Las fuerzas militares y policiales deben actuar, por supuesto, dentro del marco legal del régimen democrático, pero necesitan contar con un decidido respaldo de los poderes del Estado, sin el cual quedan en situación de indefensión. Es mucho lo que está en juego en estos momentos. Chile necesita defenderse con todos los recursos disponibles. Se trata de dar eficacia al Derecho, y ello depende de que las fuerzas policiales actúen junto a las FF.AA. frente al inmenso reto que hay por delante. Será determinante que el gobierno encabece coherentemente dicho esfuerzo.
Aunque el Consejo de Seguridad Nacional es un órgano asesor del jefe del Estado, su convocatoria podría constituir un punto de inflexión respecto de la crisis de seguridad que vive el país. Si junto al mandatario están los comandantes en jefe de las FF.AA., los jefes de Carabineros y la PDI, los presidentes del Senado y la Cámara, el presidente de la Corte Suprema y el Contralor, lo lógico es esperar una perspectiva global para enfrentar la situación de emergencia en materia de criminalidad. Ningún reclamo de la población es hoy más dramático que el de frenar la delincuencia ahora mismo, no pasado mañana.
En tales circunstancias, el Cosena no puede convertirse en una instancia de trabajo prelegislativo, dedicada al intercambio de impresiones de sus integrantes sobre el proyecto de protección de la infraestructura crítica. Si eso ocurre, se desperdiciará una oportunidad de transmitir a la población una definición clara sobre la respuesta que debe dar el Estado a las bandas que hoy causan estragos en la vida nacional, y que en muchos casos están integradas por extranjeros ilegales. Lo que se requiere es un plan maestro que ponga en tensión todas las fuerzas del Estado. Y no se puede perder tiempo.
Una cosa debería estar clara para La Moneda: no se necesitan discursos ni declaraciones sobre el mal que causan los grupos criminales, sino acciones eficaces para desbaratarlos. Hay que restablecer el Estado de Derecho en todas las zonas en que está cuestionado. La ley debe valer en todo el territorio. Chile no enfrenta un problema acotado de orden público, frente al cual bastaría con la acción de Carabineros y la PDI, sino una amenaza integral a la seguridad nacional.
Es razonable la inquietud de los mandos de las FF.AA. sobre los riesgos potenciales de que los militares asuman funciones que, en condiciones normales, deberían cumplir las policías. Pues bien, no estamos viviendo en condiciones normales.
Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, describe así el estado de situación: “El país vive una situación de inseguridad y tiene tres focos muy distintos. Tenemos una situación de frontera porosa, donde entra la ilegalidad y la inmigración ilegal en el norte, también las bandas transnacionales. Tenemos también un foco de insurrección de posiciones extremistas en La Araucanía, y una situación de delincuencia generalizada en las grandes ciudades” (El Mercurio, 3 de febrero). En tal contexto, y considerando que las FF.AA. podrían asumir nuevas responsabilidades, Gaspar recomienda escuchar a los comandantes en jefe.
De una u otra manera, hoy o mañana, el país no podrá prescindir de la participación militar en la lucha contra el crimen organizado y, en general, contra quienes desafían al Estado en el plano de la fuerza, como es el caso del terrorismo y el bandolerismo en la macrozona sur. En ese cuadro, es atendible la preocupación del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, acerca de las condiciones del uso de la fuerza, de manera que los soldados no cuenten solo con respaldo político al momento de actuar, sino también jurídico.
“Ellos -señaló-, lo único que quieren es tener reglas claras para poder actuar y que, en esa actuación, siguiendo esas reglas, no tengan que enfrentar penas de cárcel”. El único que no entendió las aprensiones del general Martínez fue el ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero, quien, por el contrario, respondió de la peor manera. Dijo que el ministerio tiene conversaciones permanentes con los actuales jefes militares, y que “es esa la opinión que se valora y que se escucha”.
La cuestión del uso de la fuerza es un punto crucial a la luz de las confusiones de 2019. Entonces, hubo quienes culpaban anticipadamente a las fuerzas de Carabineros en los múltiples episodios de violencia, muchos de los cuales respondían a los métodos propios de la guerrilla urbana. Se podría publicar una antología de los pronunciamientos de los parlamentarios frenteamplistas y comunistas, socialistas incluso, que pedían “refundar Carabineros” sin siquiera reparar en los 5.000 funcionarios lesionados por los grupos antisociales.
Las fuerzas militares y policiales deben actuar, por supuesto, dentro del marco legal del régimen democrático, pero necesitan contar con un decidido respaldo de los poderes del Estado, sin el cual quedan en situación de indefensión. Jorge Schaulsohn llamó la atención en una columna en Ex-Ante sobre el “linchamiento” que preparan algunos fiscales contra la plana mayor de Carabineros. Elemento central es la decisión de la fiscal Ximena Chong de formalizar a los generales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate por “conductas omisivas” respecto de hechos que ocurrieron a mucha distancia de donde ellos se encontraban.
El propósito es juzgarlos por la eventual violación de derechos humanos de unas 450 personas, lo cual, según Schaulsohn, convertiría tal juicio en el más grande de la historia. Como es obvio, si llegara a materializarse, tendría probablemente un deplorable impacto en las posibilidades de que Carabineros se comprometa con sus más de 50 mil efectivos en una estrategia nacional contra el crimen organizado.
Es mucho lo que está en juego en estos momentos. Chile necesita defenderse con todos los recursos disponibles. Se trata de dar eficacia al Derecho, y ello depende de que las fuerzas policiales actúen junto a las FF.AA. frente al inmenso reto que hay por delante. Será determinante que el gobierno encabece coherentemente dicho esfuerzo.
