Una última licitación publicó este lunes la Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezada por la ministra Camila Vallejo, con miras al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre. En esta ocasión, se presentó para la “contratación del servicio de impresión de ejemplares de libro ‘Propuesta Constitución Política de la República de Chile 2023′”. El costo de dicho servicio será de $ 200 millones.
El monto se suma a la otra licitación presentada por la Segegob, que alcanzó los $ 750 millones para una campaña comunicacional de carácter informativo, que aún no ha sido adjudicada y sobre la que se dio cuenta el pasado 4 de octubre.
De este modo, el ministerio liderado por Vallejo ha totalizado una inversión de $ 950 millones para informar sobre este proceso, trabajado por el Consejo Constitucional con mayoría del Partido Republicano. Estos son $ 30 millones menos que lo desembolsado por la Segegob en 2022, cuando al Ejecutivo le tocó informar respecto de lo redactado en la Convención Constitucional, cuya propuesta de borrador fue rechazado el 4 de septiembre de ese año y por la cual estuvieron por el “Apruebo”.
Tras alcanzar $ 950 millones de inversión para informar sobre el vigente proceso, el Ejecutivo apuesta por mantener la prescindencia y evitar flancos desde la derecha. De hecho, para esquivar las críticas, en la Plaza de la Constitución se reinstalará el kiosco, como ya lo publicó La Tercera, y la ministra Vallejo volverá a salir a repartir personalmente los escritos.
Sobre la diferencia en los montos invertidos por la Segegob entre el 2022 y el 2023, la propia vocera salió al paso este lunes. “Nuestra responsabilidad es empujar una campaña informativa, nos vamos a desplegar en campañas en redes sociales, medios de comunicación, impresión de los textos, que estos lleguen a todas las regiones del país. (…). Estamos cumpliendo con nuestro deber, con recursos a disposición. La única diferencia, que lo he manifestado también públicamente, es que tenemos un plazo mucho más acotado (de campaña)”, dijo Vallejo.
En esta ocasión, la licitación de $ 200 millones se concentra en la impresión de los borradores de la propuesta de nueva Constitución del Consejo, los que serán entregados a la Segegob en tandas de 70 mil ejemplares.
El número de textos que se imprimirán se determinará -e informará a la empresa que se adjudique la licitación- solo una vez que el trabajo del Consejo Constitucional esté terminado. Al mismo tiempo, el documento licitatorio manifestó que el ministerio solicitará el servicio de impresión considerando las “cantidades de hojas referenciales” que tendrá el texto final.
Dichas referencias son respecto de escritos similares anteriores, como, por ejemplo, las 193 páginas que tiene la Constitución actual, las 174 páginas que tuvo la propuesta de la Convención y las 107 páginas que, hasta ahora, tiene el borrador del Consejo.
Las tapas, dicta el documento, deben ser de material “couché opaco de 200 gramos”. El tipo de encuadernación debe ser “entapado hotmelt” y la terminación “más politermolaminado opaco en tiro”.
El material de las páginas internas quedó a definición de la empresa que se adjudique la licitación. De este modo, el proveedor del servicio deberá elegir entre “bond de 75 gramos”, “bond de 80 gramos”, “couché opaco de 75 gramos”, “couché opaco de 80 gramos” o “lwc brillante u opaco de 57 gramos”.
Los detalles de la otra licitación
El grueso de la campaña informativa del gobierno de Boric estará en la parte comunicacional. Los $ 750 millones pensados para ello contemplan “estrategia, desarrollo de idea creativa, concepto, producción e implementación de una estrategia de medios y su respectivo plan”. Como fechas de emisión se considera entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre.
El foco será informar a la ciudadanía sobre las características del proceso y “promover y motivar la participación de la ciudadanía de manera informada”. Algunos de los mensajes propuestos desde el Ejecutivo son “infórmate y vota”, así como también “conoce el proceso Plebiscito Constitucional 2023″. El sufragio obligatorio será otro de los ejes, pues la ley considera multas para quienes no acudan a las urnas el 17 de diciembre, que irán entre las 0,5 y 3 UTM. A su vez, el documento implica “la neutralidad que como Estado se debe garantizar para un proceso eleccionario”.
Asimismo, en temas comunicacionales, la Segegob pide considerar otros tres ejes. El primero es la “representación de la realidad nacional a través de la presencia de regiones, siempre que sea pertinente para los objetivos de la campaña”. En un segundo punto se solicita tener en cuenta el “enfoque de género, respetando las diversidades étnicas y sexuales”. Por último, se requiere también la “inclusión de personas en situación de discapacidad, siempre que sea pertinente para la campaña”.
Para su ejecución se solicita un spot de TV de 60 segundos, con reducción a 45 segundos; al menos, dos frases para emitirse en la radio; dos cápsulas informativas para plataformas digitales y un kit digital para amplificar la campaña por las redes sociales del gobierno. El contrato también señala que “se deberá crear, en la plataforma de Meta Business, una cuenta independiente para la campaña”.
En la entrega del kit digital se agrega una minuta en un documento de Word con las ideas fuerzas de la campaña, mínimo cuatro tuits sugeridos, el “hashtag de campaña”, piezas gráficas para redes sociales, guiones, “storyboard y/o maquetas de los productos audiovisuales”.
Cancillería: la otra inversión del gobierno
Por último, también se deben considerar los $ 19.827.820 que ha invertido el Ministerio de Relaciones Exteriores -encabezado por el ministro Alberto van Klaveren– en campañas comunicacionales para el próximo plebiscito, por medio de dos contratos.
El primero se firmó con Televisión Nacional de Chile (TVN), el 28 de junio, por $ 7.827.820, mientras que el segundo se cerró el 14 de julio, por $ 12 millones, con la sociedad “Origen Comunicaciones S.A.”.
Los dos contratos son un “pack”, pues tienen dos finalidades. La primera parte ya se ejecutó, pues se centró en informar sobre el “cambio de domicilio electoral 2023″, proceso finalizado el 29 de julio pasado. La segunda parte, en tanto, se enfocará durante noviembre y diciembre (TVN) y entre el 4 y 16 de diciembre (Origen Comunicaciones) en “el marco del voto exterior” para el plebiscito constitucional.
Esto eleva el gasto de la campaña informativa del gobierno a un total de $ 969.827.820
