Con la convicción de que la actual alcaldesa Evelyn Matthei es la candidata mejor aspectada del sector para ser candidata a la Presidencia de la República, es que la UDI, la tienda en la cual milita, trabajó un documento programático que aborda nueve ejes en los cuales presenta propuestas.
Todos esos tópicos fueron trabajados por profesionales -no todos militantes de la UDI- en distintas comisiones. La tarea ha recaído en la secretaría general de la colectividad, que se ha encargado de organizar los equipos y la coordinación de las comisiones.
Al respecto, quien ostenta ese cargo en el partido, María José Hoffmann, aseguró que “tenemos la obligación de darle una alternativa de gobierno a nuestro país. Por eso, desde la UDI impulsamos este programa que busca devolverles la esperanza a los chilenos. La batalla cultural se gana con ideas y mucho trabajo”.
“El objetivo del proyecto es buscar ideas distintas e innovadoras, propuestas concretas que logren volver a tener el país que teníamos previo al estallido”, agregó Hoffmann.
En el texto han trabajado alrededor de 100 personas y la elaboración del mismo se viene gestando desde septiembre del año pasado. Testigos de su redacción, comentan que Matthei ha estado en constante conocimiento de los avances del escrito y que se ha reunido con las comisiones para monitorear los detalles.
En seguridad, por ejemplo, ha estado especialmente preocupada por un sistema de inteligencia, temas fronterizos y cárceles. El documento, añaden las mismas fuentes, puede ir sufriendo modificaciones a medida que vayan ocurriendo hechos contingentes que ameriten incorporar elementos o nuevas propuestas. “No está 100% cerrado”, comentan en la UDI.
En ese sentido, una de las vicepresidentas del partido y encargadas de este trabajo, Constanza Hube, sostuvo que “cada día se integran más personas especialmente desde regiones que quieren y están aportando al debate con ideas descentralizadas e innovadoras”.
Y agrega: “El eje central de Chile con esperanza y sus comisiones de trabajo es poner en el centro del programa de gobierno a las personas, no al Estado” y que es el “Estado el que tiene que hacer los esfuerzos y destinar los recursos a las personas y no al revés. Más que las personas tengan que depender del Estado, es el Estado el que se debe preocupar de lo mínimo: dar seguridad”.
Los ejes
El documento de 10 páginas detalla nueve ejes. El primero de ellos se le denomina “Batalla Cultural” y que funciona como paraguas para los otros ocho ejes.
Esta comisión, señalan fuentes del equipo de trabajo, es para darles un relato a las propuestas que se están trabajando y que no se trate de una “lista de supermercado”. “Se alimenta de los contenidos del resto de las comisiones”, aseguran las mismas fuentes.
Así, lo que hace esta primera comisión, es darle un hilo conductor narrativo al contenido.
En esta arista se afirma que “la conquista de la cultura es previa a la del poder político y nuestras ideas deben permear las dinámicas de relacionamiento social antes de ser exitosas en las urnas”.
“Lamentablemente, las ideas de una sociedad libre y responsable han sido incapaces de plasmarse culturalmente en los territorios, corazones y mentes de las personas a través de causas concretas que humanicen ideas y principios que hoy muchas veces se quedan en los gráficos y tecnicismos”, se lee en el documento.
Por lo mismo, se plantea el desafío de “cambiar el paradigma de que la idea que se instala a través de la violencia y/o el que grita más fuerte es una interpretación de lo que, de verdad, quieren los chilenos”.
“Un ejemplo claro de esto fue el fracaso de la Convención Constitucional que, a través de soberbia y poca conexión con la realidad, se alejó completamente del sentido común de las personas”, complementan.
La comisión 2 es sobre seguridad y migración. Aquí proponen un nuevo sistema de inteligencia y al servicio de la prevención del delito. En segundo término, proponen un derecho a la seguridad ciudadana.
Adicionalmente, se propone una reparación para las familias de Carabineros, pues argumentan que aquellas que pierden una madre o un padre funcionario de la institución “merecen una reparación que tenga por objeto mejorar la calidad de vida de cónyuges y los hijos”.
En cuanto a migración, se plantean solicitudes consulares con cuotas regionales; iniciativas en la frontera, como estructuras físicas, tales como cercos perimetrales y fosos; por último, medidas dentro de la frontera, como evitar la regularización automática de migrantes ilegales.
La comisión tres, en tanto, es en materia educacional. Aquí se propone una contrarreforma que reponga el mérito, priorizar la educación de primera infancia, y la recuperación de los aprendizajes, como la lectura y escritura.
La comisión cuatro se titula “Volver a crecer”. En este apartado se plantea el objetivo de “eficientar el uso de recursos fiscales”, además de un fast-track, beneficio tributario e invariabilidad tributaria a proyectos de inversión que generen empleos en la Macrozona Sur.
La quinta comisión lleva por nombre “empoderamiento de las personas y de la sociedad civil”. En este apartado se sugiere un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado y la aplicación del “principio de continuidad y prohibición de paralización de los servicios públicos”.
La comisión seis aborda temas de salud. En esa área las propuestas son un plan para las listas de espera, eliminar el componente político en la elección de directores de hospitales y servicios de salud y Fonasa, deshospitalizar la atención de salud y, por último, reimpulsar el Hospital Digital.
La séptima comisión es de trabajo y seguridad social. Aquí se apuntan a empleos formales, libertad de elección en pensiones y adaptabilidad y flexibilidad, poniendo como ejemplo la sala cuna universal.
La comisión 8 es sobre libertad de expresión y de prensa. Aquí, recalcan que la “cultura de la cancelación intenta censurar a personas que expresen opiniones que a un grupo le pueden parecer inaceptables y donde la libertad de expresión se ve amenazada”.
Por lo mismo, establecen que “más que una ‘comisión contra la desinformación’ como se está impulsando en Chile y que puede apuntar a un control informativo y de la libertad de expresión, son las leyes de servicios digitales que buscan regular los algoritmos que crean bots o cuentas falsas y los caminos que están siguiendo otros países para hacerse cargo de las informaciones falsas”.
En último término, está la comisión de medio ambiente. En esta área afirman que “se requiere una reforma a los instrumentos de gestión ambiental, mecanismos de tutela y participación ciudadana”.
Para esa reforma, añade el documento, “se requiere de una completa revisión de los instrumentos e institucionalidad de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y un mejor entendimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como un instrumento residual y enfocado en el análisis de riesgo ambiental dentro del ámbito discrecional”.
“Se requiere terminar con la excesiva influencia política en la toma de decisiones ambientales, como es el caso de las Comisiones de Evaluación y el Comité de Ministros”, cierra el documento.
