Tras la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) de su mandato, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer que “no vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente ni se consolide en nuestro país”, teniendo como trasfondo el asesinato de dos agricultores a manos de sujetos pertenecientes a una célula del Tren de Aragua, en la comuna de Malloa, Región de O’Higgins.
Puntos claves en ello –confirmaron asistentes al encuentro (donde estaban representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, la Contraloría y el Poder Legislativo, entre otros)– son tres cuerpos normativos: la Ley de Infraestructura Crítica, la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia.
Sin embargo, durante febrero impera el receso legislativo y, pese a algunas señales enviadas la semana pasada desde el oficialismo, en orden a que existía disposición a que el Parlamento sesionara de emergencia, especialmente en lo relativo a la Ley de Infraestructura Crítica, fuentes de la derecha dijeron a El Mostrador que sus congresistas no están dispuestos a ello, pero no es lo único, pues finalmente desde el Gobierno también indicaron que no existía espacio para algo semejante, por lo cual La Moneda se abocará durante las semanas de asueto que quedan a buscar acuerdos, para votar en marzo.
Al término de la reunión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó lo anterior, señalando que “cada legislación que incorporemos, por sí sola, no es suficiente”, sino que “es una estrategia integral lo que se requiere”. También dijo que tanto la Ley RUF como la de Inteligencia se conversaron e indicó que “estas dos leyes estaban dentro de la agenda priorizada, las tenemos totalmente como materias en las que hay que avanzar rápidamente”.
Tohá reveló que estos dos proyectos han estado trabajándose por parte del Gobierno y aseguró que “la razón por las que se han demorado no es por falta de urgencia, sino porque ha habido discrepancias en torno a los aspectos centrales de estos”. Sin embargo, sostuvo que “estamos en una posición bastante expectante hoy día, muy cerca de tener casi un acuerdo en todos los temas más complicados”.
Sobre aquello, comentó que las observaciones que se hicieron sobre el proyecto de infraestructura crítica en el Cosena apuntaban a las condiciones de funcionamiento de la ley: “Una de ellas es que quede muy clara cuál es la atribución, la función, la tarea que van a hacer las Fuerzas Armadas en estos perímetros alrededor de la infraestructura crítica”. En segundo lugar, indicó que es necesario que quede claro “el mando, quién toma las decisiones”. En tercer lugar, precisó, “deben ser claras las reglas del uso de la fuerza”.
Sobre eso, la ministra comentó que no se vio el detalle, pero sí entregó dos alternativas de resolución: “En la ley que está tramitándose o (incluir las RUF) en la propia Ley de Infraestructura Crítica”.
La titular de la cartera del Interior ejemplificó con la normativa que hoy tienen las fuerzas militares que cuidan la frontera norte, en la cual están incluidas las Reglas del Uso de la Fuerza. Hasta ahora, no existen otras Reglas del Uso de la Fuerza con rango legal y, a propósito de eso, Tohá explicó que avanzar en ello es algo en que “todos estamos de acuerdo” y que “en eso no hay diferencias, al contrario, hay una visión en común”, puntualizó.
Congreso cerrado por vacaciones
Estas iniciativas son parte de una política “integral”, dijeron asistentes al Cosena. Sin embargo, será clave el trabajo que se haga en el Congreso para darle curso a la agenda legislativa que tiene el Ejecutivo para enfrentar la crisis. Un contratiempo, sin embargo, es que el Parlamento se encuentra en receso legislativo y no sesionará hasta marzo.
La semana anterior, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), propuso suspender el receso legislativo para darle curso a la agenda de seguridad.
Al respecto, en declaraciones a El Mostrador señaló que “si del análisis del Gobierno se estima que es necesario tramitar alguna ley durante febrero, me comprometo a citar a sesiones y a conversar con todos los comités parlamentarios para que apoyen la medida”. Esto, a propósito de que necesita la unanimidad de todos los comités para incluir sesiones en el calendario ya zanjado.
El diputado Jaime Araya (Independiente-PPD) también se mostró abierto a sesionar. “Sería una señal muy potente de compromiso con la demanda de seguridad que tiene la ciudadanía”. El parlamentario agregó que “si se nos convoca a sesionar, comprometo mi asistencia” y añadió que “en medio de la crisis, si se requieren leyes adicionales, hay que estar listos para seguir trabajando”, afirmó.
Sin embargo, como se explica al inicio de esta nota, tanto voces oficialistas como opositoras comentan bajo reserva que técnicamente es muy difícil suspender el receso legislativo, dado que todos los funcionarios se toman vacaciones en este mes, hay muchos parlamentarios fuera del país y porque, además, en este periodo es cuando se arregla la infraestructura del Congreso.
Otra explicación más política, que viene de la oposición, es que no están dispuestos a sesionar porque significa traspasar un problema del Gobierno al Congreso y –según las mismas fuentes, bajo reserva de identidad– las soluciones no tienen que ver con las leyes, sino con una mala gestión del Ejecutivo.
Desde La Moneda entienden las complejidades técnicas y políticas que tiene suspender el receso legislativo. Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseveró que “el Gobierno en ningún momento ha planteado suspender el receso legislativo, porque lo que más le interesa al Gobierno es llegar a acuerdos en materias que son esenciales para mejorar las capacidades del Estado para proteger la seguridad de las personas”.
Al contrario, advirtió que la agenda del Ejecutivo está en “ocupar el mes de febrero para llegar a los acuerdos que se necesitan” y, así, “cuando se reinicie el receso legislativo, podamos actuar con la rapidez que nos pide el país. Por eso el Presidente citó a los poderes del Estado en el Cosena, porque el país le pide al Estado en su conjunto que actúe con sentido de urgencia”.
Sin embargo, voces opositoras vaticinan que es poco probable que se arribe a un acuerdo, pues estas leyes llevan un año en trámite y, lo que no se ha logrado en un año, difícilmente podrá resolverse en un mes, sostienen.
