Quienes hoy se oponen a aprobar la nueva Constitución no lo hacen por falta de garantías sociales sino por anteponer su ideología e interés políticos al bienestar de las personas.
Hace unos días, el senador PPD Jaime Quintana dijo que votaría “En Contra” del proyecto de nueva Constitución. Además, señaló que la propuesta de la fracasada Convención Constitucional era mejor que la actual propuesta debido a su “foco” en los sectores más postergados. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos propuestas en términos de derechos sociales?
Ambas consagran derechos a la salud, educación, seguridad social, vivienda, trabajo decente, agua y saneamiento, entre otros, y el texto que votaremos en diciembre establece un Estado social y democrático de derechos y el deber del Estado de remover obstáculos para asegurar la satisfacción de los derechos sociales. Entonces, ¿cuáles son las razones que ponen a Quintana y a los sectores de izquierda en contra del actual proyecto?
La comparación entre ambos textos deja en evidencia que quienes hoy se oponen a aprobar la nueva Constitución no lo hacen por falta de garantías sociales sino por anteponer su ideología e interés políticos al bienestar de las personas.
Primero, la izquierda dice estar a favor de garantizar derechos sociales, pero su ideología los lleva a condicionar estos derechos a que las prestaciones sean provistas exclusivamente por el Estado. De esto se sigue un desprecio por la libertad de elegir de las personas. Así, sus votos a favor no dependen de garantías efectivas de protección social sino de la identificación de lo público con lo estatal y de la existencia de un Estado monopólico y paternalista.
Ejemplos de este punto hay muchos. En educación, la propuesta de la Convención aprobada y promovida por la izquierda ponía en riesgo la existencia de establecimientos educacionales no estatales como los colegios particulares subvencionados. Hoy, la propuesta que rechazan resguarda ampliamente la posibilidad de abrir establecimientos educacionales, establece como deber del Estado promover la diversidad de proyectos educativos, sean estos estatales o privados, y asegura el derecho preferente de los padres y tutores a elegir el establecimiento educacional de sus hijos.
Lo mismo en salud. La propuesta rechazada abría la puerta al fin de los establecimientos privados de salud, que reciben gran cantidad de usuarios del sistema público, y que demostraron ser un pilar fundamental del sistema durante la pandemia. Hoy, el texto establece claramente la posibilidad de que existan instituciones estatales y privadas, poniendo el foco en la calidad de las prestaciones y no en quien las entrega, y asegurando la libertad de elección.
Por otro lado, las definiciones políticas de ciertos sectores de izquierda han demostrado no depender únicamente de la forma de proveer derechos sociales. También atienden a una serie de ilusiones refundacionales (o el anhelo por la retroexcavadora) que los lleva a tildar de conservadora toda propuesta que no busque desmantelar estructuras, dejando espacio para la creación de empresas estatales y la nacionalización de recursos. Basta ver su apoyo en 2020 a la idea de estatizar el sistema de pensiones y nacionalizar los ahorros previsionales, o su rechazo a la indicación que quiso declararlos inexpropiables durante la pasada Convención. Esto contrasta con su oposición a un texto que reafirma que las personas son dueñas de sus ahorros previsionales y que estos en ningún caso puedan ser expropiados.
Finalmente, el llamado a votar En Contra no sorprende si tenemos en cuenta que la izquierda históricamente ha privilegiado congraciarse con grupos de presión que tomar las decisiones que más beneficien a las personas. Un ejemplo es su silencio cómplice frente al Colegio de Profesores, que desde el año 2010 registra 154 días de paralización, equivalente al 85% de un año escolar completo. Así, mientras el proyecto de la Convención que apoyaron buscaba extender el derecho a huelga a los funcionarios públicos (incluidos los profesores), hoy rechazan un texto que excluye el derecho a huelga y que agrega como deber del Estado garantizar la continuidad educativa.
Estos son sólo algunos ejemplos que explican las verdaderas razones por la que la izquierda ha decidido votar En Contra en diciembre. Y si bien intentarán decir que se trata de deficiencias en materia social, la verdad es que sólo se trata de privilegiar sus propios intereses. Afortunadamente, es la ciudadanía la que tendrá la última palabra.
