Visiones encontradas. Así es como distintos actores del mercado analizan el texto publicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el que propone una serie de medida de cara a regular a los conglomerados financieros bajo un eventual proyecto de ley. Más costos para las compañías, argumentan desde el sector; más necesidad de reducir riesgos sistémicos, apuntan desde el otro.
El documento de la CMF define como conglomerado financiero al conjunto de empresas de un grupo económico que contenga una entidad cuya actividad sea regulada prudencialmente (de acuerdo con la legislación vigente) y, además, una segunda entidad cuyo giro corresponda a cualquier otro negocio financiero, aunque no esté regulado.
En 2021 la CMF identificó 33 conglomerados, de los cuales 11 cuentan con bancos, en 15 hay compañías de seguros, en 10 corredoras de bolsa y en 4 hay AFP’s, entre otros. Los activos pertenecientes a dichas entidades equivalen a aproximadamente 1,1 veces el PIB nominal.
En las propuestas, el regulador sostiene que se le deben entregar las facultades para hacer valer su capacidad de supervisión, entre las que se encuentran la potestad de normar requisitos de capital para el conglomerado. Además, la matriz del conglomerado debería demostrar que cuenta con capital suficiente para velar por la continuidad del conglomerado en el tiempo, y será en dicha entidad en la que se centrarían los requisitos que se desarrollen en el contexto de conglomerados”, dice el documento.
El denominado white paper de la CMF ha sido motivo de comentarios en la industria financiera, considerando los alcances de la propuesta y los efectos que podría tener sobre algunos actores. La semana pasada representantes del regulador se reunieron con la Asociación de Bancos para presentar el borrador.
Uno de los puntos que causa controversia, es la exigencia de separación de la actividad financiera de los negocios reales, para lo cual se constituirá una sociedad holding, y como requisito para operar como conglomerado, se establecería el requerimiento legal de constituir una matriz financiera domiciliada en Chile, constituida como Sociedad Anónima Especial (SAE), cuyo objeto exclusivo sería invertir en las empresas que compongan el conglomerado. La estructura inicial estará sujeta a la aprobación de la CMF, la que además podrá instruir modificaciones, y cualquier modificación propuesta por el grupo empresarial posterior debe ser autorizada por el regulador.
Pros y contras
Para el exsuperintendente de Valores y Seguros (hoy CMF), Álvaro Clarke, la propuesta del regulador es positiva, pues se mete a un sector donde no existe marco regulatorio, “estaba en deuda. Eso se puede constatar claramente a través de los organismos multilaterales que evalúan la calidad de la supervisión y el Marco de Regulación financiera en Chile, que en varias ocasiones habían hecho notar la ausencia de un cuerpo regulatorio de conglomerados financieros como es a nivel internacional”.
“En el ámbito internacional han existido varios ejemplos de entidades financieras solventes que se han visto contagiadas por potenciales problemas de insolvencia de empresas que integran un mismo conglomerado. El mercado percibe, bajo estas circunstancias, que se trata de riesgos compartidos y, por lo tanto, la regulación tiene que enfocarse también bajo ese prisma”, agrega Clarke.
En una línea similar, Pablo Correa concuerda que se estaba en deuda “desde hace décadas en al menos discutir cómo se iban a regular los conglomerados financieros en Chile, y el white paper da un marco robusto para empezar a hacerlo”. Ante ello, el economista apunta que “no se puede obviar una regulación en la materia, ya que existen “cruces” que pueden generar áreas no cubiertas (riesgos regulatorios no cubiertos) o bien con regulaciones asimétricas, que pueden generar de arbitraje entre industrias. Ambos casos aumentan el riesgo sistémico o macroprudencial, y es correcto que la CMF tome una posición al respecto (claramente no es suficiente con la coordinación del CEF)”.
Sobre el documento, plantea que “los temas más sensibles no se dan respecto a solvencia y requerimientos de capital porque tienen estándares altos en las industrias que lo requieren (banca y seguros), pero sí en temas de gobierno del conglomerado, de la toma de riesgos (incluyo riesgo moral) que se puede generar de esas estructuras de gobierno. Existe un equilibrio delicado entre una adecuada independencia de los directorios y administración de cada unidad del conglomerado versus el rol que puede tener el “corporativo” (holding) -que igual tiene que estar involucrado por un tema de estrategia, control agregado de riesgos e incluso eficiencia”.
Justamente el tema de los cruces tiene otra visión. En la industria financiera, apuntan a que centralizar la contabilidad en la sociedad holding implica costos, el no poder compartir directores entre sociedades también podría acarrearlos, pero en ese punto indican que la lógica de cruzar directores es tener mayores antecedentes de lo que ocurre en las filiales de las compañías.
Las críticas surgen pues en el documento la CMF plantea que “el directorio de la matriz del conglomerado tendría la obligación de hacerse cargo de una visión consolidada en la gestión del conglomerado”, y que “el conglomerado debería, además, asegurar la independencia de los directorios de las diversas empresas que lo compongan, evitando que una misma persona ocupe más de un directorio o cargo con poder de decisión al interior del conglomerado”.
Esto último implicaría que en muchas sociedades holding, los directores deberán elegir entre estar en la mesa del holding o de las filiales aguas abajo, como bancos o compañía de seguros.
Pero también alertan que, en el documento, la posibilidad de requerir mayor capital a las sociedades matrices parece “demasiado discrecional, se entiende que es un white paper, no un proyecto de ley, pero aun así queda la idea de que quien llegue podría pedir más o menos sin mayores parámetros”, dice un actor de la industria.
Para Max Spiess, socio de Kunstmann Spiess Abogados, la regulación de conglomerados financieros, para que sea realmente abordada con prudencia, exige una mirada y un liderazgo multisectorial y holístico, no una iniciativa parcial impulsada por la CMF, pues “debe incluir al SII -y revisar el tratamiento de pérdidas y ganancia acumuladas que tendrían que consolidarse en un solo RUT- y por la Fiscalía Nacional Económica, además de advertir que la CMF está entrando a dictaminar la forma en que los privados no regulados deben organizar sus negocios y eso requiere de una mirada constitucional. La verdad es que se agradece el aporte de la CMF pero este esfuerzo lo debiera liderar el Ministerio de Hacienda y para esta cartera hay asuntos más urgentes que atender”.
Edmundo Varas, director de Law KPMG Chile, comenta que del documento “surgen interrogantes sobre cómo se conciliará el gobierno corporativo de un conglomerado y de sus entidades miembros. Esto se debe a que la CMF indica que el directorio de la matriz de un holding tendría la obligación de hacerse cargo de la visión consolidada en su gestión, al mismo tiempo que se busca una gestión que promueva los intereses de cada una de las entidades individuales que la componen”.
A la vez, dice que también “es importante tener presente que la visión de la matriz del conglomerado podría afectar la decisión de las compañías afiliadas, especialmente considerando el nuevo marco legal de delitos económicos que sanciona penalmente abusos del controlador o de aquellos con una la posición mayoritaria en el directorio”.
La propuesta de la CMF parece tener un camino largo. El documento es sólo una recomendación, y dependerá del ejecutivo si lo toma para convertirlo en un proyecto de ley. Consultado al respecto en entrevista con Pulso, Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, comentó que el white paper sobre conglomerados financieros “está en revisión. Es un tema que se ha estado trabajando en la CMF, pero no es como estos otros temas (supervisión basada en riesgo para aseguradoras y el proyecto de fondo de fondos en Corfo) donde ya estamos trabajando en un proyecto de ley”.
