“Creo que hay un consenso en este minuto. Los que estamos del lado del análisis, los gobiernos, los partidos políticos, sabemos que tenemos un problema no menor en nuestras fronteras del norte de Chile, en las grandes ciudades con el crimen organizado y que tenemos un problema en la macro zona sur por insurgencia, que a veces tiene cara de terrorismo o delincuencia, dependiendo de la mirada que uno tenga”.
Esta es la evaluación de entrada que hace el experto en seguridad, defensa, guerras modernas y columnista de El Mostrador, Richard Kouyoumdjian, sobre la problemática situación de inseguridad que vive el país y que motivó al Presidente Gabriel Boric hace algunas semanas a convocar el Cosena.
-¿Cómo evalúas el resultado de la sesión del Cosena, cuyas conclusiones quedaron registradas en acta y se hicieron públicas?
-Creo que el Cosena es una buena reunión para que las autoridades, las más altas autoridades de la República, se reúnan a ver el tema de la seguridad nacional o de la seguridad pública como lo quieran llamar ellos. Ahora, el acta es bastante críptica, uno tiene que entrar a analizar qué es lo que querían decir, efectivamente. Este no es un acta que se haga circular por todas los autoridades que asistieron para que le den el visto bueno. Esto es básicamente el acta que saca Presidencia con las conclusiones y los principales puntos que plantearon cada una de las autoridades, porque fue además una reunión bastante larga y yo creo que en lo sustancial recoge dos cosas. Primero, creo que la posición respecto a las distintas instituciones de la Defensa quedan bien representadas. Segundo, si bien es cierto se citó para la infraestructura crítica, creo que terminaron cubriendo bastante más cosas que infraestructura crítica. El Cosena en esa fecha iba a estar evidentemente influenciado por el tema de los incendios de Viña del Mar. Y probablemente la conclusión general es que el país necesita una estrategia de seguridad. Ojalá que el Cosena sesione durante este periodo en forma mensual o bi mensual, para ir monitoreando el avance en la materia.
-Bueno, la ministra del Interior (Carolina Tohá) quedó con con la obligación, el compromiso de presentar medidas concretas.
– Sí, y creo que son las mismas medidas que ella había anticipado. La verdad yo no soy muy amigo del Ministerio de Seguridad Pública, no no estoy tan seguro si va a agregar valor o no. Lo que más rescato es que de una vez por todas se saque la legislación relativa al sistema de Inteligencia nacional.
-¿Qué es la inteligencia y el rol de la inteligencia?
– La inteligencia es tener la información a nivel de las autoridades de lo que está ocurriendo en distintos lugares, porque no hay nada peor que estar solo actuando en forma reactiva. La inteligencia te permite actuar en forma preventiva, para poder anticiparte a la jugada.
– ¿Y qué pasa con la inteligencia hoy día en Chile?
– La inteligencia en Chile está, yo diría, bastante disminuida después de los eventos en que Carabineros fabricó pruebas para el caso Huracán. Todas las facultades de inteligencia de Carabineros fueron reducidas al mínimo, algo tiene la PDI, las Fuerzas Armadas solamente pueden hacer contrainteligencia, conforme les afecte algunos aspectos propios de ellos. Y la ANI es una oficina que recopila información, que produce análisis para el Gobierno, pero que tiene capacidades limitadas para obtener información, ya sea por vía humana, vía electrónica o satelital. Hoy en día estamos en un mundo sumamente tecnológico y estamos hablando de nuestra capacidad de inteligencia limitada, porque no le hemos permitido a nuestro sistema de inteligencia operar con datos. Entonces cómo esperamos que la acción de las policías o del gobierno sean efectivas, si no tienen información. Ahora, esto es un problema del gobierno actual pero también fue un problema del ex Presidente (Sebastián) Piñera. El ex Presidente Piñera en alguna medida estuvo por acelerar esto, pero todos sabemos que nuestro sistema político fragmentado no permitió que legislaciones de este tipo llegaran a buen término. Y, lamentablemente, tenemos que esperar que la crisis aumente su temperatura para que haya voluntad política transversal de poder sacar este tipo de legislaciones.
-Está pendiente una ley que establezca un Sistema Nacional de Inteligencia a altura de lo que Chile necesita.
-Robusto y con capacidades. Y, además hay un tema que a veces se nos olvida, el de proteger nuestra ciberinfraestructura, nuestra infraestructura digital y electrónica de lo que son los ciberataques. Entonces tenemos que tener una legislación de inteligencia acorde al año 2024, ya lo que tenemos en este minuto no da para nada. No podemos esperar que la seguridad nacional y la seguridad pública funcionen si no sabemos por dónde nos están pegando y cuándo nos van a pegar. En ese sentido, le hemos entregado la iniciativa a quienes lideran esos espacios, los criminales. La capacidad de reacción del Estado es limitada porque no tiene la información, y lo que queda es reaccionar a las iniciativas criminales. No te puedes anticipar a ella, no sabes a dónde va, en qué comuna va a estar.
-Respecto de las definiciones sobre coordinación entre policías y Fuerzas Armadas, ¿cómo se trabaja eso?
-Cuando tienes un estado de excepción constitucional, que está a cargo del jefe de la Defensa designado por el Presidente, normalmente la autoridad militar de la zona, es él quien coordina los esfuerzos policiales y militares, porque es él quien tiene la autoridad para hacerlo.Y el problema es la ausencia de un mandato o decreto supremo que establezca las atribuciones. Las primeras en el sur eran bastante limitadas. Hoy es más amplia, tiene más facultades el jefe de la Defensa. Ahora bien, policías y militares tienen que actuar necesariamente juntos, porque los militares en los estados de excepción – a no ser que sea un delito flagrante- no pueden detener a la gente. Cuando quieren ir a investigar donde pueden haber armamento insurgente o organizaciones insurgentes, lo tienen que hacer con concurrencia de policías y del Ministerio Público. Un Estado de Excepción no anula el sistema jurídico chileno, crea excepciones en ciertas materias, pero los sistemas judiciales siguen funcionando. El problema de combatir a la insurgencia con herramientas que no son necesariamente antiinsurgentes es bastante complejo y eso es lo que nos pasa en la macrozona sur.
-¿Y en el norte, cuál es la situación?
-En el norte, tienes bajo la declaración de infraestructura crítica las fronteras como tales y ahí la coordinación es efectivamente entre militares y policías pero no está a cargo de un militar, específicamente se designan fuerzas militares que van en apoyo de las policías. Lo que hacemos en las rutas del norte es llevar a rango constitucional lo que estaba en el decreto 265, que en su minuto firmó el ex Presidente Piñera junto con Alberto Espina. Pero es mucho más de apoyo a las policías, los que detienen son normalmente los policías a los inmigrantes ilegales en distintos lugares que se detectan, principalmente un esfuerzo de policía militar. Muchas veces no basta sólo con la coordinación entre policías y militares. En la frontera norte tienes otras organizaciones del Estado, tienes Aduana, Servicio de Impuestos Internos, las autoridades regionales, comunales, las que deben participar de la coordinación, porque no sacas nada si los esfuerzos del Estado no actúan como un todo, con todas sus agencias participando en ese esfuerzo.
-Así es como debe funcionar un estado de excepción.
-Claro. Legalmente la única instancia donde tú puedes coordinar a las autoridades es en los estados excepción, como ha pasado también en el tema de los incendios en la Quinta Región. Hay un jefe a la defensa. El problema es que es el jefe de la Defensa el que debe interactuar con el Senapred y todo el sistema de prevención de incendios, o de desastres y de emergencia, pero como hemos visto aparecieron ministros designados a los que después le cambiaron la designación. La ministra (Camila) Vallejo está de delegada del Gobierno, pero es una delegada con la autoridad que tiene el jefe de la Defensa, entonces se comienzan a superponer autoridades, lo cual no es bueno.
-¿Qué falta a a nivel normativo para que eso funcione bien?
-En un estado excepción, tipo macro zona sur, hay que dejar que las cosas funcionen y que el jefe de la defensa pueda hacer la pega y que el resto de las agencias del Estado cooperen al mismo al mismo nivel en que operan normalmente los militares y los carabineros. En lo que es la infraestructura crítica que tenemos en el norte, la cosa ha funcionado hasta ahora porque hay buena coordinación entre la policía y militares y ahí probablemente falta más apoyo de las otras agencias del Estado.
-¿Y en un hipotético estado de excepción para combatir el crimen organizado?
-El modelo de la infraestructura crítica no resuelve el problema del crimen organizado, este no quiere atacar o destruir la infraestructura crítica, el crimen organizado quiere desarrollar su negocio y para ello elimina a todos aquellos que se interponen en su camino, sean rivales o autoridades de gobierno o policías. Si nosotros tenemos un problema de seguridad pública, abordémoslo como un problema de seguridad pública, pero si tratamos de vestirlos de infraestructura crítica, ahí tenemos problemas. Dentro de los ejemplos que dio la autoridad en la sesión del Cosena se citó como ejemplo los casos de Francia, España, Inglaterra e Italia. En estos países, las Fuerzas Armadas han sido llamadas para proteger infraestructura crítica como por ejemplo en Gran Bretaña para las Olimpiadas, en Francia respecto de cierta instalaciones críticas que estaban siendo atacadas o eran blanco de lo que es el terrorismo islámico, y lo mismo pasa en Italia y lo mismo en España, pero no es el caso de Chile.
-Qué debiera pasar para tener mejores reglas de uso de la fuerza?
– Las reglas de uso de la fuerza requieren claridad de cómo operar ante una cierta situación. Si me atacan yo puedo reaccionar. Como estamos hablando de crimen organizado, insurgencia o inmigración ilegal, se deben entregar instrucciones claras al soldado, a los tenientes, al que está en la calle, diciéndole esta es la forma en que usted tiene operar. Y ahí el uso la fuerza es mucho más importante si es que tenemos que meter las fuerzas militares en espacios urbanos, ¿cómo reaccionarán ellos? Si atacan es fácil, se reacciona, pero qué pasa si yo tengo que salir a buscar a criminales, qué pasa si tengo que darle cierta protección a Carabineros cuando se hace esa función. Actualmente las reglas de uso de la fuerza no tienen rango de ley, tiene solamente rango de decreto supremo, que firmó Piñera después del estallido. Y el tema es complejo, porque el armamento que usan las Fuerzas Armadas es letal. Creo que hay que partir de la base que las Fuerzas Armadas no son para estas materia, por lo tanto probablemente cuando se vaya a discutir el reglamento de uso de la fuerza probablemente salga un engendro, algo raro raro y que no sé si va a ser cien por ciento aplicable, por lo que hay que hay que tener mucho cuidado.
-¿Cuál es tu análisis de cómo quedó el financiamiento de las Fuerzas Armadas luego que fuera reemplazada la Ley Reservada al Cobre en el segundo gobierno de Sebastián Piñera?
-Creo que todos sabíamos que cuando se reemplazó la Ley Reservada del Cobre por la ley de Financiamiento de Capacidad Estratégica que había un riesgo de que el Ministerio de Hacienda o el Parlamento no autorizara los fondos necesarios para desarrollo y capacidad de estrategia. Eso era un riesgo y todos quedamos un poco asustados en el ejercicio presupuestario de este año de no dejar el 2024 financiado desde un comienzo.
Yo quiero poner el acento en las capacidades del gasto de Defensa. Tener gente desplegada permanentemente en la macrozona sur, en la frontera norte, o eventualmente dedicado labores de seguridad dentro de los cascos urbanos sale muy caro y, ¿con qué plata se hace? Con el mismo presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas. Y, además, ese presupuesto no ha crecido, la inflación se los come. Por eso creo que el financiamiento de las Fuerzas Armadas es un tema que hay que analizar, la participación en todas estas labores de seguridad pública, qué presupuesto requieren.
-¿El tema del financiamiento es un problema de la legislación – tal y como quedó después de la derogación de la Ley Reservada del Cobre- o es un tema de implementación?
-Creo que es un tema de implementación. El reemplazo de la ley del cobre tiene un riesgo, pero yo veo mucho más complejo que la autoridad política no asuma las obligaciones que tiene respecto a mantener actualizada la política de defensa, la política militar y que permitan que efectivamente se vaya realizando el gasto necesario para mantener las capacidades estratégicas, porque si no, nos vamos a encontrar como eran las cosas antes. El desarrollo de las capacidades estratégicas requiere algo que a los políticos no les gusta mucho: la planificación.
