Se suponía que el nuevo modelo de gobernanza del Poder Judicial no generaba problemas al interior del Consejo Constitucional, pero a último momento los republicanos están a punto de dar vuelta el tablero. Al menos en público, todo parecía ir encaminado a mantener el diseño que pensaron los comisionados en su anteproyecto.
Tanto así que cuando los republicanos ingresaron sus más de 400 enmiendas, ninguna de esas indicaciones tocó el corazón del nuevo modelo de gobierno judicial. Pese a eso, de manera subterránea, estos meses se han desatado con fuerza conversaciones entre republicanos y una consejera de Chile Vamos para modificar, de manera relevante, el capítulo completo del Poder Judicial.
Para entender esta disputa, hay que remontarse al anteproyecto de los expertos. Cuando la Comisión Experta despachó el capítulo de la judicatura, aprobó el modelo de gobernanza judicial que promovió y defendió con éxito el comisionado Hernán Larraín (UDI).
Los 24 comisionados separaron las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, para que así los jueces solo se encarguen de fallar las causas que les toca resolver. En vez de tomar el camino de un solo órgano que administre las funciones no jurisdiccionales -como es el caso del Consejo para la Magistratura- el comisionado Larraín pensó una idea distinta y luego de un largo debate consiguió convencer al resto de los comisionados.
“Para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos autónomos encargados de los nombramientos de sus integrantes, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios, así como la gestión y administración del Poder Judicial. Existirá un órgano por cada uno de ellos, los que funcionarán separadamente y de forma coordinada”, se lee en el anteproyecto.
Esos cuatro órganos autónomos estarán coordinados por un consejo: “Existirá un Consejo Coordinador del Poder Judicial, cuya única función será coordinar la actuación de los órganos autónomos referidos en el artículo anterior, entre sí y con la Corte Suprema, sin perjuicio de su respectivo funcionamiento separado e independiente. Dicho consejo será de carácter permanente y consultivo”.
La idea del comisionado Larraín apunta a combatir la concentración del poder en un solo órgano para que ningún organismo “se lleve todo el botín”. De esa manera, Larraín ha argumentado que un modelo de cuatro órganos permite desconcentrar el poder, tener buenos pesos y contrapesos y aprovechar las capacidades que ya están instaladas en órganos actuales como la Academia Judicial o la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
“Hay una fuerte innovación, pero dentro de una cierta tradición. No estamos partiendo de cero, estamos separando funciones. Mantener bajo la Corte Suprema todo el manejo de las funciones no jurisdiccionales es el peor camino que podemos seguir, pero pasarnos a un esquema de consejo, ya sabemos por la experiencia internacional, es una pésima fórmula”, afirmó Larraín en una entrevista con La Tercera quien además agregó que cuando fue ministro de Justicia tuvo que nombrar a más de cuatro mil jueces y llegó “a la convicción de que ese era el peor sistema posible”.
Ese modelo ha despertado fuertes resistencias. Tanto así, que entre los republicanos cuentan con una minuta de cinco páginas, en la que han recopilado todas las críticas recibidas por parte de distintos especialistas. En ese documento hay opiniones que abordan la eventual “proliferación excesiva o burocrática de órganos de gobierno” y lo que republicanos cree que es la “politización del sistema de nombramiento de los jueces”.
El listado es amplio. Va desde, por ejemplo, académicos de la Universidad de los Andes, pasando por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Pablo Ruiz-Tagle -quien calificó el modelo como “un jurel tipo salmón”- hasta el exsupremo Pedro Pierry o el exdiputado y actual integrante del comité político de Amarillos Zarko Luksic.
La arremetida de los republicanos
El Partido Republicano ha estado trabajando en un nuevo capítulo para la judicatura. Todo esto está alojado en el debate que se da en la comisión de Función jurisdiccional que es presidida por el consejero Antonio Barchiesi (republicano).
El nuevo acápite, al cual accedió La Tercera, está en un documento Word de cinco páginas, 11 artículos permanentes y tres normas transitorias el cual ya ha sido compartido con algunos consejeros de Chile Vamos. El grueso de las modificaciones están pensadas, según fuentes del partido que lidera Arturo Squella, en combatir lo que republicanos llama el “activismo judicial”, evitar “el nepotismo, la corrupción y la politización de los nombramientos judiciales” y en no “innovar creando una burocracia que no funciona”.
Por lo mismo, una de las normas echa por tierra el modelo de gobernanza de Larraín y le devuelve todo el poder no jurisdiccional a la Corte Suprema. “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales”, plantea uno de los artículos.
La misma cláusula luego agrega: “Esta superintendencia comprende el ejercicio de poderes de supervigilancia respecto de la Academia Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los fiscales judiciales”.
Los republicanos van mucho más allá y se meten a controlar lo que, acusan, se trata de “activismo judicial”. En medio del debate generado por la Tercera Sala y sus fallos sobre las isapres, la bancada explora una norma para evitar el escenario que han abierto los cinco jueces constitucionales quienes han extendido los efectos de una sentencia de manera general y no solo a los intervinientes del caso en particular. Eso es lo que en derecho se llama ultra petita, es decir, ir “más allá de lo pedido”.
“Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las partes e intervinientes, y en las causas en que actualmente se pronunciaren, sin perjuicio de los casos de excepción que la ley expresamente determine, y del respeto de la debida coherencia en sus fundamentos. La extensión de los efectos vinculantes de las sentencias a personas distintas de las partes o intervinientes será inoponible, y configurará notable abandono de deberes”, se lee en la norma. La última frase de la cláusula, incluso, abre la puerta para acusar constitucionalmente a los jueces.
Los republicanos además modifican con fuerza la integración y duración de los ministros del máximo tribunal. Están tanteando la opción de que tenga 22 integrantes y una limitación de la cantidad de años que puede estar un supremo en una de las cinco salas: “El ministro de la Corte Suprema que haya integrado seis años una misma sala sólo podrá integrarla nuevamente una vez transcurridos tres años de su última sesión en ella”.
Los supremos solo durarán 20 años en sus cargos y uno de los transitorios plantea que el conteo de ese periodo no se hará desde que se publique la eventual nueva Constitución, sino que “el plazo para la cesación en el cargo será contabilizado desde la fecha del nombramiento original”. Además eliminan los abogados externos que integran el máximo tribunal.
Actualmente se trata de los supremos Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco, María Cristina Gajardo, Arturo Prado y Andrea Muñoz. La primera en irse del máximo tribunal, sería Gajardo, luego vendría Matus y en tercer lugar Vivanco.
Junto con eso, además hay una norma que plantea que “la función de administrar y gestionar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial se ejercerá por medio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”. Luego se agrega que “el órgano señalado en el inciso precedente contará con un Consejo Directivo presidido por el ministro más antiguo de la Corte Suprema, quien ejercerá este cargo de forma exclusiva por dos años, no pudiendo ejercer funciones jurisdiccionales en dicho período”.
Es decir, si esto se aprueba y entra en vigencia, el ministro Sergio Muñoz saldría de la Tercera Sala para solo dedicarse a labores administrativas.
Los republicanos también modifican el sistema de nombramientos, abren las quinas incorporando a abogados externos y, según comentan, de “manera decidida” atacarán el “nepotismo”. Así se ve, por ejemplo, en el artículo que afectará al segundo escalafón judicial que es integrado por notarios, conservadores, archiveros, administradores, entre otros.
Todos ellos no podrán tener “la calidad de cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, colateral hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, Fiscal Nacional, ministros de Corte y ministros del Tribunal Constitucional. Esta inhabilidad se extenderá por dos años desde el cese de funciones de la autoridad respectiva”.
La presión en RN y la resistencia UDI
Para que esta indicación prospere, los republicanos necesitan 3/5 de la comisión para presentar una enmienda de unidad de propósito. Ese quórum lo consiguen sumando a todos los republicanos y a un solo voto de Chile Vamos.
Ese apoyo está a punto de cerrarse. Los republicanos han estado en conversaciones con la consejera de RN Lorena Gallardo, quien ha dicho públicamente y a sus compañeras de bancada, que no le gusta el modelo del anteproyecto y que apoyará una propuesta alternativa que le asegure evitar la politización del Poder Judicial. Hasta el momento, fuentes conocedores del asunto afirman que Gallardo no ha tomado una decisión, pero se inclinaría a favor de reformular el capítulo por completo.
Si los republicanos consiguen los 3/5, luego vendrá el pleno. Aquí todo indica que se desatará una fuerte disputa en la derecha ya que la UDI cerró filas con el modelo de Larraín que está en el anteproyecto. Han dicho que se puede perfeccionar, pero no apoyarán un cambio radical, más aún cuando este tema nunca fue indicado como un nudo crítico y por lo tanto quedó fuera de las mesas chicas de negociación.
Por eso las alertas ya están encendidas en Chile Vamos. Las gestiones están en pleno desarrollo ya que el tema debe votarse esta semana. Republicanos apunta a enfrentarse a Larraín, romper la unidad de la UDI y dar vuelta a más consejeros de RN. El resto de la bancada de RN, según fuentes del partido, no se dividirá y seguirán defendiendo el modelo del anteproyecto, al igual que, por ejemplo, la comisionada del partido Katherine Martorell. De fondo, incluso, se asoma la opción de que toda este pugna deje al Consejo en el peor escenario posible: sin un capítulo para la judicatura.
