El entusiasmo de los parlamentarios para avanzar en una agenda legislativa de seguridad, dada la crisis de criminalidad que vive el país, pasó a convertirse en un problema.
De hecho, ya son varias las peticiones de diputados y senadores para poner en tabla iniciativas que ayuden en el combate de la delincuencia
Este frenesí complica al presidente del Senado, José García (RN), a su par de la Cámara, Karol Cariola (PC), y a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quienes se reunirán este lunes a las 11.30 en La Moneda con el fin de acordar una nueva agenda de prioridades: un nuevo fast track (vía rápida) legislativo en seguridad.
Afinar el listado de iniciativas a las que se les dará celeridad, no es una tarea fácil. Probablemente algunos parlamentarios no quedarán satisfechos. No solo por el inevitable choque ideológico detrás de cada materia, sino también por el interés individual de cada legislador de que prosperen los proyectos de su autoría.
De partida, hay siete iniciativas que quedaron pendientes del “fast track legislativo” del año pasado, que acordó Tohá con el anterior presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), entre ellas algunas reformas complejas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo Sistema de Inteligencia, la Reglas de Uso de la Fuerza, la Defensoría de la Víctimas y el subsistema de Inteligencia Financiera.
Por su parte, hace dos semanas, García (RN) y el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), pidieron añadir otros 16 proyectos, entre ellos la reforma a la ley antiterrorista. Sin embargo, con el paso de los días ese listado se ha ido engrosando con más solicitudes de otros senadores.
Lo mismo le ha pasado a la presidenta de la Cámara, quien tras una ronda de reuniones con jefes de bancadas, comenzó a recibir una larga lista de solicitudes de mociones parlamentarias. Hasta este fin de semana, la nómina de la Cámara bordeaba las 30 iniciativas.
Ante tal oleada de peticiones, este lunes será el día decisivo para “cortar”.
Según explican en el gobierno y en ambas ramas del Congreso, una lista muy extensa de proyectos ya dejaría de ser un fast track. Por ejemplo, el año pasado, el gobierno y el Congreso se autoimpusieron una ambiciosa meta de 31 iniciativas, pero al cabo de 12 meses solo lograron despachar 24.
“En esto tenemos que ser realistas, tanto en la mesa de la Cámara como en la de Senado, hemos recibido un número significativo de iniciativas de distintos parlamentarios, que nos dicen que en la agenda priorizada esté tal proyecto, pero si los ponemos todos, no hay priorización y no los vamos a poder despachar todos, siendo realista. Puede que frustremos las expectativas algunos parlamentarios, lamentablemente no pueden estar todos”, dice el senador García (RN), quien explica que “debemos priorizar y ponernos de acuerdo” en proyectos que tenga un mayor impacto.
“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para lograr un acuerdo para un fast track en el ámbito de la seguridad. Hasta acá hemos hablado de 30 proyectos de ley. Esperamos que todas las fuerzas políticas estén en este esfuerzo. Que nadie se reste. No es fácil concordar una agenda, porque hay intereses distintos”, comenta el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), quien también estará en la reunión de este lunes.
Como punto de partida, la ministra Tohá ha pedido que esta nueva agenda de prioridades tenga como base los siete proyectos que no alcanzaron a resolverse el año pasado. Estos siete proyectos, que incidirán en que esta nueva agenda tal vez no sea tan novedosa, al menos ya pasaron su primer trámite legislativo.
Incluso, iniciativas como el nuevo Ministerio de Seguridad debiera votarse próximamente en el Senado, en tercer trámite, para dar paso a una decisiva comisión mixta de diputados y senadores, que debería proponer un texto final. En caso contrario, se daría por desahuciado al proyecto que viene desde el anterior gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.
El presidente del Senado, en tanto, ha puesto especial interés en sacar pronto la reforma a la ley de antiterrorista, que ya cuenta con un acuerdo técnico entre el gobierno y algunos equipos legislativos de la oposición y ya fue aprobado por los senadores en la semana en que se suspendió el receso legislativo a raíz del asesinato de tres carabineros en Cañete.
Sin embargo, esta iniciativa, que recién está comenzando su discusión en la Cámara, ha vuelto a trabarse ante las exigencias de diputados opositores.
A juicio del senador García (RN), quien representa a la Región de La Araucanía, esta reforma no puede seguir dilatándose, ya que es una ley que ha caído en desuso por ser poco efectiva. De hecho, en lo personal retiró un conjunto de indicaciones para facilitar su despacho por el Senado. “El fin de semana, en que asesinaron a los 3 carabineros, yo escuchaba al subsecretario Manuel Monsalve y la ministra Carolina Tohá reconociendo que había sido un acto terrorista. Incluso el propio Presidente se refirió al asesinato como un acto terrorista, pero que no podíamos aplicar la ley antiterrorista, porque no íbamos a lograr las condenas y no íbamos a lograr la eficacia en las investigaciones. Esas cosas son absurdas. Tenemos una ley antigua, tenemos una ley que no cumple las condiciones para poder llevar adelante investigaciones exitosas, entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es modificar la ley y tener disposiciones legales que sean efectivas y que permitan combatir al terrorismo”, señala.
