Además de los ministros del gobierno de Gabriel Boric, que concurrían a encuentros organizados por el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI), este fin de semana varios legisladores comenzaron a transparentar por voluntad propia y ante consultas de la prensa que también habían desfilado por la casa del exjefe comunal, que hoy se dedica al lobby y organiza conversaciones entre autoridades y empresarios.
El domingo, en el programa Estado Nacional, el diputado Juan Santana (PS), quien preside la Comisión de Trabajo de la Cámara, sorprendió a los presentes al reconocer que participó de una reunión en la residencia del lobbista a la que asistieron representantes de la Asociación de AFP.
La revelación abrió un escenario complejo para Santana, quien se arriesga ser sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara por no haber declarado esa cita de acuerdo a las obligaciones de la Ley de Lobby, ya que la reforma de pensiones -que está en manos de la Comisión de Trabajo- fue el principal tema tratado en esa cita. Además, la derecha anunció que pedirá su destitución como presidente de esa instancia legislativa.
En el programa televisivo, Santana -quien ayer señaló que no tenía previsto renunciar a la Comisión de Trabajo- dijo que estaba solo él en ese encuentro, pero que entendía que otros parlamentarios también habían concurrido a la casa de Zalaquett.
Esa información aparentemente tampoco era exacta. Esta mañana, a través de una declaración pública, el diputado Alberto Undurraga, presidente de la DC y también miembro de la Comisión de Trabajo, reveló que estuvo en esa cita de Santana con las AFP.
“En abril del año pasado fui invitado a exponer mis puntos de vista acerca de la reforma de pensiones junto a otros dos parlamentarios de distinto pensamiento político, el senador Rodrigo Galilea y el diputado Juan Santana. Los participantes eran diversas personas del sector privado en general y del sector de pensiones, ante quienes (…). Expusimos nuestras posiciones, confrontamos nuestras ideas y contestamos preguntas acerca de nuestras exposiciones, como en todo foro–panel. Con base a lo anterior, dado el formato de la reunión y los temas abordados, no hubo gestión de intereses de ningún tipo, por lo que no se registró en la plataforma Ley de Lobby”, dijo Undurraga, cuya interpretación de la normativa, en todo caso, ha sido cuestionada por juristas expertos en transparencia.
A diferencia de otras reuniones, donde la excusa de las autoridades ha sido que simplemente participaron de un diálogo amplio, en este caso el tema era un proyecto en discusión en el Congreso.
Sobre el punto la Ley de Lobby señala que están reguladas dentro de la norma aquellas gestiones “destinadas a obtener” decisiones como “la elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas sus comisiones”.
También la legislación establece algunas excepciones en las que las autoridades no están obligadas a transparentar sus audiencias; sin embargo, no está claro que esas eximentes se apliquen en este caso.
Además de Santana, Undurraga y el senador Galilea, esta mañana trascendió que también asistió a algunas reuniones el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien explicó que no informó el encuentro, pues no hubo gestión de interés y él fue el encargado de dar la charla sobre el pensamiento de la UDI ante la reforma de pensiones.
Por su parte, los senadores de Demócratas Matías Walker y Ximena Rincón y su par del PPD Jaime Quintana también reconocieron haber concurrido a las citas organizadas por el exalcalde y lobbista.
Ante un requerimiento de La Tercera, Walker expresó que “con total transparencia informo que sí”.
Así, agregó que “en el caso mío y de Ximena (Rincón) participamos de una reunión después del plebiscito de 2022, para dar a conocer nuestra visión del nuevo proceso constitucional, ante las dudas de dirigentes de gremios empresariales frente a un nuevo proceso, oportunidad en la que reafirmamos nuestro compromiso con un nuevo proceso constitucional, que partiera con un marco de acuerdos”.
Y añadió: “Participamos de una segunda reunión el 2023, tras la aprobación de nuestra Ley de Delitos Económicos, frente a la pública controversia que tuvimos con la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) cuando recurrieron al Tribunal Constitucional. Obviamente defendí nuestro proyecto y aclaré dudas respecto de su contenido. No correspondía registrar ninguna de ellas, pues se trataba de temas de interés general. Y, en el segundo caso, la ley ya había sido aprobada y expliqué su contenido, tras una controversia con la CPC, de público conocimiento”.
Por su parte, Quintana también defendió su decisión de no informar la reunión (ver entrevista).
Durante el fin de semana, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también informó haber concurrido a un encuentro para hablar del proceso constituyente. Vodanovic, de hecho, esta mañana indicó, en entrevista con radio Universo, que “en el momento en que fui, fui con la buena intención, no vi que hubiera ninguna incompatibilidad con ir a explicar el estado del proceso constituyente, así como fui a muchas partes y fui a muchos otros lugares… tal vez, claro, uno hoy día dice no debería haber ido, pero digo, con la conciencia muy tranquila, de que fui a hablar de algo que, para mí, era muy importante en ese momento, para el país era muy importante”.
El senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Francisco Undurraga también concurrieron a una de las citas en el domicilio del histórico UDI para hablar del clima político y el proceso constituyente.
El actual ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, también asistió a la casa de Zalaquett. Eso sí, lo hizo cuando era parlamentario y asistió a uno de estos diálogos con el senador Juan Antonio Coloma (UDI), actual presidente de la Cámara Alta.
Estas rondas de reuniones, que no han sido transparentadas en el registro de audiencias de la Ley de Lobby, fueron reveladas por Ciper Chile e involucraban, en principio, a ministros del gobierno, entre ellos Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).
El gobierno, en particular el Presidente Gabriel Boric y la ministra vocera Camila Vallejo, negaron que hubiera infracciones a la Ley de Lobby (que obliga a declarar estas reuniones), ya que se trataba de simples instancias de “diálogo”.
El respaldo del Mandatario al menos en teoría liberaría de la sanción pecuniaria a la que se arriesgaban los ministros por no informar estos encuentros, ya que la Ley de Lobby le delega la facultada de multar estas infracciones a quien los nombró, es decir, el propio Presidente de la República. En todo caso, ello solo podría cambiar si es que la Contraloría emite un pronunciamiento que diga lo contrario.
Ayer, la bancada del Partido Republicano concurrió a la Contraloría para pedirle al organismo que investigue las posibles omisiones de los secretarios de Estado.
No obstante, la situación de los diputados y senadores es distinta. La normativa señala que las respectivas comisiones de Ética de la Cámara y el Senado son las encargadas de ponderar posibles infracciones al reglamento y a la Ley de Lobby.
“La Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda le aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda”, dice la norma. Es decir, una sanción que puede fluctuar entre $646 mil pesos a un $1,9 millones.
Y agrega: “El procedimiento podrá iniciarse de oficio por las comisiones señaladas en el inciso primero o por denuncia de cualquier interesado, lo cual será comunicado al afectado”.
