La sensación de inseguridad en Chile es alta, aunque la tasa de homicidios sea de 6,6 cada 100 mil habitantes, una de las más bajas del continente. Hubo también un cambio en la criminalidad, o dicho de otra forma: hay nuevas formas de comisión de delitos y aquellos de alta connotación social son más frecuentes.
En ese contexto, y con una oposición planteando el tema en todos los espacios, fue que este martes el Presidente Gabriel Boric anunció una iniciativa legislativa que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.
Un servicio, según explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien participó de la actividad en La Moneda, será descentralizado, “sometido a la supervigilancia del ministerio de Justicia, estructurado sobre la base de 16 direcciones regionales”: “La demanda de nuevas atenciones y particularmente de la posición de las víctimas, exige un sistema algo más eficiente desde el punto de vista institucional y del rol que le corresponde al Estado en ella”.
El Presidente Boric, por su parte, destacó: “El Gobierno está cumpliendo con lo que se comprometió (…) Es tarea conjunta, vamos a seguir colegislando con el Parlamento para sacar este proyecto adelante”.
Ejes
El ministro Cordero complementó que esta iniciativa tendrá tres ejes: asistencia de asesoría jurídica en general, pero también especializada en ámbitos diversos como niñez, adultos mayores, derechos humanos y laboral. También una resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación que “por cerca de dos décadas ha sido exitoso en familia y que resulta razonable extenderlo a otros ámbitos para “descongestionar el sistema judicial”. Y tercero, establecerá un mecanismo integral de atención de víctimas, en particular en delitos violentos.
Estructura
El Servicio tendrá 16 direcciones regionales, las que tendrán atribuciones para gestionar en el nivel regional algunas atribuciones propias, sin perjuicio de que puedan delegar facultades.
El Servicio estará a cargo de los consultorios y centros actualmente existentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
La dirección Nacional tendrá tres subdirecciones: de Líneas de Acción y Programas; la Operativa; y la de Defensoría de las víctimas. Esta última atenderá a personas naturales víctimas de delitos, proveyéndolas de información, orientación, asistencia psicológica y representación jurídica cuando corresponda y en conformidad a la ley y el reglamento.
Entrega de información (avances y estado de la causa judicial, gestiones y necesidades de apoyo), atención psicosocial y jurídica son los servicios que se les entregarán a las víctimas. Además, consolidará los dos principales programas púbicos de víctimas (Centros de Atención Integral a Víctimas, y el Programa de Apoyo a las Víctimas), dejando una ventanilla única.
Crítica política
El Presidente dedicó minutos a abordar las críticas de la oposición, en particular, la “ridiculización” de las medidas adoptadas por su administración: por ejemplo, el viaje de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a Colchane para inaugurar un centro fronterizo de alto nivel.
“Hubo quienes incluso con responsabilidad política, o irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que era lo único que hacía: el caso del altavoz para quienes cruzaban la frontera y decirles que estaban identificados. Omitieron el control, el reforzamiento, el empadronamiento, la reconducción en el caso de Bolivia. Se quedaron con lo que convenía para el objetivo político. Es inaceptable”, espetó el Mandatario.
En la misma línea, agregó: “Tenemos que ponernos serios porque el objetivo es común. Y si es común, ¿de qué sirve andar peleando? ¿De qué sirve el tweet con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto (…) Llamo a trabajar todos en la misma dirección”.
Ultimatum
Parlamentarios de Renovación Nacional dieron un ultimátum a la ministra Tohá para que concrete la expulsión de 12 mil migrantes en situación irregular. También respondió el Mandatario: “¿Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el Gobierno anterior nos están pidiendo que lo hagamos en dos meses, sabiendo que es materialmente imposible?”.
Así las cosas, recordó el empadronamiento voluntario (para lo que queda un mes”, y a quienes no lo realicen, “se presumen sospechosos. Y a quienes no lo realicen, vamos a buscarlas, encontrarlas y las vamos a expulsar”.
