El viernes de la semana pasada el secretario general del proceso constitucional, Luis Rojas, estaba preocupado. En su mente tenía una inquietud: el Consejo estaba citado hasta total despacho y, pasadas las 18.00 de la tarde, las comisiones seguían suspendidas, cientos de cientos de enmiendas aún no se votaban y no había claridad de lo que iba a pasar.
Ante la incertidumbre, Rojas se paseaba por las comisiones monitoreando el tema. A medida que pasaba el tiempo, también tanteaba el terreno con la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (republicana), y el resto de los delegados. Ante cada una de esas consultas, la respuesta que recibía era una sola: el plan no se cambia.
En las salas de sesión algunos consejeros y sus asesores estaban sentados mirando sus celulares, sin saber qué hacer. Otros aprovechaban de fumar cigarros en los patios. Mientras tanto, el poder se movía entre los asesores de republicanos y Chile Vamos que terminaban de redactar las últimas enmiendas de unidad de propósito, es decir, aquellas indicaciones que se pueden ingresar en cualquier momento si cuentan con 3/5 de los consejeros de la comisión.
Los pasillos del Congreso solo eran un desorden. Asesores corrían de un lado a otro, las enmiendas iban y venían recién salidas de la impresora. La escena más emblemática de la improvisación fue lo que ocurrió en la Comisión de Función Jurisdiccional, que lidera el consejero republicano Antonio Barchiesi.
Cuatros horas para negociar el Poder Judicial y la intervención de Squella
A esta altura, Barchiesi jugaba con fuego. Tenía la intención de reformular por completo el capítulo de la judicatura, desarmar el modelo que diseñó el comisionado Hernán Larraín (UDI) en la Comisión Experta, romper la unidad de Chile Vamos, conseguir votos de RN y atacar el corazón de lo que los republicanos creen que es uno de los grandes problemas de la magistratura: el activismo judicial.
La negociación final de la derecha partió cerca de las 16.30 y todo se hizo en privado. A Larraín y Barchiesi se sumaban las consejeras Lorena Gallardo (RN), la comisionada Katherine Martorell (RN), el comisionado Carlos Frontaura (Ind.-Republicano) y el jefe de los asesores republicanos Jorge Barrera.
La reunión partió con los republicanos exponiendo sobre el borrador del capítulo que había escrito Barchiesi, que ya se lo había mostrado a consejeras de Chile Vamos -sobre todo Gallardo con quien podía obtener los 3/5- y que deshacía por completo el texto del anteproyecto. Esto último fue lo más resentido por Chile Vamos, ya que fuentes del bloque comentan que Barrera siempre aseguró que su bancada no iba a desarmar el modelo diseñado por los expertos.
Desde Chile Vamos afirman que Barchiesi intentó sumar a Gallardo hasta el último momento, e incluso sondeó con otros consejeros de RN para que lo apoyaran. Luego de una suspensión de la cita, se volvió a reanudar. Esta vez apareció un personaje que resultó fundamental para destrabar el conflicto: el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
Despejado el punto de que se iba a respetar lo grueso del anteproyecto, la piedra de tope estuvo en quién nombraba a los jueces: si una comisión autónoma como quería Larraín o nombrados por el Presidente como quería Barchiesi. Luego de un fuerte tironeo interno, se zanjó que sería el órgano del comisionado Larraín, pero modificando la integración de jueces, eliminando la elección a la interna del Poder Judicial y reemplazándolo por sorteo. El asunto estaba despejado, pero cerca de las 20.00 horas Barchiesi volvió a insistir en que los nombramientos debían quedar en manos del Presidente de la República. Ahí todo se volvió a paralizar. Barrera tuvo que volver para intervenir y cerrar el acuerdo, que finalmente terminó en la comisión integrada por jueces designados mediante sorteo.
Eran las 20:55 y la derecha le envió el oficio con todos los cambios marcados a la izquierda. El oficialismo respondió con observaciones de forma y fondo. Antes de las 00.00, la derecha respondió que iban a mantener su enmienda, que costó mucho ordenar a todo el sector y que solo acogerían observaciones menores.
A último momento los republicanos hicieron una arremetida final y agregaron, a lo ya acordado con Chile Vamos, que los ministros de la Corte Suprema durarían 20 años en sus cargos. Eso fue lo último que se añadió y, por lo tanto, el texto final del capítulo fue recibido por la izquierda a las 5:18 de la madrugada.
¿A qué hora sale el sol?
Barchiesi pensaba retomar su sesión a las 21.00 horas, pero solo cinco minutos antes la derecha había terminado de escribir el capítulo.
Rojas, quien seguía preocupado por el calendario, se había encargado de dejar en claro que según el reglamento las votaciones podían durar “hasta la madrugada”, a menos que los delegados cambiaran el acuerdo. Iban a ser las nueve de la noche y aún quedaba todo el corazón de la propuesta de nueva Constitución sin votarse. En una especie de reunión improvisada entre algunos delegados, uno de ellos se preguntó: “¿Hasta qué hora dura la madrugada?”. Todos se miraron sin saber la respuesta, hasta que uno de ellos respondió: “Hasta que salga el sol”.
En ese momento procedieron a revisar en internet, y Google mostró que el amanecer sería a las 7.50. En ese momento apareció la primera certeza: se podrá votar hasta las ocho de la mañana. “Seremos como los vampiros, dejaremos de votar cuando salga el sol”, bromeaba una integrante de la secretaría técnica.
Acto seguido, Barchiesi citó a su comisión para votar el capítulo de Poder Judicial a las 6.30 de la mañana. La secretaría técnica y los equipos de televisión de esa instancia tomaron la decisión de irse a sus casas a dormir. La comisionada Martorell intentó disuadirlos, ante la pequeña opción de que la izquierda diera su apoyo para retomar antes y despachar el acápite, pero eso no ocurrió.
La furia de Suárez y el llanto de Melín
El oficialismo estaba molesto por la forma en como estaban ocurriendo las votaciones. “Yo no sé de quién es esta norma, no salen los nombres de quienes la suscriben”, reclamaba el comisionado Flavio Quezada (PS) en una intervención para hacer un punto de reglamento, criticar que las indicaciones de unidad de propósito llegaban segundos antes de votarse y exigió la copia fidedigna de las indicaciones.
El desorden dejó muy molesto al consejero Christian Suárez (Ind.-PS), quien integra la Comisión de Sistema Político. Tanto así que Suárez encaró en los pasillos a varios personeros de derecha. Así lo hizo, por ejemplo, con Frontaura y el delegado de la UDI Arturo Phillips.
En la comisión de Suárez también se vivió el caos. Tipo 22.00 de la noche la derecha envió su enmienda sobre leyes de atribución exclusiva del Ejecutivo. Ahí venía una indicación en que se señalaba que una de esas materias sería la regulación de la huelga. Pasadas las 23.00 la enmienda cambió, ya que además se incluía que serían atribución exclusiva “las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar”. Eso último fue una sorpresa en la comisión, porque estaba fuera de los planes.
Tanto así que el presidente de la instancia, Edmundo Eluchans (UDI), pidió votación separada. El tema escaló al punto que tuvieron que llamar a Barrera, quien llegó a hacerse cargo de la situación, le habló al oído a varios consejeros y explicó que la indicación tenía un error. Suárez ya estaba indignado y salió de la sala. Eluchans lo tuvo que ir a buscar, porque quería pedirle a la comisión la unanimidad para arreglar el error, pero Suárez se negó a darla.
Suárez no era el único enojado. El consejero Miguel Littin (PS), quien es parte de la Comisión de Derechos Sociales, también criticó lo ocurrido. Cuando la comisión le pidió la unanimidad al oficialismo para corregir temas sobre cambio climático e hidrocarburos, la izquierda salió de la sesión para analizar qué responderían. “¡Son unos fascistas!”, gritaba Littin por los pasillos, haciendo referencia a la derecha. Minutos después la izquierda le dio un portazo a la oposición y no dio la unanimidad en dicha comisión.
La Comisión de Principios vivía sus propios dramas. Al momento de votar una enmienda del oficialismo sobre personas con discapacidad, la consejera Kinturay Melín (RD) se emocionó hasta las lágrimas. La izquierda quería que la indicación quedara como un derecho o por último como un principio.
Por lo mismo, Melín agotó los esfuerzos para buscar consenso con la derecha, pero no pasó. Cuando se rechazó el tema -que finalmente quedó como un deber constitucional- Melín, quien es madre de un hijo en situación de discapacidad, no pudo seguir su intervención debido a las lágrimas. La sesión se tuvo que suspender y el oficialismo no recibió de buena manera la forma en como la presidenta de la instancia, Ángeles López (republicana), se refirió al tema para acceder a la suspensión.
El delegado de los socialistas, Alejandro Köhler, llegó para contener a Melín y luego de eso le hizo una seña al delegado republicano Luis Silva para salir a hablar. En ese intercambio, Köhler le reprochó con dureza la “poca humanidad” que habían tenido con el tema. Entre medio, las consejeras Carolina Navarrete (UDI) e Ivonne Mangelsdorff (RN) se acercaron a Melin para tranquilizarla y manifestarle que el tema aún puede ser corregido.
Los consejeros siguieron votando toda la noche. A las tres de la mañana terminó la Comisión de Derechos Sociales, a las 4.55 lo hizo Sistema Político, pasadas las seis de la mañana Principios despachó su texto y casi a las 8.00 terminó Función Jurisdiccional. El Consejo estaba citado para votar a las 10.00 de la mañana del viernes, pero luego de un día maratónico el órgano terminó despachando su primer borrador de propuesta de nueva Constitución al pleno 21 horas después.
