Como un relato “brutal” y “revestido de una crudeza que pocas veces se ve”, así definió el diputado por Antofagasta, Jaime Araya (Ind-PPD), los dichos del Fiscal Regional de esa zona, Juan Castro Bekios, a El Mostrador.
En la ocasión, junto con explicar que en los cinco meses que han transcurrido del año han sido incautadas ya 10 toneladas de droga allá, el persecutor entregó además detalles sobre las dos organizaciones criminales desbaratadas en las últimas semanas en distintos campamentos de la ciudad, una liderada por colombianos vinculados a “Los Shottas”, de Buenaventura, y la otra formada por “Los piratas de Aragua”, como se autodenomina hoy por hoy el Tren de Aragua.
Al respecto, Castro denunció que estas y otras organizaciones criminales dominan por la violencia en las tomas de terrenos, convirtiéndose en proveedores de servicios básicos, cobradores de “arriendos” por el espacio que habitan sus víctimas (muchas de las cuales son, por lo general, connacionales de ellos) y, como si eso no fuera suficiente, extorsionando a cualquiera que quiera realizar alguna actividad económica, exigiéndoles dinero en forma semanal (la llamada “vacuna”) a cambio de la supuesta protección que brindan.
En el mismo aspecto, el fiscal Castro –coincidiendo con lo que planteara en forma previa en este mismo medio el experto en crimen organizado Pablo Zeballos– aseguró que existe un fenómeno de favelización que está en marcha y que muchas tomas operan como pequeños estados dentro del Estado, algo en lo que también coincide el parlamentario.
Araya, quien presidió la comisión investigadora especial de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto del crimen organizado en dicha zona, comentó que lo expresado por el Fiscal Regional “lamentablemente es la realidad de lo que se está viviendo en la macrozona norte del país. Evidencia muy bien cómo el fenómeno criminal se instaló ya definitivamente en la Segunda Región”.
-¿Qué puede hacer el Estado, en ese sentido, desde su óptica?
-El Estado, por ejemplo, puede fortalecer su presencia en las comunas que hoy están al límite del desborde, como pasa en Calama, en Antofagasta y en Tocopilla. Tenemos situaciones muy complejas, entre ellas, el tema carcelario, que es realmente una luz roja, que yo diría que está en permanente estado de latencia en la cárcel de Calama. Es una situación muy compleja.
-¿Cuál es exactamente la situación allí?
-Hay una sobrepoblación carcelaria que pasa del 100%. A ello se suman dotaciones reducidas de gendarmes y un alto número de gendarmes con licencias médicas. Además, la cárcel está ubicada en el centro de la ciudad y es una cárcel vulnerable. Ya hubo un intento de volar un muro de la cárcel y, si uno tiene en cuenta que en buena parte de las últimas incautaciones que se están haciendo hay armamento de guerra, incluyendo granadas y dinamita, en cualquier momento nosotros podríamos convertirnos en portada de los noticieros, por lo que pueda ocurrir allí fundamentalmente, pero la cárcel de Tocopilla está en una situación de bastante precariedad también.
-¿Y respuestas más inmediatas que pueda implementar el Estado?
-Creo que hubo una respuesta adecuada con la instalación del plan “Calle sin violencia” en Calama, para frenar la escalada de los homicidios que hubo durante el año anterior. Tengo buena opinión de esa herramienta. Sirvió para contener el alza explosiva de homicidios, pero seguimos con una tendencia al alza que es muy importante. Ahí hay que buscar una fórmula de rediseño.
-¿Es lo único?
-Claro que no. Es fundamental el tema de Impuestos Internos, que en esta región está absolutamente ausente, yo lo he hecho ver en distintos espacios. De hecho, diría que hace un mes envié un oficio al Ministerio de Hacienda preguntándole al ministro en qué se fundamentaba la decisión de Impuestos Internos de no fiscalizar lo que nosotros entendemos que son actividades que podrían estar (implicadas) en el lavado de dinero.
-¿Qué tipo de actividades son esas?
-Básicamente las barberías, los pequeños malls que se están instalando en el centro de la ciudad, la venta de artículos electrónicos de bajo monto y la proliferación de ópticas, además, evidentemente, de los minicasinos.
Es absurdo que Impuestos Internos sostenga que mientras a ellos les paguen el impuesto no tienen nada que fiscalizar, porque precisamente el lavado de dinero se trata de, a través del pago de impuestos, dinero ilícito transformado en dinero lícito.
Ante ello, como tenemos una normativa que le entrega la atribución exclusiva al Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y las policías no tienen cómo iniciar la investigación, y ese es un tema que me tiene con un signo de interrogación tremendo, de por qué el Servicio de Impuestos Internos no fiscaliza, y esto lo planteé a lo menos en el mes de septiembre. Hablé con el subsecretario (del Interior) Monsalve, le expresé mi preocupación, porque el SII de la Segunda Región no fiscalizaba y hay un compromiso de resolver el tema, pero estamos en mayo del año siguiente, terminando mayo, y aún no hay respuesta.
Follow the money
En el mismo sentido, indica que “es importante señalar que el crimen organizado se estructura en base a la construcción de patrimonio, que es producto de actividad ilícita. Si nosotros no somos capaces de destruir el patrimonio de las organizaciones criminales, de fiscalizarlo, de hacerles la vida difícil, es muy probable que las bandas sigan llegando. Yo tengo la convicción de que Chile es un verdadero paraíso fiscal para el crimen organizado y el narcotráfico. El secreto bancario al nivel del dogma de fe es intocable, y la verdad de las cosas es que eso impide una adecuada investigación patrimonial. Entonces, mientras no demos el paso sustancial a modificar eso, aquí nosotros vamos a seguir teniendo bandas criminales, porque es muy lucrativo, además que lamentablemente se desarrolló un mercado interno para las drogas, particularmente la marihuana, que en Chile no existía”.
En dicho aspecto, detalla que solo en abril fueron tres las toneladas de marihuana incautadas en la Región de Antofagasta, lo que –a su juicio– da cuenta de que “es evidente que tenemos un fenómeno criminal creciente”.
-¿Qué se está haciendo a nivel legislativo en lo relativo a las investigaciones por parte del SII? Lo pregunto porque ha habido diversas iniciativas justamente tendientes a entregarle la iniciativa de la investigación en estos temas a la Fiscalía, pero nunca han prosperado.
-Debo decir, con mucha decepción, que en el fast track legislativo nosotros propusimos la norma que quita la exclusividad a la Fiscalía Nacional Económica en delitos económicos, particularmente para perseguir la elusión; la que le quita la exclusividad al Servicio Electoral para delitos en contexto de campañas políticas; y la que le quita la exclusividad al Servicio de Impuestos Internos, pero lamentablemente no hubo acuerdo.
Ese proyecto existe, y yo sé que es incómodo para muchos sectores políticos, pero estoy convencido de que, entre todos, tenemos que asumir dar ese paso fundamental, que es soltar las amarras para que el Ministerio Público y las policías puedan investigar los delitos patrimoniales que se articulan en base al lavado de dinero.
-El fiscal manifestaba varios problemas que seguramente son de una resolución más rápida, como la falta de vehículos con cilindrada adecuada para el altiplano, o la instalación de la Dipolmar (inteligencia marítima) en Antofagasta.
-Yo entiendo que hay una priorización y un mejor estándar para vehículos de frontera. Hay algún potenciamiento a través de la UPF, la Unidad de Pasos Fronterizos, que está generando un estándar del equipamiento que debería tener el Estado en frontera, y también se acaban de ampliar las plazas de la Directemar, de la cual depende la Dipolmar. Eso fue una gestión bien importante que se hizo en la Cámara de Diputados.
-¿Algunas de esas nuevas plazas son para Antofagasta?
-Ese aumento de plazas de la Directemar debe tener un impacto natural en el norte del país, porque por denuncias que yo he recibido por distintos sindicatos pesqueros, hay varias caletas que ya no están destinadas a la pesca artesanal, sino que son verdaderos puntos de acopio de droga. Entonces todo tiene una lógica: el control de La Negra es el mayor punto de decomiso de droga del norte del país y la forma de evadirlo es sacar la droga desde Tocopilla hasta caleta Blanco, que está en el sector de Paposo, y de ahí acceder a Taltal y de ahí a la Ruta 5, y de ahí siguen hacia el sur. Entonces hay un fenómeno que se da cuando aumentan los decomisos en La Negra: a la semana siguiente aumentan los decomisos en el sector de Las Bombas, que está afuera de Taltal.
También entiendo que se han tomado medidas respecto, por ejemplo, a cosas que son más sencillas, pero que son importantes, como autorizar que los funcionarios de la Policía de Investigaciones usen armas largas en los puntos fronterizos. En Hito Cajón, donde están a cientos kilómetros del punto poblado más cercano, absolutamente en medio de la nada, es una herramienta indispensable. Hoy día no son infrecuentes los enfrentamientos en la zona de frontera, donde los delincuentes les disparan a carabineros.
El llamativo aumento de la droga
Otro punto sobre el cual el diputado Jaime Araya reflexiona es el relativo a por qué ha habido tantos decomisos de droga, que proviene de Bolivia o Perú, “teniendo presencia militar. Es una pregunta que yo entiendo que incomoda, pero que el Ejército tiene que contestar. Creo no equivocarme si digo que estamos llegando a los 60 mil millones de pesos en decomisos de droga logrados en el 2024”.
-¿Solo en la Región de Antofagasta?
-Solamente en la Región Antofagasta. Es una cantidad sideral. Los narcotraficantes se están constituyendo como un sector de la economía regional. Y, frente a eso, creo que hay brechas que hay que cerrar y una de las más importantes yo creo que es que, si nosotros tenemos presencia militar en fronteras, que está con foco, digamos, en lo que es el sistema migratorio, porque ellos tienen observación móvil y tienen su estrategia, ¿cómo no es posible reducir sustancialmente el robo de vehículos y el ingreso de drogas?
Frente a lo anterior, el parlamentario detalla que Antofagasta debería ser una suerte de barrera hacia el sur, pues señala que “ya está claro que, una vez que estos fenómenos llegan a las zonas metropolitanas del país, o las zonas más pobladas, es imposible controlar. Nosotros advertimos en su oportunidad respecto a lo que eran los motochorros, lo que eran los sicarios, los secuestros extorsivos, cosas que muchas veces a la gente de la zona central le causaban cierta gracia y escuchaban lo que nosotros decíamos con incredulidad. De hecho, varios parlamentarios fuimos tildados de exagerados o de alarmistas por lo que decíamos, que éramos fantasiosos.
-Es muy llamativo el aumento que han tenido los campamentos en la zona. ¿Hay medidas que se estén tomando en función de ese crecimiento gigantesco?
-Son medidas que están en la periferia. Son cosas muy acotadas, muy marginales. Yo esperaría que se tomara la decisión, por ejemplo, de abrir calles en los campamentos, porque son campamentos que están diseñados en un formato favela, que están pensados para que no haya fiscalización, para que no haya presencia del Estado, y nosotros no podemos permitir que eso esté pasando dentro del Estado de Chile. Esa es la lógica de algunas mafias latinoamericanas, pero nosotros no podemos aceptar que eso pase particularmente en Antofagasta, donde la zona escarpada está muy cerca y tiene hoy día mucha construcción.
Se requiere ahí decisión de Estado y abrir calles para desafiar al crimen organizado. Es la primera medida, pues permite que los bomberos, las ambulancias, las policías, puedan desplegarse sin ningún problema. Las imágenes que se liberaron de los operativos de la semana anterior dan cuenta de que son verdaderas favelas que se construyeron. Y eso no es casualidad. Hay una decisión y uno tiene que investigar en profundidad si algunos campamentos están administrados por el crimen organizado en este formato, para transformarlos en centros de acopio o bases de operaciones de difícil acceso y difícil fiscalización.
