Después de casi cinco meses de su instalación, el Consejo Constitucional está a pocos días para terminar sus funciones. En dos semanas, el órgano redactor le entregará su propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric. Durante su periodo de trabajo, el órgano redactor ha tenido que resolver los temas controversiales que la Comisión Experta les traspasó, uno de ellos -y el principal nudo político de todo el proceso- es la libertad de elección en salud.
Tras varias discusiones desde la fase de la Comisión Experta y luego en el Consejo Constitucional, la norma quedó así en el texto final: “Es deber preferente del Estado garantizar a todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
Una redacción similar a la Carta Magna vigente, la cual en esa materia establece que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias”, además de que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
La novedad de esta disposición en la propuesta del Consejo es implementar un plan universal y sin discriminación. “La ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas”, se lee en la norma. Esta idea fue iniciativa del comisionado Teodoro Ribera de RN y defendida con fuerza por los consejeros del mismo partido, Germán Becker y Pilar Cuevas.
Este plan universal será financiado por el Estado según afirmó Becker. “El Estado tiene que financiar el plan universal para las personas que no tengan cómo hacerlo, los que tienen recursos y si le descuentan para la salud, esos recursos, no sé si todos ellos, ahí verá el legislador, tendrán que financiar este plan universal”. Además, estará sujeto a una ley, es decir, “sin ley no puede implementarse, pero sí hay un plazo para que se envíe la ley al Congreso”, explicó el consejero. En el texto, en una disposición transitoria, se establece que “la ley que regule el plan de salud deberá entrar en vigencia a partir del primer día del cuarto año de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
El gran problema que ha persistido durante los meses de trabajo en el proceso es que desde la izquierda -tanto los comisionados como los consejeros- acusan que esta disposición “constitucionaliza a las isapres”. Eso sí, el oficialismo ha sido claro que con sus reparos en materias de derechos sociales no apuntan a que se provean mediante prestadores públicos o privados, sino que les disgusta que quede a nivel de aseguradoras o administradoras.
El consejero Becker (RN) señaló que el plan universal que incorpora la norma hace justamente lo contrario a lo que señala el oficialismo. “Justamente es al revés porque lo que hacemos es decirles a las isapres ‘si ustedes quieren participar en el plan universal no van a poder discriminar en ningún sentido’, cosa que sí han hecho durante toda su existencia. Ahí va a ser bastante difícil que las isapres en la forma que están hoy, sigan participando”, indicó.
El consejero además sostuvo que “es un plan universal de salud similar a la garantía GES que tenemos ahora. Las prestaciones tendrá que dárselas el Estado o los privados. Esas prestaciones no van a poder discriminar ni por edad, ni por género, o sea que las mujeres van a pagar lo mismo que los hombres aunque estén en edad fértil, ni tampoco por preexistencia. Por lo tanto, aquí en esto queda claro que para las isapres va a ser muy complicado que sigan funcionando en ese esquema, porque sabemos que las isapres de alguna manera elijen a sus clientes”. También comentó que “la idea es que tenga ojalá todas las patologías que son más común, pero también que ya cada vez empiece a incorporar nuevas patologías”.
El juicio de los expertos en la materia
El exministro de Salud de Ricargo Lagos, Osvaldo Artaza, calificó esta norma como “mala”, esto porque, a su juicio, “rigidiza las posibilidades de distintas herramientas o alternativas de reforma a la salud hacia un sistema universal de salud que replique las mejores prácticas de mejores países en el mundo”. El médico además señaló que “el texto de la Comisión Experta había evitado entrar en detalles que son más propios de proyectos de ley o de programas de gobierno, y lo que hace la norma es entrar en detalle”.
La exministra de salud del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, María Soledad Barría, fue más dura. “No cabe duda que se constitucionalizan las isapres, porque se establece que la persona tiene derecho a elegir en el sistema de salud que desea acogerse, sea estatal o privado y lo que pasa es que la libertad de elección es un especismo porque solo algunas personas pueden cotizar en las isapres (…). Lo que se constitucionaliza aquí es una desigualdad tremenda. El plan no puede discriminar, pero no se dice que las isapres o las instituciones no puedan discriminar. Hoy día existe un plan de salud universal, todos los que estamos en Fonasa tenemos un plan general sin discriminación alguna, salvo que no cubre lo estético. El problema son las instituciones privadas”, señaló Barría.
Desde las vereda de la derecha ven con buenos ojos la norma. El exministro de Salud de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, indicó que para él la integración del plan universal es el avance crucial del texto. Además, consulado sobre si la norma afectaría a las isapres, respondió: “Son dos temas independientes, vale decir que la Constitución si es que se aprueba el texto, lo que dice no es que las isapres van a existir o no, lo que dice es que las personas van a tener libertad de elección y en dónde cotizar, si eso significa isapres reformadas u otro sistema, o seguros de salud, es un tema que está por verse, pero no es algo que en concreto la Constitución se haga cargo y en ese sentido esa expresión ‘constitucionalizar el modelo de isapres’ es inexacto, esa es una frase para la galería”.
Por su parte, la exsubsecretaria de salud de Piñera y la directora ejecutiva del Cento de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la UDD, Paula Daza, señaló que “es un derecho que ya está legitimado por la ciudadanía y por eso que es positivo que se contemple en la Constitución. Existe cierto consenso de que debemos avanzar hacia una cobertura universal de salud y que se debe revaluar el sistema de financiamiento de salud, pero no hay que enfrascarse en discusiones sobre estos paradigmas en la constitución. Eso corresponde a otras instancias”.
¿Limita al legislador?
Cuando la norma fue aprobada, durante la discusión el consejero republicano Luis Silva declaró que con esta disposición buscaban limitar al legislador para evitar el “monopolio estatal”. Este comentario desató los reproches del oficialismo, quienes respondieron que “constitucionaliza una política pública”, ya que según la izquierda, resolver el problema de las isapres es responsabilidad del “legislador”.
Consultado por este punto, Becker señaló que no es cierto, “porque el legislador lo que va a tener que hacer es un plan, en ese sentido le estamos dando un marco general”.
Sin embargo, Osvaldo Artaza criticó duramente este punto. “Limita al legislador porque ya coloca dos sistemas en paralelo y, por lo tanto, las posibilidades de un sistema que converse ya se limitan. Es aún más rígida que la Constitución del 80 en lo que se refiere a salud, y lo que hace es que una visión de un país de un sector se impone versus a los otros y eso es limitante y es un error grave”, señaló el médico.
