Desde el 7 de octubre cuando reciban el borrador, la Comisión Experta tendrá un plazos de 5 días para agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes.
Todavía quedan etapas. Es una de las frases que más se repite por estos días en el mundo político, en medio de las votaciones que lleva adelante el Consejo Constitucional, órgano que el próximo 7 de octubre deberá entregar a la Comisión Experta su propuesta de nueva Carta Fundamental, dándose así inicio a una nueva fase dentro del proceso.
Es que si bien tras la instalación del nuevo órgano, los comisionados se han mantenido en la discusión con derecho a voz, no así con voto. Ahora, la Comisión Experta podrá formular observaciones a la propuesta del Consejo con el objeto de mejorar el texto, tarea para la cual disponen del plazo de 5 días. Estas observaciones consistirán en agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes.
Misión que en el oficialismo no ven fácil, luego de que varios personeros han acusado cambios profundos al anteproyecto y sobre todo al corazón del texto como es el Estado social y democrático de derecho. “Nos sacaron sin consideración alguna del texto”, dijo al inicio de las votaciones del Consejo, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (IND-PPD).
Como sea, dentro de los dos primeros días del plazo, los comisionados podrán formular las propuestas de observaciones ante la Secretaría. La Comisión Experta sesionará en pleno y adoptará sus acuerdos por los 3/5 de sus integrantes.
Las expectativas de los expertos
Pese a que no han habido aún reuniones formales, los comisionados reconocen que ya se están dando los primeros acercamientos informales para aunar posiciones de cara a la nueva etapa que deberán enfrentar, esto ante la premura del poco tiempo que tienen para sus observaciones. Aunque tanto en el oficialismo, como en la oposición, ya hay claridad en los temas en que buscarán incidir.
Sobre sus expectativas de lo que viene, el comisionado Jaime Arancibia (IND-RN), dijo a Emol que “me parece que la Comisión Experta es el último espacio que va quedando como para lograr una Constitución de mayor consenso transversal (…) porque nadie tiene la posibilidad de imponerles los votos a nadie y segundo es la última instancia, porque lo que ahí se acuerde, fruto de un consenso transversal, obliga al Consejo a revisar sus propias decisiones y tener la disponibilidad de cambiarlas para tener una Constitución de consenso transversal”.
“Las cosas que van a observarse son aquellas en que hay acuerdo entre Chile Vamos y la izquierda, que consideren necesario corregir. Eso significa que van a ser pocas materias, quizás las más importantes. Corregir no significa necesariamente cambiar, en el sentido de eliminar, porque puede ser cambiar alguna expresión, un verbo o atenuar aquella afirmación o acentuarla, irá que ir viendo caso a caso”, explicó el comisionado Arancibia.
Además, Arancibia consideró esa es “la etapa en la que yo creo que tienen que intervenir con mayor influencia las directivas de los partidos políticos. En el fondo, yo creo que la mayor o menor receptividad que va a tener el Consejo de las observaciones de la Comisión Experta va a depender mucho de lo que estén diciendo las encuestas a esa altura el proceso (…) mientras más bajo estemos en las encuestas, más necesidades de ceder en aras de un consenso transversal”.
De hecho ayer, el presidente de la UDI, Javier Macaya, el de RN, Rodrigo Galilea, se juntaron con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, para abordar el proceso constitucional y buscar espacios de entendimiento, según señalan distintas fuentes. En la cita también estuvieron los comisionados Máximo Pavez (UDI) y Juan José Ossa (RN). Quienes participaron de la cita explican que se están haciendo todos los esfuerzos por lograr acercar posiciones entre ambos sectores.
La cita llamó la atención de algunos consejeros republicanos, quienes no fueron parte de ésta, como tampoco otras fuerzas de izquierda. Sobre esto último, reconocen en la oposición, que sí los socialistas no están “arriba” de un acuerdo el resto tampoco lo estará.
El comisionado Hernán Larraín (UDI) planteó que “es un buen ejercicio esto de tener dos miradas frente a un texto, porque en el debate se van abriendo dudas que por dinámica reglamentaria no se pueden corregir en esta etapa del proceso. Creo que los expertos podemos contribuir a perfeccionar ese proyecto”.
Según Larraín, “lo que más importa es lograr un texto que de verdad nos represente a todos y yo siento que hay una cierta insatisfacción en el debate, hay muchos que reclaman que no están contentos, que no está siendo el texto de todos. Yo creo que la Comisión Experta puede contribuir, a través de acuerdos de distintos sectores a lograr ese objetivo” de tener un texto transversal.
“Los que estamos desde la academia y desde la Comisión de Expertos tenemos que atender a lo que se vote de aquí al 4 de octubre, revisar aquello que tengamos que distinguir, de pronto a lo mejor se pueden depurar algunas cuestiones que sean más materia de ley que de Constitución, pero siempre pensando en el país, en la gente y consiguiendo los votos”, consideró la consejera Marcela Peredo (propuesta por ex PDG-centroderecha).
Esto pues Peredo recordó que “las observaciones en general requieren 14 votos, entonces va a requerir una etapa de volver a conversar y ponernos de acuerdo entre nosotros de aquellas cosas que sean más sustantivas, pero respetando la legitimidad del Consejo”. A su juicio, esta será una etapa con un componente político y también técnico.
Desde la DC, la comisionada Paz Anastasiadis sostuvo que “principalmente uno lo que tiene que resolver como Comisión Experta es aquellos aspectos que han cobrado mayor preocupación, si observamos acerca de qué, es precisamente haber perdido la transversalidad alcanzada por la Comisión Experta (…) En el caso mío pertenezco a un partido político que hoy no conforma el Consejo Constitucional”.
“La Comisión Experta tiene un tremendo desafío, pero por otro lado tiene que tener realismo ciudadano, hoy tenemos una composición de una propuesta constitucional que ha tenido efectos perjudiciales no sólo por el anteproyecto en sí mismo, sino que aquellas normas que son relevantes para la gente”, acotó Anastasiadis, aludiendo además al Estado social.
La comisionada Antonia Rivas (CS) se mostró optimista, asegurando a este medio que en la Comisión Experta tienen una tarea importante y que espera que “mantengamos el clima de amistad cívica y de acuerdos que tuvimos en la primera etapa, probablemente sea más difícil, pero creo que hay que insistir en un acuerdo completo, global sobre una propuesta que arregle los numerosos errores técnicos que hay y ojalá que saque del texto todas aquellas cosas que no son materia constitucional”.
Rivas apuntó que el texto “está lleno de normas legales, reglamentarias, cuestiones que parecen un programa de gobierno, creo que es una Constitución que es además muy moralista, que habla de una sola moralidad y también que es muy maximalista en los contenidos que se quieren consagrar y cuestiones que son reglamentarias incluso”.
El comisionado Alexis Cortés (PC) opinó que “a lo largo de la discusión los comisionados expertos han señalado diversos ámbitos que donde probablemente por las circunstancias y por eso proceso, se han arribado a normas que son defectuosas y que pueden tener efectos no deseados e inesperados de la actual legislación”.
Así Cortés enumeró algunos aspectos complejos que podrían ser observados, como por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, el que la regulación de los derechos quede sólo a la ley o bien algunos aspectos de los derechos sociales que pueden afectar el sistema de pensiones u otras políticas.
Comisión Mixta
Tras la deliberación de la Comisión Experta, remitirán un informe al Consejo, el cual será revisado por su pleno, en bloque serán votadas aquellas observaciones de redacción y sintaxis, mientras que las de otra índole se deliberarán una a una.
Aquellas observaciones que alcancen los 3/5 a favor de los consejeros serán aprobadas, las que lleguen a los 2/3 de votos negativos serán rechazadas y las que no lleguen a ninguno de esos quórum se entenderán por rechazadas y serán analizadas por una Comisión Mixta.
Ésta última estará integrada por seis consejeros y seis comisionados, cuya función será proponer soluciones respecto de las observaciones de la Comisión Experta que no alcancen el quorum de aprobación o de rechazo en el Consejo. Las propuestas de solución deben aprobarse con el voto favorable de los tres quintos de los integrantes de la Comisión Mixta, quienes tendrán un plazo de trabajo de 5 días.
En una única votación, lo consejeros revisarán la propuesta, la que se aprobará con el voto a favor de los 3/5 de sus miembros en ejercicio, sino alcanza el quórum será rechazada. Sólo algunos podrán votarse por separado.
