Un momento inédito en la historia política se vivió este martes en la Cámara de Diputados luego que los parlamentarios aprobaran un proyecto de resolución que considera la búsqueda de “la verdad y la justicia” para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de detenidos desaparecidos “durante la dictadura militar”. Este último concepto ha sido históricamente renegado por la derecha.
En concreto, el proyecto -que menciona en cuatro oportunidades la palabra “dictadura”-, solicita al Presidente Gabriel Boric “medidas legislativas en materia procesal que permitan establecer mecanismos de entrega de antecedentes fidedignos que se refieran al paradero de los detenidos desaparecidos o de las circunstancias de su desaparición”.
Asimismo, se le solicita al ministro de Justicia, Luis Cordero, que “realice las gestiones que sean necesarias ante la excelentísima Corte Suprema a fin de que los jueces con dedicación exclusiva en materia de derechos humanos puedan contar con todos los recursos que sean necesarios para culminar sus investigaciones”.
El proyecto se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y se encontraba pendiente su votación.
Dichos del timonel comunista sobre régimen de Maduro desatan duras críticas transversales
Aprobación unánime
El documento fue presentado por los socialistas Daniel Manouchehri, Jaime Naranjo, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Nelson Venegas y Danisa Astudillo. Y fue aprobado por unanimidad por los parlamentarios presentes, vale decir, que no hubo abstenciones ni posturas en contra.
Sorpresivamente dentro de los parlamentarios que hablaron a favor del proyecto, se encontraba el diputado Republicano Cristián Araya y el parlamentario independiente (ex Republicano) Johannes Kaiser. Sin embargo, ambos hicieron hincapié en que no veían voluntad política y judicial para identificar osamentas que están en custodia del Servicio Médico Legal (SML).
“Durante el gobierno restaurador de las Fuerzas Armadas y de Orden se cometieron abusos, excesos y crímenes por parte de agentes del Estado. Es cierto. También es cierto que hay más de mil personas que fueron detenidas y cuyo paradero aún es desconocido. Todos los esfuerzos que sean necesarios para dar cristiana sepultura a las personas desaparecidas cuentan con nuestro total y más absoluto respaldo”, dijo primero Araya.
Por su parte, Kaiser apuntó a la identificación de detenidos desaparecidos: “69 cajas de mercadería donde se encuentran personas que son posiblemente detenidos desaparecidos no identificados desde hace más de 20 años. Cientos de personas pueden estar ahí. Más de 100 de todas maneras, me decía una fuente del Servicio Médico Legal. 578 protocolos abiertos en regiones y más protocolos abiertos en la Región Metropolitana. Estamos hablando potencialmente de más de 1.000 personas no identificadas hasta el día de hoy, gracias a la desidia, a la falta de compromiso, quien sabe si a la prevaricación de los jueces a los cuales se les asignaron las causas de derechos humanos. Y el sistema político ha callado, el sistema político ha cerrado los ojos ante esta insoportable situación”.
“Y no le echemos la culpa al Servicio Médico Legal, porque el Servicio Médico Legal no puede identificar de oficio. Tiene que hacerlo solo y exclusivamente de la mano de una orden de un juez competente. Y los jueces no dan la orden o la dan tarde, mal y nunca. (…) Es muy posible que tengamos a la gran mayoría los detenidos desaparecidos en poder del Estado desde hace más de 20 años y este Estado fracasa de manera permanente en entregarlo a sus familiares, y eso es una continuación de la violación de derechos humanos que supuestamente lamenta este Congreso. Es hora de que termine esta farsa, es hora de que se identifiquen los restos y se les entregue a sus familias”.
El tono sugerente de esos discursos, no obstante, molestó a la diputada Lorena Pizarro (PC), hija del dirigente comunista Waldo Pizarro, detenido desaparecido en dictadura, quien intervino en la sala para cuestionar a los legisladores opositores. “No tienen pudor. Se atreven a hablar de que no los queremos encontrar. No, señores. Desde el 90 que nos han tratado de canjear: verdad o justicia, los huesos o nada… No sean cara de palo. No vengan ustedes a hablar de nuestros muertos”.
A pesar de la discusión que se dio en la sala, finalmente el proyecto fue aprobado por los 146 diputados presentes.
En todo caso, el fondo de la resolución es compartido por la derecha, a pesar de que no compartan el uso de conceptos como ‘dictadura’.
De hecho, los dirigentes opositores suelen hablar de gobierno militar o régimen para referirse a ese período. La razón para apoyar el texto tiene una explicación política. Además de debilitar la estrategia de emplazamientos en contra el papel que desempeñó la derecha en la dictadura, en Chile Vamos y en el Partido Republicano sospechan que detrás de la demora en la identificación de restos en manos del SML también hay un intento de algunos personeros de izquierda de mantener abierto el tema de los detenidos desaparecidos.
