Las últimas decisiones del Gobierno, que apuntan a atacar y neutralizar las acciones del crimen organizado y la delincuencia en el país, cuentan con todo mi respaldo y el de mi partido.
Aunque han aparecido voces críticas por la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, es necesario mirar en profundidad la gravedad de los delitos que están ocurriendo en nuestro país y que no obedecen a un perfil delictivo común.
Estamos en presencia de actos planificados, que cuentan con una estrategia de inteligencia previa, con seguimiento y recolección de datos de las potenciales víctimas, que hasta ahora no habíamos visto.
Hay nuevos delitos que han penetrado con mucha violencia. Los secuestros, las extorsiones, los homicidios por encargo, el sicariato, no eran comunes en Chile. Hoy, los asaltos se cometen a plena luz del día y en lugares muy concurridos, con pistoleros dispuestos a matar y a enfrentarse con las policías.
La seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, la recuperación de nuestra vida de familia y de barrio y del espacio comunitario, es prioridad ineludible para este primer semestre del año. Por ello es que todas las iniciativas que busquen disminuir los riesgos, deben ser apoyadas sin mayores reservas ni criterios políticos partidistas.
Cuando se debate si avanzamos o no en medidas preventivas para proteger a la ciudadanía, hay que dejar de lado las ideologías y priorizar el interés general. Es el caso, por ejemplo, de la búsqueda de los consensos para lograr un acuerdo que permita despachar el proyecto de ley de Infraestructura Crítica, que permite a las FF.AA. protegerlas en caso de peligro grave o inminente.
¿Y qué es una Infraestructura Crítica? Se trata de una instalación cuyo funcionamiento es indispensable para la ciudadanía; y su interrupción parcial o total, provoca graves consecuencias para el desarrollo normal de las actividades básicas y diarias. Estamos hablando del transporte y la distribución de productos, la energía, los servicios públicos, la salud, el suministro de alimentos y las comunicaciones, entre otros.
Es cierto que hay algunos temas, como los relativos a la seguridad ciudadana, en que no hemos actuado unidos y hemos encontrado resistencia en algunas fuerzas políticas oficialistas para aprobar las iniciativas propuestas por el propio gobierno. Y hoy estas posturas antagónicas se repiten, ignorando el clamor de la gente que pide estado de excepción y que las FF.AA. salgan a la calle.
Urge también poner atención en las posibles asociaciones que pueden aparecer entre el crimen organizado, narcotráfico y agrupaciones violentistas que actúan en la zona sur del país. Hay experiencia de esto, como lo que sucedió en Colombia y Ecuador, donde se estableció la directa relación entre el negocio de las drogas ilícitas y las actividades de tipo terrorista.
Las soluciones se alcanzan con voluntad y pensando en la mayorías que exigen más acción. Y las medidas a adoptar deben ser interinstitucionales, escuchando a los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Contraloría, del Ministerio Público. Y, por cierto, de las Fuerzas Armadas y de Orden, que son actores importantes en la protección externa e interna del país. Nadie está exceptuado de participar en un tema tan importante y trascendente, como es la seguridad de sus habitantes.
Es necesario también que algunos entiendan que hoy las restricciones a las libertades y a los derechos humanos la están viviendo todos los chilenos, provocadas por grupos delictuales organizados que violan la ley y orden. Y debemos actuar sobre la base del interés de las mayorías y con criterios nacionales.
El Estado debe proceder en forma coordinada en la aplicación de medidas que mejoren la seguridad, el orden público y la recuperación de las calles. Y como senadora, no dudaré en seguir apoyando todas estas iniciativas.
