El documento que preparó Sofofa ante la preocupación por el crimen organizado

Para los empresarios chilenos, la situación en materia de delincuencia y crimen organizado es crítica. Anualmente, de acuerdo con las cifras que ha recopilado Sofofa, el crimen organizado en los distintos sectores de la economía chilena produce cientos de millones de dólares de pérdidas. La preocupación por este tema ha llevado a los dirigentes empresariales a reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia y entregar algunas propuestas que han levantado entre sus asociados.

Qué pasó. Los gremios asociados a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) han identificado una serie de crímenes organizados en la industria forestal, del salmón, los puertos y en otros sectores de la economía. A ello se suma la incertidumbre que viven los trabajadores que para ir y volver del trabajo tienen que adoptar medidas de cuidado extraordinarias que antes no tomaban.

• “Hoy en día, con la crisis de seguridad que estamos teniendo, hemos empezado a tipificar los delitos de una manera distinta, a entender que están ocurriendo delitos que antes no ocurrían en el país”, sostuvo la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, en conversación con Ex-Ante durante un encuentro con inversionistas españoles.
• La preocupación por este tema ha llevado a los dirigentes empresariales a reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y entregar algunas propuestas que han levantado entre sus asociados.
• La Dirección Políticas Públicas de Sofofa preparó un borrador para las reuniones con las autoridades persecutoras del crimen organizado y entregar un panorama de la situación que viven las empresas, las soluciones que han adoptado las compañías y espacios de coordinación que podrían servir a la Fiscalía.
• Muchos sectores de la economía, las empresas y los gremios han ido construyendo cada vez más sofisticados sistemas que permiten detectar un eventual golpe del crimen organizado. Sistemas que pueden también servir en las investigaciones del Ministerio Público y las policías.

El borrador. Ex-Ante tuvo acceso al borrador preparado por la Dirección Políticas Públicas de Sofofa como antecedentes y propuestas para la reunión que sostendrían los gremios con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia hace tres meses.

• La primera parte registra las ideas fuerzas que llevan al gremio a darle la importancia al tema de la seguridad. Se manifiesta “la preocupación de Sofofa, sus empresas socias y gremios por el escenario de inseguridad y violencia que enfrenta hoy el país, lo que afecta directamente a las empresas y a las personas que en ellas se desempeñan (y sus familias)”.
• Agrega que la “preocupación por la situación actual responde a que proveer de seguridad no es solo una de las tareas fundamentales del Estado, sino que también es una de las condiciones habilitantes para lograr una reactivación de la inversión y del crecimiento económico”.
• La segunda parte presenta antecedentes de que “la seguridad se ha instalado como una de las principales preocupaciones y prioridades de la ciudadanía, superando a otras demandas sociales como salud, educación, vivienda y pensiones”.
• Una encuesta realizada a 77 empresas socias de Sofofa arrojó los siguientes resultados relacionados a materias de seguridad:

• Además, un 64% de las empresas respondió que han sido víctimas de alguno de los delitos antes mencionados durante los últimos 6 meses.

Hechos concretos de violencia. El Comité de Seguridad de Sofofa levantó una serie de antecedentes respecto del impacto del crimen organizado y los hechos de violencia en distintas actividades productivas, antecedentes que dan cuenta del avance de la inseguridad en las empresas y sus trabajadores.

• Puertos: Se identifican dos tipos de contextos en los cuales se producen delitos: transporte de mercancías y en los recintos portuarios.
  • Respecto del transporte de mercancías, los productos robados son electrónica (25%), alimentos (20%), calzado y ropa (11%), bebidas y licores (7%) y otros productos (31%).
  • Por modalidad de delitos que afectan al transporte, las estadísticas señalan que el 57% ocurre por secuestro, el 19% por robo de la instalación, 13% por robo de vehículos, 4% robo a vehículo y 7% otro modus operandi.
  • Afirma que entre los años 2021 y 2022 existió un 450% de aumento en la frecuencia de reclamación o hecho delictivo y un 820% de aumento en el valor de la reclamación.
  • Identifican que los sujetos activos de los delitos suelen ser individuos y pandillas oportunistas que buscan acceder a carga no segura. Sin embargo, también se producen algunos robos selectivos, como en instalaciones logísticas o depósitos de productos específicos de alto valor.
  • El segundo contexto descrito se refiere a los hechos delictuales ocurridos en los recintos portuarios, las cifras del período entre enero 2021 y febrero 2023, muestran que, en promedio, ocurren entre 2 y 3 robos por mes.
• Industria del salmón. El documento describe que desde 2018 a la fecha la industria del salmón ha enfrentado 160 robos, de ellos 139 (86,3%) se concentra en robos de carga, seguido por robo a centros de cultivo y otros.
  • En términos de valorización, los robos de carga se valorizan en US$ 21.750.000, mientras que el restante en US$ 2.717.289. El año con mayor cantidad de robos fue 2020 con 44, seguido por 2022 con 40.
  • Las regiones de Biobío, Los Lagos y La Araucanía concentran el 66,2% de estos robos.
  • Diversas instalaciones de la industria han sido víctima de ataques 7 ataques incendiarios y sabotajes en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y los Lagos.
• Industria Forestal. CORMA, en el periodo 2014-2022, identifica 430 ataques incendiarios a trabajadores forestales, maquinarias o alguna infraestructura dentro de los predios, existiendo un alza progresiva en el número de ataques, pasando de 5 en 2014 a 104 en 2022. Las pérdidas estimadas de capital de trabajo ascienden a $ 166.363 millones.
  • En la Macrozona Sur son dos los delitos que afectan directamente a la industria forestal: robo de madera e incendios.
    • El robo de madera se refiere al robo industrial asociado a violencia armada, desalojo de vecinos y destrucción de las instalaciones. Este delito se ha cuadriplicado desde 2018 a 2022, siendo estimado el monto sustraído en US$$100 millones a 2022.
    • En delito de incendios, en el periodo 2022-2023, afectó a 409.269 hectáreas. De los incendios registrados en la región de La Araucanía 66% de ellos son intencionales, mismo porcentaje que afecta a la región del Biobío.

Propuestas para presentar al Fiscal Nacional.  El documento concluye con una serie de propuestas que pueden ayudar a la autoridad persecutora en su trabajo. El Comité de Seguridad y los distintos gremios compartieron distintas propuestas para avanzar en materia de seguridad, las que van desde la participación y seguimiento de iniciativas legislativas, como otras medidas para prevenir la ocurrencia de los delitos que afectan a las industrias.

• En primer lugar, priorizamos aquellas que son más relevantes para la Fiscalía:
  • Establecer instancias de coordinación entre los gremios que representan a los sectores afectados y el Ministerio Público, para trabajar desde el nivel central y el regional en el seguimiento de la jurisprudencia que se desarrolle desde la legislación más reciente como las leyes N° 21.488 y N° 21 633. Un ejemplo de coordinación es lo que se realizó entre el Ministerio Público y Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Telcos), lo que ha permitido una persecución más eficiente del robo de cables.
  • Aumentar y fortalecer atribuciones, modernizaciones institucionales y rendición de cuentas sustantivas a la ciudadanía. y coordinación:
    • Destinar mayores recursos a los organismos competentes de modo que accedan a equipamientos y tecnologías de última generación y fortalezcan la inteligencia de datos en sus procesos, junto con avanzar en rendiciones de cuenta públicas respecto de indicadores de resultados.
    • Reforzar la capacitación de los funcionarios públicos que participan en el proceso de fiscalización de la carga, así como de aquellos que participan de la prevención e investigación de este tipo de delitos.
    • Establecer un marco de coordinación formal e institucional entre los organismos públicos que participan en las labores de control y fiscalización de la carga (multiplicidad de organismo).
    • Regular el intercambio de información entre los organismos públicos, así como entre éstos y los operadores de los puertos del país, sujetos estos últimos al cumplimiento de la normativa pertinente.
    • Actualización permanente de mapas de riesgo a la autoridad.
    • Desarrollar estrategias claras con palancas causales que permitan lograr resultados, basadas en evidencia, dentro de las cuales se especifica qué recursos se requieren para qué, y qué se logrará y cómo se medirá ese logro.
• Adicionalmente, se levantaron otras propuestas:
  • Presentación de querellas a todo evento independiente de la cobertura de los seguros.
  • Aumentar controles en vías de acceso y al interior de los recintos portuarios, así como fiscalizaciones, revisiones físicas y control de la carga.
    • Aumentar gradualmente la fiscalización y revisión de las cargas por lo menos al 50%, adquiriendo mayor cantidad de equipos. Hoy no alcanza el 5% del total.
    • Aumentar la fiscalización y control de sellos de contenedores de exportación desde el origen hasta el puerto de salida.
• Trabajo de análisis criminal y cruce de información especializado.
• Fomentar la incorporación de tecnologías para el combate a la delincuencia y el crimen organizado, así como impulsar mayor inteligencia para el combate de estas bandas.
• Marcaje adicional de embalajes para fiscalización de rutas y mercados de destino.
• Capacitación permanente a fiscalizadores/Policías/Academias de formación de autoridades marítimas (AAMM).
• Implementación de centros y lugares de descanso seguro, estándares actualizados.