La redacción estaba avanzada. Las principales figuras del oficialismo en el Consejo Constitucional –como los expertos Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD) y la consejeras María Pardo (CS) y Karen Araya (PC)– estaban en plena elaboración de una declaración conjunta para fijar sus líneas rojas, con el objetivo de mostrar disposición a alcanzar un acuerdo con la derecha, cuando en la tarde del miércoles un video comenzó a difundirse y comentarse en los pasillos del ex Congreso Nacional. El protagonista era José Antonio Kast, excandidato presidencial y líder indiscutido del Partido Republicano.
“Nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar apruebo de esto”, planteó el líder de republicanos -partido que tiene que la mayoría absoluta del Consejo- en una transmisión de YouTube, dejando en duda su disposición a dialogar.
La frase para algunos en el oficialismo confirmó lo que venían diciendo públicamente: que los republicanos no tienen intenciones de ceder en sus enmiendas. El registro también provocó una alerta inmediata en los partidos de gobierno, los que aceleraron la idea de dar a conocer el documento que se había empezado a diseñar el fin de semana, en una reunión telemática de todo el progresismo.
La preocupación por las indicaciones republicanas ya generaba ruido, porque dejan a la administración del Presidente Gabriel Boric y al oficialismo en un dilema incómodo y que han optado por postergar: tener que oponerse a una nueva propuesta constitucional, una de las demandas más históricas del sector, en un proceso que no ha generado ni el interés que esperaban en las personas -los números de las encuestas de La Moneda son negativos- ni los resultados que imaginaron en los escenarios más pesimistas -con la derrota en la elección del Consejo el 7 de mayo como punto de partida-.
Todo ello ha provocado una fuerte presión al interior de los partidos progresistas, que ya se están preparando para el desembarco del proceso constitucional. Pero antes de concretar ese paso, definieron, estratégicamente, mostrar públicamente su disposición a generar consensos con la derecha y emplazar a Chile Vamos a ejercer un rol de puente para alcanzar esos acuerdos, porque de ellos depende la aprobación de las ideas republicanas -con sus votos el partido fundado por Kast alcanza el quórum para aprobar las normas- y el curso del proceso.
En ese contexto, y ante las palabras de Kast -que dejaban en evidencia el poder que tiene sobre el curso del proceso-, el miércoles el tono evidentemente cambió y las llamadas se intensificaron hasta el jueves, cuando se publicó el documento en una conferencia de prensa. La molestia era a tal nivel que la extensión se les fue de las manos y cuando ya estaban a punto de entregarlo tuvieron que entrar a editar para reducir la cantidad de páginas (terminó en seis).
En la declaración, que titularon como “Invitación por la Unidad”, los partidos de Unidad para Chile escribieron: “Desperdiciar este momento sería una irresponsabilidad y un error histórico”. Además, reforzaron “la disposición para llegar a acuerdos” para “no repetir los errores del pasado” y plantearon siete ejes fundamentales ante la amenaza que perciben en las enmiendas republicanas: la estabilidad institucional, igualdad, derechos sociales, seguridad, lucha contra la corrupción y los abusos, protección del medioambiente y habilitación del debate democrático. Entre los límites que fijaron están los tratados internacionales y, sobre todas las cosas, que se respete “el Estado de derechos”. Además, hicieron una advertencia: “El tiempo apremia”.
El motivo es que desde este lunes 28 de agosto se empezarán a votar las enmiendas en las comisiones. Y, en esa línea, hasta el cierre de esta edición las bancadas de Unidad Para Chile, Chile Vamos y republicanos conversaban sin mucho optimismo, en distintos espacios, para intentar llegar a acuerdos en una negociación que cada día se torna más tensa y que desde lunes -con la votación- empezará a definir el camino de los partidos que apostaron por el segundo proceso constitucional después del fracasado primer intento.
Pero los partidos oficialistas no están dispuestos a todo y por eso optaron por marcar sus líneas rojas. Sobre todo luego de ver que en sus filas ya se han manifestado los primeros descuelgues: el sábado 19 de agosto, en un evento en la Academia de Humanismo Cristiano, diversos actores anunciaron que harán campaña por la opción “En contra” en el proceso. Entre ellos estaba el exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).
¿Se bajan del proceso?
El anuncio, en el que estuvieron figuras del PC, no pasó inadvertido en el órgano redactor. El lunes, apenas los consejeros pusieron un pie en el ex Congreso Nacional varios se acercaron a los comunistas Karen Araya y Fernando Viveros.
“¿Es cierto que se bajan del proceso?”, le preguntó preocupado un consejero oficialista a Araya, quien respondió tajantemente que no.
Pese a que en el PC hay voces disidentes del proceso, la postura institucional del partido -al igual que todo el oficialismo- es esperar la votación de las enmiendas para definir qué hacer.
De hecho, días antes Araya –cercana a las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara– ya había tenido conversaciones sinceras con el secretario general del partido, Lautaro Carmona, quien está de acuerdo con la estrategia de esperar. También la profesora conversó con el alcalde Daniel Jadue y Hugo Gutiérrez para explicarles sus motivos.
De todas formas, las aclaraciones de la consejera no bastaron, ya que en el Partido Republicano asumieron como un hecho que el PC se bajaba del proceso. A tal punto de que Araya tuvo que increpar a los consejeros Luis Silva y Antonio Barchiesi al escucharlos en televisión.
“Ustedes están mintiendo”, les dijo.
El conflicto desató la molestia en las bancadas progresistas que elaboraron el documento, por lo que, además, nombraron a Araya como la jefa de bancada de Convergencia Social-PC para hacerles frente a las dudas que dejó la postura de sus compañeros de partido y ante la arremetida de la estrategia republicana. La señal era una sola: el PC no se bajará anticipadamente.
En medio de todo, el delegado de los socialistas, Alejandro Köhler, aseguró en entrevista con La Tercera que en el oficialismo se mantendría la unidad, ya que los republicanos y algunos de Chile Vamos buscan negociar solo con los partidos del Socialismo Democrático.
“No hay ninguna posibilidad de que el PS acuerde solo con la derecha”, dijo Köhler.
En La Moneda, en tanto, no han querido involucrarse, a excepción de algunas intervenciones por enmiendas republicanas cuestionadas, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, ante la idea de que los privados de libertad mayores de 75 años cumplan la condena en sus residencias (lo que sacaría de la cárcel, acusan en la izquierda, a condenados por violaciones a los derechos humanos), y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS), en la discusión del aborto.
El Presidente y los ministros del comité político les han solicitado a los jefes de los partidos que supervisen el proceso e insistan en la necesidad de estar unidos, pero también tienen personas de confianza vinculadas al proceso: Matías Meza-Lopehandía (CS), exjefe de gabinete y muy cercano a Boric, asesora a la directiva de su partido en temas constitucionales y se reunió con sus consejeros el lunes pasado; el experto Gabriel Osorio (PS) mantiene un diálogo fluido y una relación antigua con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y el programa constitucional del PPD, del que alguna vez formó parte la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sigue funcionando. Ahí tiene varios cercanos que participan de una mesa liderada por la Fundación Chile 21, compuesta desde la DC al PC y en la que comparten grupo de WhatsApp figuras como Nicolás Eyzaguirre (PPD), muy cercano a la jefa de gabinete; el constitucionalista José Antonio Ramírez (PPD) y la exconvencional Bárbara Sepúlveda (PC), una de las mejores amigas de la ministra Vallejo.
En lo formal, dicen en el gobierno, la división de Estudios de la Segpres, liderada por Javiera Ascencio, es la instancia encargada de supervisar el proceso y generar insumos sobre los debates.
Líneas rojas
El lunes, en la sala multiuso, se reunió extraoficialmente la comisión de Función Jurisdiccional, en la que el consejero republicano Antonio Barchiesi -presidente de la instancia- se ha enfrentado en varias ocasiones a la experta del oficialismo Leslie Sánchez (PL). La intención del encuentro era buscar acuerdos, pero la iniciativa no perduró.
