Un 70,2% cree que la delincuencia aumentará a nivel nacional en los próximos seis meses. Esa es la grave percepción ciudadana en materia de seguridad que arrojó la tercera versión de la Encuesta Chile Nos Habla, medición a cargo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), realizada en conjunto con el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha casa de estudios, que en esta edición se concentró en escuchar la voz de las personas en una materia sensible y prioritaria para los chilenos, buscando contribuir al desarrollo de políticas públicas alineadas con el sentir de la ciudadanía.
El estudio profundizó en cómo el miedo a la delincuencia ha impactado a las personas y su manera de vida y hábitos cotidianos. De hecho, cuatro de cada cinco personas afirma que hizo cambios drásticos, tales como: evitar salir de noche (85,7%); ajustar horarios de salida (65,7%); modificar los lugares que frecuentaba (56,4%); y cambiar las rutas de traslado (55,5%).
Pía Greene, investigadora de CESCRO USS y que participó en el diseño de la encuesta, comenta que “los delitos violentos han tenido un aumento preocupante, tanto en frecuencia como en el modus operandi, como otro tipo de crímenes que no ocurrían a menudo en el país”, agregando que ello explica los cambios de hábitos implementados por la población en todo el territorio nacional.
Reflejo de ello es que un 70% de las personas encuestadas dice sentir “mucho miedo” con la situación actual, mientras solo el 7,9% dice sentirse seguro. En específico, los espacios donde la ciudadanía afirma sentirse más insegura son en la vía pública (80,9%); la locomoción colectiva (75,9%); en paraderos (75,1%) y en terminales de buses (73,2%). En contraste, donde dice estar más protegida es en el lugar de trabajo (39,9%), incluso más que en los propios hogares (37,6 %) o en los lugares de estudio (21.8%).
El estudio muestra las acciones que las personas están tomando para resguardar la seguridad en el hogar, como: la instalación de cámaras de seguridad (58,7%); rejas o cercos de seguridad (51,7%); o refuerzos de chapas de seguridad 42,6% son algunas de las modificaciones para estar enfrentar una situación que incluso ha llevado a ciertos encuestados a adquirir un arma (9,8%).
Ante ello, la especialista USS afirma que “la gente tiene motivos para tener estos niveles de miedo. Vemos que las personas están ‘subsidiando’ al Estado, quien tiene el mandato de hacerse cargo de la seguridad, pero la ciudadanía no siente que ello se esté cumpliendo. El delito es más violento, el fenómeno criminal está cambiando y tenemos que adecuarnos a esta nueva criminalidad si queremos abordar un fenómeno que no se va a ir por sí solo. Eso sí, no estamos en un abismo o en el despeñadero. Si bien es complejo, no es similar a lo que ocurre en el resto de Latinoamérica”.
Asimismo, un aspecto novedoso que ahondó la medición dice relación sobre si las personas están o no dispuestas a limitar su libertad personal a cambio de mayor seguridad, arrojando un resultado estrecho: un 47% afirmó que sí está dispuesto a limitar su libertad por más seguridad, mientras que un 44% dijo no estarlo.
Mejores políticas públicas en seguridad
La académica USS Pía Greene sostiene que estos resultados deben impactar en el diseño e implementación de mejores políticas públicas para resguardar la seguridad de la población. “A mí me parece que el gobierno ha tenido un avance positivo en el último tiempo, pues nadie desconoce que los altos personeros de esta administración se identificaron en el pasado reciente como muy críticas al accionar de Carabineros. Hoy, por ejemplo, el plan ‘Calles sin violencia’ implica más recursos para la institución”.
No obstante, la especialista USS apunta como una falencia la falta de acuerdos transversales dentro del Poder Legislativo. “Hoy existe un paquete de 31 medidas de seguridad en el Congreso que están avanzando”, donde destaca la creación del Ministerio de Seguridad, el cual considera relevante, a pesar de que aún faltan consensos. “Este nuevo ministerio debería producir una coordinación real entre las instituciones dedicadas a la seguridad que no se está produciendo hoy”, plantea.
A ello, Greene considera que el Ministerio Público también está tratando de innovar con la creación de crear una ‘Fiscalía Supraregional’ planteado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, donde la investigadora ve que “las fiscalías son como islas, y tienen que trabajar en conjunto frente a delitos que ocurren en las macrozonas”.
Otro tema que el CESCRO USS está estudiando -manifiesta Greene- es plantear políticas públicas respecto del sistema carcelario, tales como ahondar en la sobrepoblación, separar internos por compromiso y riesgo delictual frente al contacto criminológico, lo que provoca que algunos reos eleven sus niveles de conocimiento a la hora de planificar y cometer delitos. “La evidencia demuestra que hay muchos delitos que no tienen que estar en la cárcel. Las penas no necesitan ser más duras, necesitan ser más efectivas, que se cumplan”, propone.
Este estudio cuantitativo con muestreo aleatorio estratificado proporcional por región fue aplicado entre el 24 y el 29 de agosto de 2023, a un universo de hombres y mujeres mayores de 18 años de todas las regiones del país, una muestra de 1.266 encuestados exitosos representativos de todos los tramos etarios y todos los grupos socioeconómicos NSE. Su error muestral es del 2,75% con un 95% de confianza.
