Aparentemente, el móvil político del secuestro ya no hace tanto sentido en La Moneda, como hace 6 días. El caso no termina de cerrar, pero la oposición inició una fuerte embestida, que probablemente tendrá este miércoles a sus presidentes de partido reunidos con la ministra Tohá, quien indicó este martes que existen avances “significativos” en la investigación. El problema es la información. La derecha dice que el Ejecutivo no la tiene y apuestan a cobrar responsabilidades políticas. El gobierno afirma que no entregará antecedentes, ya que existiría temor de que sean usados políticamente. Por el flanco izquierdo apareció el PC levantando una tesis funcional al régimen de Maduro. Está por verse cuánto de las acciones fiscalizadoras anunciadas llegarán a puerto.
Qué observar. Desde la semana pasada que el Ministerio Público maneja un video que registra el momento que fue secuestrado el teniente en retiro Ronald Ojeda Moreno. Para entonces en el gobierno se inclinaban por la tesis de que era prácticamente inviable la posibilidad de en el plagio estuviera involucrado el crimen organizado. La sofisticada operación, con varios automóviles, uno de ellos clonado, no hizo más que fortalecer las sospechas de La Moneda sobre el régimen de Maduro. Ojeda era un reconocido opositor de Maduro que se fugó de la cárcel militar de Ramo Verde en 2017 y que a fines del año pasado había conseguido refugio político en Chile.
- Así, si en principio no se descartó ninguna hipótesis, en el segundo día del conflicto se optó por elevar diplomáticamente el tema, anunciando que el embajador Jaime Gazmuri haría gestiones en Caracas.
- Se trataba de avanzar a paso firme para agotar todas las instancias diplomáticas y dejar constancia de ellas en el caso de que la crisis termine escalando en su máximo nivel, si era comprobado que el régimen de Maduro estuvo involucrado en el secuestro, violando el territorio nacional. El bajo perfil estaba descartado, así como patear el tablero era una opción abierta.
Lo que se sabe. Este martes, en el sexto día desde que se informó el plagio del ex teniente Ojeda, solo está claro que la oposición endureció por una parte su posición frente al caso y que la directiva del PC hizo lo suyo por el otro.
- En el oficialismo circula la versión de que Gazmuri se reunió con viceministro para las Américas de la Cancillería venezolana, Rander Peña.
- No está claro qué habría ocurrido y todo apunta a que el embajador habría planteado la preocupación de Chile por el secuestro, pero sin suscribir ninguna hipótesis durante el diálogo que se le atribuye con el viceministro venezolano.
- Lo única certeza hasta ahora es que Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Maduro, negó la semana pasada que el dictador estuviera detrás del secuestro y que hasta ahora el régimen no ha salido a desmentirlo oficialmente (el reconocer un plagio de corte político es equivalente a un contrasentido, en caso que así haya sido)
- Hoy la tesis que más suena apunta a que el Ministerio Público estaría volcando su investigación a las organizaciones criminales.
- Aparentemente, el móvil político ya no hace tanto sentido en La Moneda -el caso de Ojeda no ha tenido eco de la disidencia en Venezuela y no estaba vinculado a la plana mayor anti Maduro en Chile- y siguen estando abiertas todo tipo de posibilidades, como que sus captores hayan sido de servicios de inteligencia descolgados del régimen, que se haya “subcontratado” el plagio o que exista una pelea entre militares de ese país.
- Vale decir, el caso no termina de cerrar.
Un panorama difícil. En este contexto, comenzando un año que prometía partir con vientos favorables tras el triunfo del En Contra en diciembre, la oposición comenzó una ofensiva en torno al secuestro tras varios días de cautela. Parte de sus dirigentes han acusado en las últimas horas que existe falta de información, solicitaron medidas de fiscalización en el Congreso y todo apunta a que este miércoles sus máximos representantes acudirán a reunirse con la ministra Tohá.
- En La Moneda han tomado nota, particularmente de la posición de Amarillos.
- “El gobierno se excusa y dice: es que lo qué pasa es qué hay una investigación reservada de la Fiscalía. Es cierto, pero tenemos que tener algunas luces y es obligación también del Parlamento fiscalizar y es por eso que se tienen que hacer sesiones secretas”, indicó este martes el presidente del partido, Andrés Jouannet.
- La oposición está pidiendo que se realice una sesión especial -que aún no se gestiona por parte de la mesa de la Corporación que dirige Ricardo Cifuentes- y que se haga un encuentro de las comisiones unidas de Defensa e Inteligencia.
- El primer problema que saltó es que la jefa de la bancada de los diputados independientes del PPD, Marta González, se sumó a la idea y solicitó que también estuviera la comisión de RREE.
- El segundo es que, en privado, algunos dirigentes de oposición señalan que llegó el momento de hacer valer responsabilidades políticas, en el entendido de que Maduro está detrás de la operación.
- El subsecretario Manuel Monsalve firmó en enero un acuerdo con el régimen de Maduro para intercambiar información sobre sujetos de interés para el combate del crimen organizado. El séptimo punto del acuerdo —consignado entonces en una declaración de la Subsecretaría— incluía la posibilidad de requerir antecedentes penales de blancos investigativos de “delitos violentos” y “otros delitos”. La Moneda descartó que Caracas haya solicitado información sobre Ojeda, pero para algunos la redacción conocida del texto abre el riesgo potencial de recibir peticiones sobre disidentes con antecedentes en Venezuela.
“Aquí pasaron una línea roja”. En La Moneda tienen claro de que la embestida opositora los deja en una posición difícil, al igual como la defensa que ha hecho en las últimas horas el PC respecto del régimen de Maduro.
- Hasta ahora, sin embargo, en el gobierno dicen tener adoptada la decisión de no proporcionar a la oposición los antecedentes que tendrían, dada la desconfianza que afirman tener respecto de que la información sea usada como una arma política y luego divulgada, provocando un problema en una investigación de un secuestro.
- “Aquí pasaron una línea roja”, se señala.
- Más aún, Tohá indicó este martes que existen avances “significativos” en la investigación.
- En parte del Ejecutivo piensan que la embestida política en contra del gobierno puede tener un alto costo político para la oposición a la larga, ya que aún pueden existir vuelcos en la investigación y se trata de un caso muy delicado que afecta a distintos estamentos del Estado.
- En la oposición piensan, por el contrario, que La Moneda no tiene información y que se ampara en que es el Ministerio Público el que está llevando el caso, sin enfrentar con fuerza a Maduro, como exigen.
Telón de fondo. En La Moneda están conscientes de que la próxima semana se agudizará la presión en el Congreso, a la vez que el gobierno debe enfrentar negociaciones difíciles de su programa, como la de la reforma tributaria, que ya partió, y una agenda de posibles movilizaciones en distintos lugares del país, a partir del cierre de la fundición Hernán Videla -también llamada Paipote- y la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunas zonas críticas, como Atacama.
