Durante la semana pasada, luego del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, no solo llamó a todos los presidentes de los partidos oficialistas, sino que también se comunicó con los presidentes de los partidos de oposición -de centro y de Chile Vamos- para pedir colaboración en el manejo de un caso que ya se veía complejo.
Desde ahí la jefa de gabinete ha estado recibiendo llamados, aunque ha reiterado que no se puede entregar mucha información, porque la está llevando la Fiscalía y es de carácter reservado.
De hecho, en la noche de este lunes la senadora Ximena Rincón (Demócratas) conversó con Tohá para pedirle el convenio que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el viaje que realizó a Caracas en enero para enfrentar el crimen organizado -gestión que en ese entonces fue valorada por algunos sectores de la oposición-.
En sus conversaciones con dirigentes de la oposición, según cuentan en el sector, la titular del Interior ha intentado hacer una especie de control de daños para evitar que las críticas sigan escalando, en un contexto en donde la investigación tiene carácter de reservada.
En este escenario, Rincón junto a timoneles de centroderecha como el presidente de la UDI, Javier Macaya, han realizado gestiones para reunirse con Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, en La Moneda para tener más antecedentes del caso.
Esa cita se llevará a cabo este miércoles, a las 17.30 y también estarán las directivas de RN, Evópoli y el Partido Republicano.
En la oposición adelantaron las consultas que quieren resolver en el encuentro ya que los líderes de la UDI, RN y Demócratas enviaron cuatro oficios a los ministerios involucrados. En ellos se solicita dar a conocer medidas y gestiones a nivel nacional e internacional para “monitorear y contrarrestar posibles actividades ilícitas o subversivas llevadas a cabo por individuos o grupos vinculados a la situación en Venezuela” y también para resguardar a refugiados.
Además, se pide entregar detalles del convenio firmado en Caracas por Monsalve e informar “cualquier evidencia o inteligencia relacionada con la presencia de fuerzas, células o grupos militares o paramilitares asociados a Venezuela en territorio nacional”.
Las gestiones las ha encabezado la propia titular del Interior y los ministros les han explicado a los partidos -oficialistas y de oposición- que es un tema delicado, ya que hay que considerar los riesgos para la víctima, su familia y también que podría entorpecer la investigación. Por lo mismo, han evitado también entregar detalles de las gestiones en política migratoria con otros países y con Interpol.
Lo cierto es que en las últimas horas ha ido subiendo la presión por parte de la oposición para que el Ejecutivo entregue más información. Incluso, durante la semana pasada plantearon la idea de convocar -anticipadamente al regreso legislativo del Congreso- a una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó debido a que en el oficialismo no dieron la unanimidad.
Este lunes la ministra Vallejo, en su vocería semanal, pidió responsabilidad en el manejo político del caso. “Se han levantado muchas hipótesis, particularmente en relación a una de las hipótesis por parte de un sector de la oposición. Y tendrán que ellos hacerse cargo de esa hipótesis. Pero como gobierno no nos corresponde aquello. Ni inclinarnos por una ni descartar otra, porque no es el gobierno el que investiga ni esclarece una hipótesis”, dijo la vocera.
Además, la secretaria de Estado pidió que no haya aprovechamiento político del caso. Esto, en alusión a una de las hipótesis de la indagación que apunta a que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás del secuestro. La diputada comunista, de hecho, se alineó con la bajada comunicacional que adquirió su partido, el PC.
“Podemos estar generándonos un conflicto diplomático sin tener todos los elementos”, dijo esta mañana, en radio Infinita, la secretaria general de ese partido, Bárbara Figueroa.
Y agregó: “Suponer que un Estado está actuando para perseguir a sus connacionales en otros territorios son palabras mayores”.
Tohá, a primera hora de esta mañana, también respondió a las críticas de la oposición en Mesa Central. “El compromiso que tenemos nosotros y el énfasis que le he puesto a esto es para que de verdad la víctima sea recuperada con vida y que demos con los responsables de este secuestro. Y vamos a hacer todo lo necesario, incluso tener que soportar esta lluvia de críticas porque no damos información, si eso favorece la investigación”, dijo la jefa de gabinete, quien aseguró que hacer una sesión secreta en el Congreso es “un sinsentido total”.
“Una sesión secreta donde no vamos a poder decir nada. Yo quiero decir, no vamos a poder decir nada ¿Por qué? Hemos tenido ya demasiadas experiencias de sesiones, incluso secretas, en que se filtran los antecedentes. Las cosas que se discuten en esas sesiones. Y la verdad, a efectos de lo que hoy día importa, la prioridad es el éxito de la investigación y la seguridad de la víctima”, explicó Tohá.
La jefa de gabinete además aseguró que hay avances en la investigación, pero reiteró que es información reservada.
Sesiones secretas en el Congreso: el principal recurso de la derecha
Pese a la negativa de Tohá, en la derecha insisten en que el gobierno, a través de la ministra del Interior, dé explicaciones en el Congreso en una sesión de carácter secreta.
Los parlamentarios del sector, de hecho, ya están haciendo las gestiones con el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, para que la sesión se realice el próximo lunes a las 15.00.
“Le solicité al presidente de la Cámara que, a través de los comités, nos autorice a sesionar en secreto una sesión conjunta de Defensa, Seguridad e Inteligencia para el próximo lunes a las 15.00. Para lo cual nosotros vamos a citar a la ministra del Interior, al subsecretario del Interior, al general director de Carabineros, al director de la PDI y al director de la ANI”, manifestó el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).
Sin embargo, el secretario general de esa tienda, Juan Carlos González, matizó en que en las gestiones se trate de subirle la presión al Ejecutivo, pero aseguró que necesitan “tener mayor información sobre estas eventuales amenazas a la seguridad interior y exterior del país”.
El diputado Henry Leal, integrante de la Comisión de Defensa, aseguró que el plan es “iniciar una ofensiva apenas volvamos a la legislatura, vamos a pedir una comisión investigadora, queremos conocer en profundidad el convenio que se firmó, los alcances, vamos a pedir sesiones secretas y vamos a hacer todo lo que sea necesario”.
Junto con lo anterior, el parlamentario afirmó que le van a exigir al gobierno “que se haga cargo porque aquí hay una estrategia comunicacional del gobierno; es decir, esto es secreto y está en manos del Ministerio Público, se están lavando las manos completamente”.
En Renovación Nacional, la diputada Camila Flores, también integrante de la instancia de Defensa, señaló que “lo primero que vamos a hacer el día martes es exigir al Ejecutivo que se nos entregue información al respecto y voy a pedir que podamos tener una sesión secreta de la Comisión de Defensa para que se nos puedan aportar antecedentes”. Para esa diligencia, Flores tiene en mente pedirles información a los ministerios de Interior y de Defensa, además de citar al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien no ha sido notificado de esas intenciones.
Su par Diego Schalper, en tanto, manifestó que va a citar a la Comisión de Seguridad al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y al director de la PDI, Sergio Muñoz, “para que informen sobre las informaciones requeridas por Venezuela y brindadas por Chile en razón de ese acuerdo. Sesión que debiese ser secreta y el oficio reservado”.
Mientras que en el Partido Republicano han presionado para pedir la salida del comunista Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior, donde trabaja como asesor. “El señor Lagos parece que es el jefe de la Subsecretaría del Interior, que tiene más antecedentes que el subsecretario, deberían pedirle la renuncia al tiro”, dijo el diputado Agustín Romero, jefe de la bancada.
