega a un acuerdo, la Comisión Experta debe entregar una nueva propuesta al Consejo, para su votación final.
El texto con la propuesta definitiva se debe entregar el 19 de noviembre, para ser votado el domingo 17 de diciembre por los ciudadanos.
La falta de acuerdo en las votaciones finales, tanto en las comisiones como en el pleno, y el uso intensivo de las UDP, han puesto en alerta a los partidos que aspiran a que la propuesta constitucional logre la aprobación de la ciudadanía. El lunes 25 de septiembre se realizaron reuniones entre dirigentes de la UDI, RN y PS, para explorar la posibilidad de lograr acuerdos más transversales una vez iniciada la revisión que hará la Comisión Experta (vea una nota de Emol sobre esas conversaciones).
El mismo lunes también hubo citas de consejeros de Chile Vamos con representantes de Amarillos y Demócratas, los que han manifestado su desacuerdo con la forma en que la derecha ha avanzado sin dar espacio a sus adversarios. Lo mismo que criticaron cuando la situación fue a la inversa en la fracasada Convención.
