La Superintendencia de Salud publicó este martes en el Diario Oficial cuál es la variación porcentual máxima que las isapres podrán aplicar para alzar los planes de salud de sus afiliados en el nuevo proceso de adecuación de este año, luego de que a fines de 2023 se aprobara adelantar la publicación del indicador en un intento del gobierno por equiparar el efecto del fallo GES de la Corte Suprema y abordar la crisis del sector.
En concreto, el regulador definió que las isapres podrán subir los planes un máximo de 7,4%. Ahora las aseguradoras tienen cinco días corridos para informar a la Superintendencia de Salud “su decisión de ajustar o no los precios de los planes de salud y, en caso de hacerlo, el porcentaje específico que aplicarán”, según señala la resolución que fue publicada esta jornada. Ahora cada aseguradora deberá sacar su cuenta, pues el máximo corresponde a un promedio, por ende existen isapres cuyos costos superan el límite fijado.
Lo anterior, en el marco de la nueva Ley 21.350, publicada en junio de 2021, que puso fin a la potestad que tenían las isapres de reajustar a su arbitrio los planes de salud. Así, la citada norma establece un nuevo procedimiento para modificar los precios de los planes, que considera el gasto y frecuencia de uso de las prestaciones -como consultas médicas, cirugías y exámenes-, además de las licencias médicas en el sistema privado, entre otros.
Desde la Asociación de Isapres aseguraron que el cálculo del ICSA hecho por el regulador “se hace cargo, únicamente, del aumento anual de costos en el sistema y no aborda la crisis que afecta al sector por efecto de una serie de sentencias judiciales. Mientras esto no sea corregido a través de una ley que restablezca el equilibrio financiero, el sector enfrentará un incierto y complejo escenario operacional”.
Y explican que el ICSA recoge la variación interanual en el uso de atenciones y prestaciones, las cuales, aseguran, aumentaron durante 2023. En ese contexto explican que el año pasado cada beneficiario del sistema privado recibió, en promedio, 26 atenciones de salud (exámenes, consultas, cirugías, tratamientos, entre otros), lo cual constituye un aumento comparado con las 24 prestaciones por persona que fueron bonificadas en 2022.
Además, detallan que el incremento de costos está explicado casi en su totalidad por el mayor requerimiento de atenciones de parte de los pacientes. Y especifican que esta mayor intensidad en el uso se evidencia, por ejemplo, en las atenciones oncológicas de radioterapia y quimioterapia, que aumentaron 43% en relación con 2022, seguidas por prestaciones de las áreas de endocrinología (35%), anestesia (22%), neurología (18%) y cardiología (14%).
Pero Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello y exsuperintendente de Salud, afirma que la medida oficializada durante este martes sí colabora con el equilibrio financiero de la industria: “Ayuda porque (el alza permitida) es un porcentaje superior, lo que hace que mejore la caja de las isapres. Además compensa el impacto que han recibido las aseguradoras por el fallo GES”. Sin embargo, aclara, también tiene efectos negativos: “Los afiliados podrían abandonar sus isapres al ver que aumentan los precios y se irán a Fonasa. Otro efecto es que en el corto plazo se produzca una nueva judicialización”.
Entre los expertos y los actores del mundo sanitario, además, hay cierta coincidencia en que los afectados serán los afiliados, debido a las alzas y bajas que tendrán en los precios finales de sus planes. Hay que recordar que este reajuste se debería haber aplicado en junio de este año, pero los parlamentarios aprobaron adelantar la publicación del indicador en uno de los intentos del gobierno por equiparar el efecto del fallo GES.
En ese contexto, Sánchez agrega que “esta cifra está lejos de lo que ha sido el ICSA los últimos años, pues antes estaba cerca del 2%, por lo tanto, es una alza extraordinaria. Y la gente no la va entender, porque hace menos de un mes los precios de sus planes bajaron producto del fallo GES, pero ahora suben nuevamente. Esto se explica por el tipo de solución que esta aplicando el gobierno, y es que usó el camino más tortuoso, de alzas y bajas casi simultáneas”.
Por su parte, Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud y académico de la U. Autónoma, coincide en que “esto va a generar más confusión si se aprueba la ley corta de isapres así como está, pues el proyecto también incluye alzas y devoluciones. Además, esta alza podría provocar un incremento de la judicialización”.
Entre los parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado también hay preocupación por los efectos que esta alza tenga en los afiliados. Incluso, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, comenta que “el ICSA publicado hoy es una mala noticia para los afiliados, porque es el triple de lo que fue el año pasado, y porque se adelanta a marzo(…)Todo esto en el contexto de que es el primer reajuste, porque el segundo vendría aproximadamente en agosto, que es producto de la ley corta”.
El parlamentario también advierte que este nuevo reajuste traerá consecuencias legales: “Desde la Comisión de Salud tomaremos iniciativas desde la primera semana de marzo relativas a la superintendencia frente a estas malas señales de reajuste inicial para el año 2024 de un sistema debilitado, que puede judicializarse aun más de lo que ya ha estado producto de estas alzas consecutivas”.
Por otro lado, el senado Sergio Gahona (UDI) agrega que “lo dijimos en su oportunidad: este es un tobogán de alzas y bajas de precios producto a la tozudez del gobierno. Creemos que es importante discutir esto seriamente y durante marzo revitalizar la discusión de la mutualización, indicación que permite que una nueva alza no llegue al 40% como plantea el oficialismo”.
Otros plazos
Como sea, los afiliados no verán el alza reflejada inmediatamente, pues ahora las aseguradoras tienen cinco días corridos para informar a la Superintendencia de Salud su decisión de ajustar o no, y en cuánto lo harán. Además, deberán adjuntar los antecedentes de los costos operacionales que justifiquen dicha adecuación, siempre considerando el límite establecido por el regulador.
Una vez que la superintendencia reciba estos antecedentes, esta última deberá realizar el cálculo de verificación de los costos operacionales informados por cada una de las isapres, determinando si estos antecedentes justifican el alza. Luego que el regulador dé a conocer los porcentajes de verificación de cada una de las isapres -hasta el 29 de febrero-, estas tendrán desde el 1 al 10 de marzo para comunicar a sus afiliados y los empleadores el porcentaje de adecuación del precio base que será descontado de las remuneraciones a partir de marzo de 2024.
