La agenda de seguridad ha tomado un papel preponderante en la política desde el asesinato de dos carabineros en marzo y abril de 2023. Este giro legislativo, que incluyen la tramitación de un nuevo Ministerio de Seguridad, una nueva Ley Antiterrorista y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), ha desplazado la agenda de Apruebo Dignidad. Sin embargo, la implementación de estas medidas se ha convertido en tema de debate.
La oposición insiste en acelerar la agenda de seguridad, pero la tramitación ha sido más lenta de lo esperado debido a consideraciones políticas. Desde sectores opositores al Gobierno han evaluado los costos de introducir esta nueva institucionalidad en el último año del presidente Gabriel Boric y con la ministra Carolina Tohá como rostro principal de la seguridad.
El ministro Segpres, Álvaro Elizalde, intentó calmar las sospechas de la oposición de que la ministra Tohá podría ganar popularidad con la nueva institucionalidad: “Esta es una suspicacia infundada. En todo caso, para facilitar la aprobación del proyecto, el gobierno tiene toda la disposición para que las nuevas tareas del Ministerio del Interior se apliquen a partir del próximo período presidencial”, precisó Elizalde.
El proyecto, que incluye nuevas atribuciones del Ministerio del Interior y la creación del Ministerio de Seguridad, pasó al Senado esta semana y se anticipan varios cambios al diseño enviado desde la Cámara Baja. La derecha dejó claro que no aceptará el proyecto en su forma actual, argumentando que abre la puerta a la figura de un primer ministro, algo que consideran que podría disminuir aún más las facultades del Presidente de la República.
“No estamos dispuestos a que a este sistema presidencial, que ahora es de facto un parlamentarismo, se le incorpore la figura de un primer ministro que disminuya aún más los poderes del Presidente de la República”, aseguraron desde la oposición en el Newsletter de El Mostrador, +Política.
Dentro del oficialismo, las opiniones están divididas. Un parlamentario oficialista involucrado en las negociaciones consideró razonable la solicitud de la oposición de que el próximo gobierno implemente el Ministerio de Seguridad y el nuevo perfil del Ministerio del Interior. Sin embargo, otros en el oficialismo advierten que es inaceptable hablar de fast track de seguridad y luego postergar dos años la implementación de la nueva institucionalidad.
