Será el tema que copará toda la semana. Esa fue la advertencia que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), hizo este lunes al inicio del comité ampliado que se realiza habitualmente los lunes en La Moneda, donde abordó los efectos políticos y comunicacionales que tiene el escándalo que determinó la renuncia y formalización del director de la PDI, Sergio Muñoz, por la filtración de datos al abogado Luis Hermosilla.
La ministra aludió al tema en la cita a la que también asistieron su par de la Segpres, Álvaro Elizalde, y los presidentes de partido Lautaro Carmona (PC), Jaime Quintana (PPD), Flavia Torrealba (FRVS) y Marco Velarde (Comunes), además del secretario general del PS, Camilo Escalona.
Conscientes de que no hay control de agenda posible, La Moneda busca aminorar el golpe que implica que los dos jefes de la policía enfrenten procesos judiciales. Esta mañana la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Muñoz y, por otro lado, crece la presión por la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será formalizado el próximo 7 de mayo.
Frente a tal escenario el gobierno busca zanjar lo antes posible la situación de la PDI. De esta manera, en el Palacio de gobierno reconocen que la prioridad hoy es resolver cuanto antes quién será el sucesor del jefe de la policía. Tradicionalmente la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol) del Ministerio del Interior toma un rol activo en la recopilación de antecedentes de los eventuales postulantes. Sin embargo, en el Ejecutivo sostienen que los equipos de la Presidencia adoptaron un papel importante en la tarea de resolver quién será el candidato. (Ver nota secundaria).
El lunes, la ministra Tohá recibió por cerca de una hora en las dependencias de su ministerio al director general subrogante de Investigaciones, Claudio González, en donde se pudo abordar la situación. De hecho, este último le llevó carpetas hasta su despacho, en medio del proceso de nombramiento del nuevo director general de la PDI.
“Cuidaremos que la PDI sea gestionada de tal manera que su función no se debilite (…). Para ello, un primer paso es que en los próximos días se defina por parte del Presidente la sucesión en la dirección general de la PDI, para la que se buscará la persona más idónea, con las mejores condiciones para enfrentar los desafíos de la seguridad y los desafíos que abre este caso al interior de la institución”, dijo la ministra Tohá este martes, desde el Congreso.
Resguardar la agenda
El objetivo primordial del gobierno es el resguardo de la agenda de seguridad que encabeza la titular de Interior e intentar resaltar los anuncios del gobierno. En ese marco, por ejemplo, se buscó resaltar el crecimiento económico de un 0,2% a través de vocerías del propio Presidente Gabriel Boric y de los ministros Camila Vallejo (Segegob) y Mario Marcel (Hacienda).
El plan original del gobierno para esta semana era avanzar con el proyecto de Ley de Inteligencia y Reglas de Uso de la Fuerza, pero la crisis en la PDI distrajo a la secretaria de Estado. La reunión de la ministra Tohá con el jefe subrogante de la policía impidió que la secretaria de Estado pudiera desplazarse hasta el Congreso en Valparaíso, en donde estaba citada a las 11.30 por la comisión investigadora que revisa “eventuales irregularidades en Servicio de Impuestos Internos y Comisión para el Mercado Financiero”.
Para evitar interrumpir la agenda de seguridad que conducen en Interior, la ministra se trasladó en la tarde del lunes a Valparaíso, para participar de la sesión especial de la Cámara por crimen organizado. Además, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, estuvo presente en la Comisión de Defensa de la Cámara, en donde abordó la situación de inteligencia.
“Es una investigación que está comenzando y cuyos indicios no proyectan muy bien. Comienza respecto del caso Hermosilla, de las pericias sobre su teléfono y ahora se van a periciar estos otros teléfonos. (…) La situación es muy grave y en la medida que la investigación avance es probable que podamos conocer de otros hechos que son más complejos”, dijo el lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, a Tele13 Radio, dando luces de lo extenso que podría ser el caso.
Con un tono más duro, pero en la misma línea que Cordero, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó este martes desde La Moneda que las situaciones que enfrentan Sergio Muñoz y Ricardo Yáñez distraen de sus labores a las autoridades del gobierno.
Consultado al respecto, Carmona agregó que “es un dato abierto. A mí juicio, si no existiera el hecho, no existiría la pregunta. Entonces, no soy quién para ver cómo se va a decidir esto, pero tengo un sentido de juicio respecto a qué es más eficaz, lo que gana más tiempo y lo que hace más potente las instituciones”.
Dicho argumento fue utilizado por el timonel del PC para potenciar su rechazo a la permanencia del general director de Carabineros, a quien La Moneda se ha esforzado en brindarle espacio de continuidad, al menos, hasta la fecha de su formalización, el próximo 7 de mayo.
Foco en probidad para reforma a las policías
El pasado jueves, un día antes de que estallara el caso de Sergio Muñoz, sesionó por última vez el equipo que está revisando la reforma a las policías. El proceso se inició con el gobierno de Sebastián Piñera y se amplió a la PDI durante la administración Boric, quien destinó como encargado del tema a José Roa.
Por esta razón, el equipo que está revisando la reforma no pudo conversar respecto de la crisis policial que se detonó con la formalización de Muñoz y el futuro proceso que deberá enfrentar Yáñez.
El tema, eso sí, será comentado en la próxima cita, que tendrá lugar en abril. Hoy, fuentes del gobierno transmiten que la reforma se ha trabajado por medio de tres momentos: probidad, derechos humanos y los desafíos de la nueva criminalidad.
Sin embargo, las mismas personas sinceran que esto será objeto de debate en la próxima reunión que tendrá el equipo. Allí se espera que se remarquen gestos en torno a la probidad, materia en la que se ha avanzado en tres lineamientos.
El primero son los canales de denuncia por temas de probidad o mal ejercicio de las funciones policiales en condición de anonimato; el segundo, es un modelo que revisa las conductas indebidas; mientras que el tercero es establecer consejos de auditorías internos con mayor participación dentro de Carabineros y la PDI.
Hoy, sin embargo, desde el equipo, transversal a nivel político, que trabaja en la reforma, hay voces que han apuntado a lo complejo que es trabajar en un rediseño institucional de las policías sin tener a un mandamás de una de estas instituciones, como ocurre con la PDI. Desde el gobierno, sin embargo, rechazan esto advirtiendo que las reformas son institucionales y van más allá de las personas.
El abogado Ronald von der Weth, por ejemplo, planteó en este sentido que “es necesario que el gobierno no cometa los errores del gobierno anterior, en el sentido de generar un corte profundo en el alto mando, cuando la responsabilidad es personal del exdirector general de la PDI”.
“Es imposible avanzar en una agenda modernizadora, o nuevas propuestas, si el gobierno no ha sido capaz de designar al nuevo director general. Es importante, antes de iniciar un proceso de modernización a la institución, tener claro quién va a ejercer el liderazgo de la misma”, agregó el integrante del equipo que buscar reformar a las policías.
