Después de un año y cinco meses de discusión, se viven horas clave en la tramitación de la ley corta de isapres. En medio de críticas cruzadas entre oficialismo y oposición, la comisión mixta tiene la tarea de despachar durante esta jornada el proyecto que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema –sobre la tabla de factores de riesgo que exige la restitución de cobros en exceso a los afiliados a isapres– y que será recibido por la Sala del Senado, para luego pasar a la Cámara de Diputadas y Diputados, como último trámite.
La iniciativa –que es tramitada contrarreloj a solo días de que venza el plazo otorgado por el máximo tribunal del país, el próximo 12 de mayo– ya cuenta con las últimas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo este lunes, las que serán debatidas y votadas por los parlamentarios en la sesión que se inicia hoy a las 9:30 horas. Se trata de un debate que no será fácil y cuyo principal nudo radica en el cálculo de la deuda de las aseguradoras, lo que –a juicio de parlamentarios oficialistas– constituye una línea roja que no están dispuestos a cruzar ante el fantasma del llamado “perdonazo”.
Según lo informado el viernes pasado a la comisión por el superintendente de Salud, Víctor Torres, la deuda actualizada de las isapres pasaría de US$ 1.400 millones a US$ 1.589 millones, sin implementación de ley corta y sus mitigaciones, monto que se reduciría a US$ 1.250 si se incluyera la fórmula de que no haya planes con un aporte inferior al 7%.
Son cifras que no dejan conformes a legisladores de oposición e integrantes de la comisión mixta, quienes insisten en un “recálculo justo” de la deuda. Así lo manifestó el senador de la UDI Sergio Gahona, quien insistió en que se trata de un monto mal calculado, “sobre la base de hacer quebrar a la industria y no sobre la base de darle sostenibilidad”.
En entrevista con La Tercera, el parlamentario afirmó que no se trataría de un perdonazo a la industria, ya que cambiar la fórmula de cálculo no es rebajar la deuda. “Aquí hay un pecado original de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, que fue calcular mal las obligaciones que determinaba la Corte Suprema, que establece claramente que tiene que haber devoluciones en caso de que se produzcan y no establece el cómo calcularlo ni cuánto es. Lamentablemente el gobierno, a través de la superintendencia, calculó mal ese monto”, señaló.
Por otro lado, consultado por El Mostrador, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) aseguró que un recálculo de la deuda significaría traspasar una línea roja en el debate. “Yo creo que la oposición debería finalmente abrirse a alguna de las alternativas que le ha ofrecido el Gobierno, que están mucho más allá de donde partimos y que es que se pueda hacer un recálculo con un planteamiento diferente de cómo pagar estos montos adeudados, una exclusiva cuota en vez de 10 años y con la voluntad del afiliado. Es hora ya de que la oposición se abra a alguna de las alternativas que se le han planteado y no se mantenga parapetada exclusivamente en el recálculo de la deuda. Aquí hay que abrirse, no puede quedar ni el oficialismo conforme ni la oposición. Ambos tienen que quedar disconformes para tener un buen acuerdo”, indicó.
En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (AH) reiteró que “no va a aparecer una solución mágica en que se pretenda rebajar la deuda. La deuda se tiene que pagar, los fallos se tienen que cumplir. Hemos sido presos de campañas del terror en estos días, pero aquí hay que poner un poco de seriedad también. Recordemos lo señalado por un estudio liderado por el propio exministro (Enrique) Paris, en que señala que las 300 mil personas que tendrían que darle continuidad a sus tratamientos, por ejemplo, implican un gasto que sería el 0,5% del presupuesto de Salud, menos que una campaña de invierno. O sea, es abordable. La superintendencia tiene las herramientas para darle acompañamiento a este proceso. Entonces, yo llamaría a mayor calma y sensatez”, recalcó la parlamentaria de Acción Humanista.
En contraposición, el senador UDI y presidente de la comisión mixta, Javier Macaya, fue enfático en declarar que “las indicaciones que presentó el Gobierno dan cuenta de que está empujando con cada vez más fuerza el sueño de que todos nos vayamos a Fonasa, de que todos nos atendamos en el sistema público”. En su opinión, lo que hacen las indicaciones “es prolongar la agonía del sector privado”.
“Le transmitimos al Gobierno que no están nuestros votos disponibles hoy día para prolongar esa agonía. Preferimos que el Gobierno asuma su responsabilidad, de más de 3 millones de usuarios que se atienden en el sistema privado, y no solamente de ellos, sino que de los 15 millones de chilenos que están en Fonasa, que van a ver cómo las listas de espera se incrementan. (…) Para nadie puede parecer serio que haya una posibilidad de equilibrio financiero de un sistema que debe tres o cuatro veces su patrimonio. (…) Acá hay un fallo de la Corte Suprema que, a nuestro juicio, tuvo errores ostensibles. Es el deber del Poder Legislativo corregir eso, generar las reglas del juego para esto, pero el Ejecutivo no ha estado disponible”, sostuvo.
Indicaciones del Ejecutivo
Dentro de las indicaciones ingresadas por La Moneda este lunes, se repuso el aumento de 7% de pago de cotización y la prohibición de repartir utilidades a las isapres que no hayan cumplido con el pago de deuda. Sobre el consejo consultivo, se modificó la redacción relativa a que no tendrá carácter vinculante para el superintendente de Salud y que este debe señalar en forma clara la decisión de aceptar o rechazar las opiniones de dicho consejo.
En cuanto a las llamadas “medidas de mitigación”, está contemplado que dentro del plazo de un mes desde la publicación de la circular, las isapres deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes y una propuesta de devolución de la deuda, para cada mes en que se ocupó una tabla distinta a la Tabla Única de Factores contenida en la circular del 2019 de la referida superintendencia. El plazo de devolución podrá ser de hasta diez años y la propuesta deberá contemplar mecanismos que permitan que la deuda de las personas mayores de 80 años de edad sea pagada íntegramente dentro de los primeros 24 meses de implementación del plan de pago. La deuda de las personas de 65 o más deberá ser pagada dentro de los primeros 72 meses.
En relación con lo anterior, el diputado Lagomarsino afirmó que “si es con ley, vamos a tener medidas de mitigación. Si es sin ley, vamos a tener el peor de los mundos. Esa es la situación”, subrayó. Añadió que “francamente, cada día entiendo menos a la oposición en este debate. Se ha avanzado mucho, se han puesto alternativas concretas en torno a la prima extraordinaria, al balance financiero, al plan de pago, una indicación que con el acuerdo de los afiliados pueda disminuir la deuda al pagarse una cuota en vez de los 10 años que originalmente se plantearían en el plan de pago y, aun así, la oposición mantiene su postura en contra de todo”.
No obstante, hay visiones más críticas al interior del oficialismo respecto a dudas que no han sido resueltas por parte del Ejecutivo. Así lo declaró el senador del PS, Juan Luis Castro, quien indicó que saber “los plazos y la oportunidad para que la gente reciba la plata es fundamental para que esto se aclare. (…) Se dice ‘los mayores de 65 van a tener un plazo de cinco años para que les pague’. ¿Cuántos son los mayores de 65 en las isapres? ¿Cuánta es la plata que les corresponde? ¿Cuántos son los afiliados que había en diciembre del año 2022, que es la fecha umbral para determinar el plan de devolución?”. Y añadió que “aquí hay interrogantes que tienen que ser aclaradas con el propósito de llegar hasta el final y clarificar que es una crisis sistémica, porque en eso compartimos”.
En lo que sí coincide Castro con sus pares del sector es en que no hay margen para negociar la deuda de las aseguradoras. “El monto de la deuda a estas alturas no se puede tocar. No hay mutualización, ni hay ánimo de la autoridad de abrirlo. Son 1.600 millones de dólares en bruto, tal como están. El flujo financiero se puede conversar”, puntualizó.
Otra de las interrogantes que queda sobre la mesa es la viabilidad de un acuerdo para avanzar en una reforma al sistema de salud, algo que –a juicio de algunos expertos– ya ha comenzado de manera no oficial.
Es parte de las preocupaciones que manifestó el senador RN Francisco Chahuán. “El Colegio Médico ha confirmado todas las propuestas que ha formulado la oposición y que dicen relación con que hay que avanzar en una reforma a la salud, lo que fue parte de la negociación previa con la ministra durante la discusión de la Ley de Presupuesto, (para) así dar un paso decisivo para establecer un término de las preexistencias y de las discriminaciones por sexo y edad, lo que es muy importante, porque permitirá que un afiliado del seguro privado de salud se pueda cambiar de isapre si le suben el plan. Esa es la idea, e implica el término de las declaraciones de salud y que haya un fondo de compensación de riesgo interisapres. También planteamos –y fue recogido en su momento– que, en caso de quiebra o notoria insolvencia de una isapre, ese afiliado pueda irse a otra isapre, tal como ocurrió con MásVida”.
El senador de oposición agregó que otro tema que no está resuelto es, por ejemplo, cuando una persona “hoy tiene una cobertura y su isapre quiebra o entra en notoria insolvencia, si se va al GES, va a tener continuidad de su tratamiento, pero ¿qué pasa si tiene una patología asociada o un nuevo diagnóstico? Eso no está cubierto hoy, y por eso nos preocupa que se avance en dar certeza respecto a la reforma a la salud, en términos de generar un plan garantizado universal para los afiliados de Fonasa y de isapres, y se avance en un fondo de compensación de riesgo interisapres para velar por la continuidad de los tratamientos. No se puede olvidar que en las isapres hay unos 400 mil afiliados que son crónicos”, precisó.
