Tres días de trabajo de corrido y la Comisión Experta sigue sin llegar a acuerdo. Pese a todo lo que ha discutido y debatido en privado en cada una de las cuatro subcomisiones del órgano, el pacto para acordar las observaciones al borrador del Consejo se ve, al menos por ahora, cada vez más lejano e imposible.
En privado, los comisionados de lado y lado se echan la culpa por los pocos avances logrados en estos días. Por parte de la izquierda, fuentes del sector comentan que pese a que Chile Vamos muestra apertura en temas específicos, esa voluntad no llega a los temas más complejos de los principales nudos políticos. Las mismas fuentes agregan que al momento de discutir las normas “que más duelen”, se suele decir que si bien comparten algunos de los comentarios del oficialismo, los cambios no son viables ya que se trata de normas muy significativas para republicanos.
Por parte de la derecha los reproches son similares. En privado los comisionados critican la poca apertura de la izquierda y que los siguen viendo aferrados a las redacciones del anteproyecto. Como ejemplo plantean que han estado disponibles para cambiar artículos como la objeción de conciencia y el fin de las contribuciones, para dejar ambas normas de conformidad a lo que diga la ley, pero que eso no ha sido suficiente. Las mismas fuentes comentan que ven poco ánimo en ese sector para subirse a un acuerdo y aceptar, con criterio de realidad, el escenario político, entendiendo que el control de todo esto lo tienen los republicanos. El oficialismo replica diciendo que ninguna de sus propuestas va más a la izquierda que el anteproyecto.
Ante la imposibilidad de ambos bloques políticos de conseguir acuerdo, los comisionados repitieron el mismo libreto ocupado durante todo este proceso: convocar a una nueva mesa de negociación. A las 17.34 de este lunes una instancia de ocho personas -cuatro por cada sector- se reunió para explorar la viabilidad de un acuerdo que permita acercar las posturas y destrabar los temas más conflictivos.
Por la izquierda llegaron hasta la sala 3 del Senado en Santiago la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (Ind.-PPD); el comisionado socialista Gabriel Osorio, la experta de CS Antonia Rivas y la comisionada decé Alejandra Krauss.
Por la derecha está el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (Ind.-Evópoli); el comisionado de RN Juan José Ossa, el experto de la UDI Máximo Pavez y el comisionado de republicanos Carlos Frontaura. Al cierre de esta edición seguían reunidos en el Congreso, y el plan inicial es que las tratativas continúen este martes.
“La responsabilidad es de republicanos y la derecha”
Pese a que los expertos acordaron como método de trabajo la privacidad -con sesiones sin transmisión ni presencia de la secretaría técnica del proceso-, esta jornada aparecieron algunos comentarios sobre el escenario actual. En palabras del comisionado Domingo Lovera (RD), “la propuesta del Consejo está muy inclinada hacia la derecha”, por lo que los cambios son varios ya que, a su juicio, se trata de “una Constitución maximalista, programática, de detalle e identitaria”. Pese a eso, Lovera afirmó que aún ve “un espacio muy pequeño para evitar que esto termine nuevamente en un fiasco”.
La experta de la DC, en tanto, le tiró el peso de la responsabilidad a la derecha. “Los comisionados de la centroziquierda y la izquierda siempre hemos estado llanos a buscar acuerdos, pero sobre todo establecer un texto constitucional que no signifique retrocesos en materia de derechos y en el que nos podamos encontrar todos los sectores. Seguiremos haciendo los intentos. La responsabilidad es de republicanos y la derecha. Los consensos posibles son a partir de las aperturas que ellos tengan. Este texto que hoy discutimos no refleja a todo el país”, dijo Krauss.
El comisionado UDI Hernán Larraín mostró leve optimismo. “Este es un texto que necesita ser representativo de todos los sectores. Estamos haciendo un esfuerzo para que así ocurra. Hay buena voluntad y se está trabajando con fuerza y convicción en lograr mejorar algunos aspectos del Consejo para que los sectores que no han sido incorporados puedan sentirse representados por su contenido final”, comentó Larraín.
En tanto, el comisionado Jaime Arancibia (Ind.-RN) destacó los avances logrados, pero recalcó que los problemas siguen radicados en los mismos temas. Arancibia detalló algunos de ellos: “Derecho a la vida, libertad de elección en salud, propiedad sobre fondos previsionales, objeción de conciencia, beneficios carcelarios para para personas con una determinada edad, aplicación de los beneficios de excepción de responsabilidad penal de la ley Naín-Retamal”.
Sin avances en normas controversiales
Para entender el poco avance de las negociaciones de los puntos más difíciles hay un par de ejemplos. Si bien en sus reuniones internas los comisionados de Chile Vamos habían llegado a la postura de observar la norma que protege la vida “de quien está por nacer” y volver al inciso de la Constitución vigente que protege la vida “del que está por nacer”, esa oferta no se ha formalizado.
Tres fuentes del oficialismo afirman que en la subcomisión de Principios, la instancia encargada de debatir el derecho a la vida, la respuesta de la derecha ante este tema fue que no era materia de discusión. Otras fuentes de Chile Vamos plantean lo contrario, que sí se transmitió la voluntad de observar esta parte.
Lo cierto es que, según fuentes del oficialismo, su primera postura es volver al anteproyecto, es decir, que solo se proteja en términos generales el derecho a la vida, pero que entendiendo el escenario actual, podrían estar disponibles los dos votos necesarios del sector para observar la norma y volver al fraseo de la Constitución vigente.
Todo ese debate ocurrió con una advertencia como telón de fondo que llegó directamente desde el líder republicano José Antonio Kast. “Nosotros no vamos a transar en el tema del quien o el que. Para zanjar eso, les decimos altiro: mire, no lo vamos a transar, o sea ¿para qué se enredan?”, afirmó el exabanderado presidencial en Canal 13. La presencia republicana se ha hecho notar durante estos días. El delegado de la bancada republicana, Luis Silva, ha estado presente estos tres días en el Congreso de Santiago.
El recado de Kast es relevante, ya que cualquier observación de la Comisión Experta solo puede prosperar en el pleno del Consejo si al menos dos consejeros de la bancada republicana dan sus votos. Solo así se pueden conseguir los 30 respaldos necesarios que hacen los 3/5 para aprobar una enmienda. Toda la izquierda y Chile Vamos unidos solo suman 28 consejeros.
Fuentes de la Comisión Experta comentan que en la subcomisión de Sistema Político el oficialismo hizo llegar cerca de 80 observaciones técnicas a las normas del Consejo sobre este tema. De ellas, la gran mayoría fue considerado como “razonable” por la derecha, pero como siempre en los temas más complejos no se pudo llegar a acuerdo.
El tema más difícil de esta subcomisión es la reducción de parlamentarios. El Consejo dejó la Cámara con 138 escaños y achicó la magnitud de los distritos para que repartan entre dos y seis escaños. La postura de los comisionados de izquierda, tal como lo han dicho previamente, es que esto no debe ir en la Constitución. Sin embargo, para los comisionados de Chile Vamos retroceder en lo aprobado por el Consejo en esta materia no es una alternativa viable.
En la subcomisión de Derechos Sociales, que aloja los nudos políticos más difíciles, siguen igual que antes. Si bien ambas fuerzas políticas han logrado acercar posiciones en temas como medioambiente, lo más complejo sigue sin resolverse.
Durante estos días la derecha compartió algunas redacciones alternativas en materia de libertad de elección en salud y seguridad social. Respecto de lo primero, el borrador del Consejo establece que “es deber preferente del Estado garantizar a todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
La derecha propuso como opción cambiarla por la siguiente redacción: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir, sin ser discriminado negativamente, el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
En tanto, como respuesta, la izquierda devolvió otra norma alternativa: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, las que no podrán segregar por razones socioeconómicas, de género, sanitarias, territoriales u otras, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias”.
