Desde abril de 2020 está en discusión en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que autoriza al personal en retiro de Gendarmería a portar y usar un arma de fuego. Es en medio de esa discusión legislativa que, a finales de agosto, la comisión de Seguridad envió un oficio para que esa institución diera cuenta -entre otras cosas- del número de hechos de los que han sido víctimas los funcionarios de Gendarmería.
A raíz de aquello, la institución informó que durante este año son más de 150 los funcionarios penitenciarios los que han sido agredidos al interior de un recinto penal, así como también fuera de estos. Es precisamente a esto último lo que busca hacer frente esta iniciativa legislativa.
Junto con remitir todos los antecedentes respecto a la normativa y reglamentos que regulan el uso de armas de fuego de los funcionarios, la institución informó a la comisión de Seguridad de la Cámara una serie de datos respecto a las agresiones que han sufrido los gendarmes los últimos tres años.
En ese sentido, según cifras de la institución, desde 2020 hasta el 3 de julio pasado, 983 funcionarios han sido víctimas de algún tipo de agresión al interior de una cárcel: un promedio de 245 por año.
Cárcel de Puerto Montt lidera el listado
En el año en curso, y hasta comienzos de julio, según el informe emitido por Gendarmería, son 154 los gendarmes que han sido agredidos al interior de un recinto penal y por reclusos. En detalle, la Región Metropolitana es la que hasta la fecha ha registrado el mayor número de funcionarios heridos, con 39 casos. Le siguen las regiones del Maule y Los Lagos: en cada una han ocurrido 14 agresiones en lo que va del año. (Ver tabla)
De hecho, es en esa última región donde a nivel de cárceles en particular se ha registrado el mayor número de agresiones a gendarmes. Según las cifras de la institución, hasta de lo que se tiene registro, del total de casos en la región (14), 12 han ocurrido en el centro penitenciario de Puerto Montt. Los otros dos casos registrados en la Región de Los Lagos fueron en el penal de Osorno.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (Ansog), Joe González, el hacinamiento es el principal factor que detona agresividad al interior de los recintos carcelarios. “Si nosotros tuviéramos unidades totalmente despejadas y con habitabilidad adecuada, y en donde los internos pudieran desarrollarse adecuadamente, evidentemente bajarían estos niveles de agresividad. Por lo tanto, yo creo que por ahí van las primeras medidas que debiesen tomarse”, señala González.
En ese sentido, González sugiere que el primer punto a abordar es el hacinamiento. Junto con eso, sostiene, se debe considerar la “construcción de nuevas cárceles, la dotación adecuada de personal en cada unidad penal. Y también, por cierto, las medidas de seguridad que correspondan a chalecos antipuñales, antibalas y todas las medidas que puedan ir en favor de la protección del personal institucional, porque hoy día todavía seguimos al debe respecto de esto”.
Agresiones a funcionarios por un parte de un interno:
Amenazas tras las rejas
Otro de los registros también entregados por Gendarmería a la Cámara, es aquel que informa el número de gendarmes heridos. Esta vez por parte de ciudadanos que no están dentro de las cárceles. En ese sentido, desde 2020 a la fecha, son 84 los casos de este tipo. La mayoría de ellos se registraron el año que inició la pandemia.
Este año, hasta la fecha que se tiene reporte, son 14 los funcionarios agredidos por personas ajenas al recinto penal. En detalle, la mayor cantidad de gendarmes (4) ha sido agredidos en la Región de La Araucanía. A esta, la sigue la Región del Maule, donde en lo que va del año tres penitenciarios han sido víctimas de este hecho.
Gendarmería también remitió al Congreso el número de amenazas de las que han sido víctimas sus funcionarios que trabajan en las cárceles del país. En ese sentido, hasta el 3 de julio, 328 gendarmes habían sido víctimas de amenazas por parte de reclusos al interior de recintos penales. En el caso de personas externas a los recintos penales, 25 penitenciarios hasta la fecha han sido víctima de este tipo de hechos.
Consultados al respecto, desde Gendarmería señalan que de manera continua y permanente están revisando sus protocolos y procedimientos, a objeto de optimizar su trabajo, con especial atención a fenómenos cambiantes como el crimen organizado y las distintas formas que adopta la delincuencia”.
En esa línea, señalan desde la institución, el personal “es el recurso más preciado de la institución. La subdirección Operativa de Gendarmería ha instruido la adopción de medidas destinadas al resguardo de la integridad física de funcionarios, reforzando el uso obligatorio de elementos de protección y la obligación de denuncia ante hechos constitutivos de delito en unidades penales”.
Finalmente, Gendarmería agrega que en algunos casos “se ha dispuesto el cambio de destinación de los funcionarios afectados, de forma de resguardar su integridad, ofreciendo también la asistencia psicosocial respectiva”. Junto con eso, la institución durante 2022 asignó un presupuesto para la compra de equipos de protección, acción que se repetirá durante este año.
Por ahora, el proyecto de ley que autoriza al personal en retiro de Gendarmería a portar y usar un arma de fuego, se encuentra en el primer trámite constitucional y debe discutirse en la comisión de Seguridad. Pese a eso, el presidente de Ansog afirma que “es una opción totalmente viable. El personal de Gendarmería necesita esta protección, puesto que convive 30 años con la población penal, conociendo a diversa clase de personas que han cometido delitos. Por lo tanto, al salir en retiro no se pierde esta calidad de funcionario, por así decirlo. Somos ultra conocidos por la delincuencia y muchos de ellos, evidentemente, cuando saben que ya no estamos en servicio abusan de eso y empiezan las amenazas, intentos de agresiones y otras cosas que, en definitiva, van poniendo en peligro a los funcionarios en retiro y sus familias”.
