Durante la jornada de este lunes, la comisión de Principios aprobó una enmienda de unidad de propósito -impulsada por la derecha- que hace referencia a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, y que ha sido duramente criticada tanto por comisionados como consejeros de izquierda del proceso constituyente actual.
Los reproches no solo llegaron desde la izquierda. Incluso en Chile Vamos, en varios de sus comisionados y en algunos consejeros, consideran que la norma está mal redactada y deberá ser corregida.
La norma, que lleva las firmas de representantes del Partido Republicano y de Chile Vamos, establece: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.
Actualmente, la objeción de conciencia individual e institucional tiene rango legal y aplica específicamente para la ley de aborto en tres causales. Es por eso, que la norma ha causado ruido ya que, comentan fuentes del oficialismo y la oposición, se eleva a un rango constitucional un derecho con alcances generales.
La disposición fue defendida con fuerza por parte del delegado republicano Luis Silva. “Chile Vamos y republicanos, en una unidad de propósito, hemos incorporado la objeción de conciencia individual e institucional explícitamente como uno de los aspectos de esta libertad de conciencia y libertad religiosa que creemos que es fundamental en un Estado que va creciendo y en el que las amenazas al ejercicio de esta libertad son mayores”, afirmó el consejero en un punto de prensa el lunes de esta semana..
Los reproches a la cláusula aprobada en comisión también han traspasado los muros del Congreso en Santiago, la sede donde sesiona el Consejo. Por ejemplo la constitucionalista y consejera del Colegio de Abogados, Elisa Walker, considera que la norma tiene deficiencias. “Tanto en el derecho comparado como en Chile, las pocas veces que se regula la figura de la objeción de conciencia se ha realizado mediante leyes de aplicación especial, no en la Constitución, y se establecen hipótesis excepcionales y acotadas asociadas al cumplimiento de un deber legal que irroga una gran carga de gran proporción para quien debe realizarla. Por ejemplo, se permite no cumplir con el servicio militar cuando se es pacifista o no realizar un aborto por un médico o médica que está en desacuerdo con terminar con la vida intrauterina”, dijo la abogada.
Walker aseguró que “la enmienda que fue aprobada y que consagra la objeción de conciencia personal e institucional a nivel constitucional general no cumple con ninguno de estos supuestos”.
La abogada además explicó que “por un lado, se consagra la objeción de conciencia como un derecho constitucional. Por otro lado, se permite que se aplique a cualquier norma vigente. Su efecto es devastador porque destruye el principio básico del Estado de derecho que considera la obligación que tenemos todos los habitantes de la República de cumplir la ley y sus repercusiones superan con creces la discusión sobre el aborto”.
Sin embargo, la profesora de derecho constitucional de la Universidad de Los Andes, Soledad Bertelsen, cree que esas especificaciones van a quedar a la regulación legal y “es muy difícil que tenga una aplicación automática sin una concretización en la ley”. El problema, comentan en el oficialismo, que tal como quedó la norma la remisión a la ley no quedó de manera explícita.
Según Bertelsen “la forma en que la ley lo regula no depende solo de ese artículo, sino que de otros también que hablan sobre el contenido esencial del derecho y hasta dónde puede llegar la ley en la regulación de los derechos”.
La académica añade que “la ley tendría que regular sin limitarlo, sin quitarle el derecho a la objeción de conciencia, sino aterrizarlo en cómo ejercerlo (…) Eso no significa que las leyes pueden llegar a limitarlo de cualquier manera, tienen que hacerlo para que se pueda ejercer, ya que no sea una cosa imposible de ejercer. Si le ponen trabas que lo hagan impracticables, eso podría ser inconstitucional”.
El punto que comenta Bertelsen fue abordado por la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN). La representante integra la comisión de Principios, que fue la instancia que visó la indicación. Según la consejera, la protección de la objeción de conciencia, con rango constitucional, deja en manos de la ley especificar de qué forma opera y en qué circunstancias.
Por su parte, el académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso considera que la norma implica “un serio retroceso respecto de lo aprobado por la Comisión Experta, tanto en términos de técnica constitucional como por sus efectos”. Couso añade que, a su juicio, se trata de “una norma defectuosa”. Desde su punto de vista, los problemas apuntan en otro sentido.
“Los expertos saben más derecho constitucional que los consejeros y tienen claro que, en el derecho constitucional de ningún país desarrollado, existe la objeción de conciencia institucional. Las personas tienen conciencia, no las instituciones. Las instituciones pueden tener misiones institucionales, pero no conciencia (…) Esta enmienda es técnicamente defectuosa porque la conciencia es algo que tienen las personas, no las corporaciones”, explicó Couso.
