El 8 de marzo se cumplirá exactamente un año desde que la Cámara de Diputados le propinara una de las mayores derrotas legislativas al gobierno: el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria, eje central del programa de Gabriel Boric. Fue un hecho sorpresivo que desbarrancó la estrategia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien esperaba negociar en el Senado algunas modificaciones con la oposición. Nada de eso sucedió. Y ahora, a un año de ese episodio, Hacienda hará un nuevo intento por lograr aprobar un nuevo proyecto y de esa manera generar recursos permanentes para reimpulsar su agenda programática.
Por lo mismo, después de varias mesas de trabajo con representantes de los partidos políticos, a fines de enero el titular de las finanzas públicas presentó el contenido del proyecto de cumplimiento tributario, que incluye medidas para reducir la evasión, elusión y la informalidad laboral.
Esta iniciativa ya ingresó a la Cámara de Diputados y se tiene previsto que comience su discusión legislativa la primera semana de marzo. Desde el gobierno trasmiten que una vez que se inicie ese debate se reforzará el mensaje de la necesidad de contar con esos recursos para financiar el alza a $250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU), algo que de alguna manera quedó estipulado cuando se aprobó en general la reforma previsional en la Cámara de Diputados, que condiciona la llegada a ese monto a los ingresos permanentes del país.
Precisamente, del 1,5% del PIB que se pretende recaudar con el proyecto de cumplimiento tributario, 1,2 puntos irían a financiar las pensiones. El resto se orientará al financiamiento de materias de seguridad ciudadana. Por ello, el énfasis que el gobierno entregará en la discusión será ese, pero también la estrategia apuntará a relevar, para conseguir respaldo al objetivo antievasión, casos como Factop o el llamado “mayor fraude tributario de la historia”.
Otro de los argumentos que reforzará Hacienda durante la discusión es que durante el trabajo previo con los representantes de los partidos políticos se fueron consensuando varios de los ejes que hoy están en proyecto, por lo que anticipan que debería haber un mayor consenso en la necesidad de fortalecer los mecanismos para combatir el incumplimiento tributario.
El plazo que se autoimpuso el Ejecutivo es que se pueda tener aprobado el proyecto del Congreso nacional en junio, algo que es mirado con distancia por la oposición. En el oficialismo, sin embargo, lo ven factible y necesario.
La primera instancia que revisará este proyecto será la Comisión de Hacienda, que es presidida por la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, quien confirmó que el debate comenzará la primera semana de marzo. Y por lo mismo, espera que tenga “una discusión ágil y eficiente. Si bien haremos sesiones y escucharemos expertos, esta es una materia que ya lleva varios meses de discusión y donde diversos actores han podido dar sus posturas”.
Para la legisladora, el proyecto de cumplimiento tributario es una prioridad nacional, por dos motivos esenciales. Primero, “por el escandaloso caso Hermosilla, que nos vuelve a recordar la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización de la evasión y elusión tributaria, y segundo, por las cifras que dio a conocer el SII respeto a esto mismo: Chile estaría perdiendo 6,5 puntos del PIB por evasión y elusión. Esas son cifras descomunales y recursos que necesitamos para financiar las demandas de las familias chilenas”, enfatiza.
En la oposición, el diputado RN Miguel Mellado pone en duda la rapidez de la discusión. “Con la llegada de marzo lo que espero es que el gobierno entienda que los números de crecimiento y empleo han sido malos. Lo lógico es que esa sea la primera preocupación de Hacienda, el cómo reactivar la economía, en lugar de avanzar en temas de impuestos. Ese sentido de urgencia no ha estado presente”. Por ello, anticipa que la discusión “será lenta”.
Su par de RN, Sofía Cid, plantea que el cumplimiento de esos plazos estará en manos del gobierno. “Todo dependerá de la disposición a escuchar críticas constructivas y a realizar modificaciones durante la tramitación. Si el gobierno llega con la misma actitud de la reforma tributaria y de la reforma de pensiones, de seguro se enredará la discusión y el resultado puede ser que se dilate la tramitación. En definitiva, dependerá de la actitud del gobierno y del contenido del proyecto que sea rápidamente aprobado o no”.
Eric Aedo, diputado de la DC, se inclina por una rápida discusión y aprobación. “Tiene buenas posibilidades de éxito, porque hay un amplio consenso político en todos los sectores. Además, las cifras que maneja el SII en relación a los montos muestran que las cifras que se evaden y eluden en Chile son muy altos. Es una enorme cantidad de recursos que el Fisco pierde, por lo tanto, no veo espacio para que ninguna fuerza política no quiera aportar un proyecto que busque combatir esta problemática. Sería una pésima señal”.
Esta propuesta tributaria tiene siete ejes, pero algunos desde ya se anticipan más conflictivos en el trámite legislativo. Entre ellos están la creación de la figura del denunciante anónimo, el nuevo peso de la prueba de la norma antielusión y una nueva ventana para repatriar capitales.
La propuesta de Hacienda traslada a sede administrativa la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión y establece la obligatoriedad de que el Servicio consulte a una comisión técnica de siete integrantes que emita una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará el SII.
No obstante, Marcel ya dejó la puerta abierta para cambiar esa matriz: “La calificación de la norma antielusión, si es en sede administrativa o no, tiene que resolverse en proceso legislativo, pero para que eso funcione tiene que haber una propuesta”, declaró cuando presentó la propuesta.
El difícil camino para subir impuestos
El proyecto de cumplimiento tributario se avizora que tendrá una compleja tramitación, pero es más factible que vea la luz y termine siendo ley. Eso es lo que a nivel de parlamentarios se comenta, ya que hay consenso en la necesidad de reducir los índices de evasión y elusión. Si bien en la oposición consideran que se deben hacer modificaciones, ven espacio para llegar a un entendimiento con Hacienda.
Pero donde el camino está más pedregoso es en el proyecto de renta que, en lo medular, buscar subir el impuesto a las personas, avanzar en el sistema dual con tasas diferenciadas para el retiro de las rentas provenientes del capital y eliminar o reducir algunas exenciones. Con eso se pretende recaudar 0,6% del PIB.
En la oposición se apuran en responder que no hay ningún espacio para elevar los gravámenes a las personas, dada la situación económica y de empleo que registra actualmente el país. “El énfasis debe estar en las eficiencias de los recursos públicos existentes, la reforma al Estado, incentivos para impulso al crecimiento, la repatriación capital, la incorporación de los recursos permanentes del litio y el control de la elusión. No en alzas de impuestos”, subraya el senador de Evópoli y jefe de comité, Luciano Cruz-Coke.
Sofía Cid refuerza esa mirada: “Un aumento de impuestos y regulaciones en este momento podría terminar siendo fatal para el crecimiento a futuro, así como para incentivar la inversión que tanta falta hace en estos momentos”.
A esta postura se suma la visión de la DC, que tampoco ve positivo un aumento en los tributos. “Veo difícil que ese proyecto avance. Creo que no están las condiciones económicas para seguir subiéndole el impuesto a la clase media, a los emprendedores, a los profesionales. A la gente que todos los días paga las cuentas, el colegio, el TAG, el crédito hipotecario, entonces: ¿por qué se le dará un mazazo en la cabeza a la clase media? Desde la bancada de la DC miramos ese aspecto del pacto tributario con bastante distancia”, sostiene el representante de la DC en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Eric Aedo.
Los votos de esta bancada son claves para inclinar la balanza hacia el gobierno, por lo que si no los consigue, se tornará aún más cuesta arriba que esa iniciativa avance, considerando las fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados.
Desde el oficialismo afirman que el alza de impuestos estará concentrada en los sectores altos de la población y que en ningún casi terminará afectado a la clase media o los emprendedores. Por ello piden a los partidarios de la centro-derecha que, al menos, se abran a discutir el tema. “Es necesaria una apertura de la derecha. Estamos hablando de que la clase alta, los miembros más ricos de la sociedad paguen más impuestos. No hay excusas considerando los niveles de desigualdad que tiene el país y las necesidades sociales a cumplir”, enfatiza Gael Yeomans.
Mientras que el diputado PS Jaime Naranjo comenta que “el crecimiento o la mayor eficiencia en el gasto público son complementarios, pero insuficientes para recaudar más y resolver el problema de injusticia social. El único camino que queda para recaudar más es subiendo impuestos. Ha llegado la hora de dejar de darnos vuelta en círculo y tomar de una vez por todas la decisión, aunque, por cierto, como tantas veces el sector empresarial se va a oponer”.
En la oposición, y entre algunos expertos, han surgido voces que plantean que si se quiere subir el impuesto de las personas de mayores ingresos, se debe instalar el debate sobre la ampliación de la base impositiva. Hoy, las personas que tienen ingresos de hasta $825 mil mensuales quedan exentas de este tributo.
Desde el gobierno han descartado en varias oportunidades impulsar una medida como esta. La última vez fue en una entrevista con Pulso, donde el ministro Marcel lo aseguró una vez más al señalar que “no vamos a proponer una ampliación de la base para el impuesto a las personas”.
Para avanzar en la búsqueda de acuerdos, este lunes se realizará una segunda reunión entre Hacienda y los representantes de los partidos políticos, donde se abordarán los ejes del proyecto de renta. En esta ocasión se espera que el tema que se discuta sea el de las exenciones. La idea del gobierno es llegar con una propuesta consensuada para ingresar el proyecto de ley a mediados de marzo o principios de abril.
Dentro de la propuesta está incluida la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría y los aumentos de recaudación vendrán por los impuestos a los ingresos personales, tanto en lo que se refiere a la estructura del global complementario -en las tasas para los tramos más altos de renta-, como para el cambio en el tratamiento de las rentas personales provenientes del capital. Esto último se refiere a implementar el régimen dual, lo que implica gravar con una tasa especial los ingresos provenientes del capital, particularmente los dividendos de sociedades. También se buscará reducir o eliminar algunas exenciones. Esas son las fuentes para lograr recaudar el 0,6% del PIB.
